El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, que instruye la investigación sobre la vinculación de la policía santafesina con el narcotráfico local, tiene su historial en el tratamiento de causas en las que la Policía se sienta en el banquillo. “Dejó prescribir una causa por falso testimonio contra el comisario Claudio Pereyra, una causa vinculada a la masacre de Ramallo, cuando todo indicaba lo contrario”, confió una fuente judicial a Página/12. El mismo Pereyra declaró ante Vera Barros el 27 de agosto dando testimonio a favor de uno de los policías acusados en la causa sobre el asesinato de cinco personas –tres adultos y dos chicos– en 1976 en “la Masacre de Juan B. Justo”, del que sólo salió vivo Manuel Gonçalvez, que tenía seis meses y fue robado y sustraída su identidad, la que finalmente recuperó más de veinte años después.