La AFIP excluyó a Bunge del Registro Fiscal de Operadores de Granos por una deuda fiscal por evasión de 1818 millones de pesos. Entre 2004 y 2009, la multinacional evadió el pago de impuestos a través de la triangulación de exportaciones, la liquidación incorrecta de retenciones y el uso de facturas apócrifas. La suspensión del registro implica la pérdida de un conjunto de beneficios tributarios: la retención de IVA se incrementa del 8 al 10 por ciento y en el Impuesto a las Ganancias sube de 2 al 15 por ciento. El organismo que conduce Ricardo Echegaray analiza expulsar a otras empresas cerealeras si no avanzan en la regularización de sus deudas fiscales.

La multinacional, cuya empresa controlante está radicada en el paraíso fiscal de Bermudas, fue suspendida del registro en abril. La Justicia de primera instancia falló a favor de Bunge y, por eso, se la volvió a incluir. Sin embargo, en septiembre la Cámara Federal le dio la razón a la AFIP y, a comienzos de mes, fue suspendida nuevamente. Ayer, “habiendo pasado un tiempo prudencial” sin que la cerealera regularizara su situación, la autoridad fiscal decidió excluirla del registro.

Esta medida responde a las denuncias por triangulación de exportaciones a través de un sociedad vinculada radicada en Uruguay. La maniobra ilegal le permitió a Bunge evadir 1265 millones de pesos de Ganancias entre 2006 y 2009. El mecanismo de evasión entre las cerealeras les permite facturar sus operaciones a un precio inferior al de mercado y reducir el pago de Ganancias. Por esas operaciones la Justicia trabó un embargo preventivo sobre 50 propiedades que la empresa tiene en Córdoba por una suma de 250 millones de pesos.

Asimismo, la compañía acumula otras deudas por evasión. La deuda por la incorrecta liquidación de los derechos de exportación de cereales asciende a los 545 millones de pesos. La cifra corresponde a una maniobra que realizaron las principales empresas del sector entre octubre y noviembre 2007, cuando registraron 8,6 millones de toneladas de cereales para exportación. Al hacerlo, congelaron la alícuota de las retenciones a pagar, en ese momento en 27,5 por ciento para el caso de la soja. El 9 de noviembre, las retenciones a la soja subieron a 35 por ciento, pero las exportadoras de cereales lograron que las toneladas declaradas antes de esa fecha no fueran alcanzadas por el aumento. Frente a la maniobra, el Congreso sancionó a fines de diciembre de 2011 la denominada ley Martínez Raymonda, que obliga a revisar si las exportadoras contaban con la mercadería en su poder cuando anotaron las ventas en el registro oficial. De no haber ocurrido así, las empresas quedan obligadas a pagar la alícuota que corresponda al momento de efectivizar las exportaciones.

Echegaray explicó ayer que Bunge “anotó operaciones de venta sin tener en su poder la soja y sin haberla comprado, ni siquiera estaba cosechada”. En septiembre del año pasado la empresa canceló alrededor de 112 millones de dólares correspondientes al capital de esa deuda, pero no pagó los intereses que suman 121 millones de dólares. La discusión por el pago de los intereses está tramitándose en el Tribunal Fiscal de la Nación.

El uso de “facturas truchas” de proveedores apócrifos le permitió evadir 8,4 millones de pesos entre 2004 y 2008. La denuncia está radicada en Río Cuarto y ya fueron indagados el síndico y presidente del directorio de Bunge.

La firma podrá volver a gozar de los beneficios fiscales del registro de operadores, pero antes deberá cancelar todas sus deudas. “Esperamos que la firma decida ser transparente y no utilice más sociedades fantasma, facturas truchas ni triangule exportaciones. Si revierte su situación puede volver a percibir los beneficios del registro de operadores de granos”, sostuvo Echegaray durante la firma de un acuerdo con el Colegio de Escribanos para impulsar el uso de la “firma digital”.