El fallo por los fusilamientos de la Masacre de Trelew no fue el final de la búsqueda de justicia. Las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos apelaron ayer las absoluciones a Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, dos de los tres acusados en el debate judicial que finalizó hace poco menos de quince días. Según los abogados, la sentencia del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia es “contradictoria” en el caso de Paccagnini, ya que considera probada la existencia de un plan sistemático de persecución a un sector de la población civil dentro del que se inscribieron los fusilamientos de los 19 militantes políticos asesinados la noche del 22 de agosto –tres de ellos sobrevivieron–, pero sorpresivamente no halla evidencia en su participación en la cadena de mando. En cuanto a Bautista, los abogados de los familiares de las víctimas consideraron, al igual que en sus alegatos, que “no practicó diligencias fundamentales para cualquier investigación seria”. “Su accionar fue doloso”, completaron desde la Secretaría de Derechos Humanos, que además recurrirá la decisión del TOF de permitir a los tres condenados a cadena perpetua Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandido a permanecer en libertad hasta tanto la condena quede firme. El tribunal analizará los recursos y los elevará a Casación.

“Quedó claro que el jefe de la base tenía poder de mando real sobre todos los oficiales que estaban destinados allí”, aseguró el querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, Germán Kexel, echando por tierra el argumento principal en el que Enrique Guanziroli y Juan Leopoldo Velázquez –dos de los tres jueces del TOF de Comodoro Rivadavia, Nora Cabrera de Monella votó en contra– se basaron para absolver a Paccagnini. Según los magistrados, en la Base Almirante Zar funcionaban varias ramas de la Armada, con lo cual Paccagnini, que venía de aviación, no tenía “real poder” sobre, por ejemplo, Infantería de Marina, la fuerza de Roberto Bravo o Luis Sosa, dos de los principales tiradores de la masacre.

“El tribunal entiende que había cierta autonomía de ramas dentro de la base, sin embargo hay prueba concreta y suficiente de que Paccagnini no sólo tenía poder por ser el jefe de la base sino que daba órdenes concretas que las cumplían todos”, apuntó Kexel y desafió: “No obstante, hubiera habido autonomía de ramas. Del Real –el tercer condenado a perpetua– perteneció a aviación, la rama de Paccagnini. ¿Quién le ordenó participar del fusilamiento? ¿Quién le ordenó disparar? Es ilógico suponer que existió un plan sistemático de ataque a un sector de la sociedad civil y que al jefe de la Base no se lo haya comunicado”.

Para la querella de los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida hace 40 años, lo que está claro es que las absoluciones de Paccagnini y Bautista son, cuanto menos, “arbitrarias”, y pide en su recurso que Casación tenga en cuenta las condenas que fueron solicitadas al momento de sus alegatos.

¿Por qué? Similar al planteo de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, plantea contradicciones varias entre las pruebas aportadas durante el debate y el análisis realizado por el TOF en la sentencia. En cuanto a la absolución del jefe de la Base, considera por ejemplo que, “para los jueces, la masacre fue ejecutada por una ‘fuerza jerárquica’ y no por una ‘horda anárquica’ y, sin embargo, al negar la responsabilidad del máximo jefe de la Base, deja al grupo que efectúa la masacre totalmente aislado de la cadena de mando. No necesitaban a Paccagnini para transmitir ese ‘mandato repugnante’”, apuntaron en el recurso de apelación.

El TOF incurre en una contradicción importante, según los abogados de la querella de los familiares –Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Eduardo Hualpa–, ya que “por un lado afirma que sería ingenuo tratar de encontrar plasmado en instrumentos formales constancias del plan sistemático y por otro exigen la existencia de un instrumento formal que dé cuenta de que Paccagnini transmitió la orden de los fusilamientos”, plantean a Casación. “Es ridículo”, concluyen.

El objetivo en cuanto al caso de Bautista es probar que la inacción o la “negligencia” que el TOF marcó en el fallo tuvo una intención de “encubrir” el delito que fue a investigar. “Hay elementos para probar que hubo dolo –sostuvo Kexel a Página/12–. Entonces, la normativa del Código de Justicia militar le ordenaba respecto de la cosa a investigar, en este caso los cuerpos, tomar nota para tener prueba. Este hombre ni siquiera se detuvo a observar y en cambio creyó en la versión que le dieron los militares, la versión de la fuga. El hizo una valoración arbitraria de la prueba. No ordenó siquiera autopsias, nada. Nosotros, 40 años después, pudimos reconstruir, a partir de autopsias que tramitaron los familiares, fotos que ellos les sacaron a los cuerpos de sus víctimas, comprobar la existencia de tiros de remate.”

Una vez que los jueces que llevaron a cabo el debate acepten, o no, los argumentos que fundamentan las refutaciones a su decisión, recién entonces el fallo llegará al despacho del Tribunal de Casación, que se tomará su tiempo para leerlo y analizar si las querellas tienen o no razón en las apelaciones.