El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, excarceló al comisario Néstor Juan Fernández, que había sido detenido el viernes en la causa en la que investiga supuestas vinculaciones de la policía santafesina con el narcotráfico. El magistrado debe definir además entre hoy y mañana la situación procesal de Hugo Tognoli, el ex jefe de la policía de la provincia. En ese contexto, continuaron los cruces de declaraciones entre kirchneristas y socialistas de la provincia por las responsabilidades políticas del caso. El diputado Agustín Rossi (FpV) consideró “insostenible” que el gobierno de Antonio Bonfatti “siga sosteniendo a la cúpula policial” y acusó al gobernador de victimizarse. El contraataque estuvo a cargo del socialista Hermes Binner.

Fernández, el comisario excarcelado, es jefe de la seccional 2ª de Rosario. Quedó comprometido en el expediente porque la defensa de Tognoli –detenido desde el 21 de octubre por la presunta protección que brindaba a narcotraficantes– sostuvo que la clave y el código con el que se pidió un informe sobre quiénes eran los propietarios de dos vehículos que seguían al narco Carlos Ascaíni eran de su uso exclusivo. De acuerdo con la investigación, las camionetas pertenecían a la Policía Aeroportuaria, que estaba tras los pasos de Ascaíni, quien finalmente logró escapar gracias a un supuesto aviso policial. En el caso hay un tercer policía imputado, el cabo Carlos Quintana, que sería quien recibió el llamado de Ascaíni pidiendo que le dijeran de quiénes eran los vehículos que lo seguían.

Según la pesquisa, existen al menos dos elementos que podrían incriminar a Tognoli en esa presunta protección al narcotráfico. Uno es un mensaje de texto enviado por el comisario mayor retirado Oscar Ledesma a una mujer identificada en la causa como Nilda Luques, que regenteaba un prostíbulo en Venado Tuerto, y a quien le habría dicho que Tognoli cobraba “30 mil” por dar protección. El otro elemento es una clave de seguridad para acceder a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA), que se habría utilizado para determinar que las camionetas que seguían a Ascaíni eran de la PSA.

El abogado de Tognoli aseguró que la clave fue asignada por su cliente a Fernández, que en ese momento era agente de Drogas Peligrosas, “en un sobre cerrado”. A su vez, Fernández alegó en su descargo que a la clave la usaba toda la brigada porque era un elemento de trabajo. Si bien el comisario recuperó la libertad, no fue desvinculado del caso, ya que el juez le fijó una fianza de 20 mil pesos.

Mientras tanto, kirchneristas y socialistas de la provincia volvieron a polemizar sobre las medidas que el poder político debería tomar para recuperar el control de la policía. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, consideró “insostenible” que el gobierno provincial “siga sosteniendo a la cúpula policial”. “Hay gente que no denuncia porque tiene miedo, porque no ve una decisión política del gobierno provincial de acompañar las investigaciones e ir a fondo”, apuntó.

Rossi consideró que la declaración que hizo el sábado el gobernador Antonio Bonfatti, acompañado por su gabinete, para cuestionar las advertencias sobre una posible intervención de la provincia, esbozada por el jefe del PJ santafesino, José Luis Freyre, fue “una puesta en escena del gobernador tratando de victimizarse”.

A su vez, el titular del Frente Amplio Progresista, Hermes Bi-nner, respaldó la denuncia de Bonfatti. “El kirchnerismo está llevando a una sociedad del blanco o negro”, sostuvo. También volvió a defender la designación de Tognoli como jefe de la policía santafesina, al recordar que en su gestión al frente de la ex Drogas Peligrosas su foja de servicios no registraba irregularidades: “Sólo tenía un apercibimiento por llegar tarde”, concluyó Binner.