Con trece condenas y ocho absoluciones terminó ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén. El Tribunal Oral Federal de la provincia no modificó los lugares de detención: sólo cinco represores cumplirán la sentencia en la Unidad 9 de Neuquén. La pena máxima, 23 años de prisión, fue para el teniente coronel Osvaldo Antonio Laurella Crippa, ex oficial de inteligencia del Ejército comisionado como jefe de la policía de Neuquén, quien seguirá gozando de arresto domiciliario en su departamento céntrico de Bahía Blanca. El fallo del tribunal que preside Orlando Coscia generó decepción entre sobrevivientes, familiares, fiscales y querellantes. “El tribunal y los imputados en este momento están obrando igual”, lamentó Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Alto Valle, quien advirtió que “vamos a seguir luchando hasta que estén en la cárcel”.

La lectura del fallo, sin imputados en la sala, comenzó a las 7.30. El tribunal, que también integran Eugenio Krom y Mariano Lozano, escuchó durante siete meses a más de doscientos testigos que declararon sobre 39 desapariciones forzadas. A diferencia del tribunal que dictó 14 condenas a prisión perpetua en Bahía Blanca, el neuquino no se pronunció sobre el delito de homicidio, por lo que sólo condenó por secuestros y tormentos. Las penas mayores fueron para los ex militares de mayor rango durante el terrorismo de Estado. El general Enrique Braulio Olea recibió una pena de 22 años de cárcel, que cumple en su casa del barrio La Rinconada, en Pilar. El teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold fue condenado a 21 años de prisión en Blanco Encalada 1441, 9º F. A 19 años fueron condenados los ex oficiales de inteligencia Sergio Adolfo San Martín (domiciliaria en Luis María Campos 1160, 5º F) y Jorge Eduardo Molina Ezcurra. Los cuatro habían sido condenados en 2008, pero sólo Molina Ezcurra, de 68 años, está en la cárcel de Neuquén.

Los otros ex militares condenados son Jorge Ricardo Luera (16 años de prisión, en su casa de San Miguel), Antonio Alberto Camarelli (10 años, preso en la U9), Enrique Charles Casagrande (8 años, domiciliaria en San Luis), Gustavo Vitón (8 años, en la U9), Máximo Ubaldo Maldonado (7 años, domiciliaria en Ituzaingó) y Francisco Julio Oviedo (4 años, domiciliaria en Cipolletti). El ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, que antes fue condenado por sus crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército y en Automotores Orletti, recibió una condena de 12 años de prisión. El ex “Mayor Guastavino” tiene 70 años y durante el juicio estuvo en la U9 neuquina. Seis años y medio de prisión fue la pena para Miguel Angel Quiñones, ex agente de la policía de Río Negro, preso en la U9. Fueron absueltos los militares Jorge Osvaldo Gaetani y Sergio del Carmen Barros, el ex gendarme Emilio Jorge Sacchitella y los ex policías de la provincia de Río Negro Oscar Ignacio del Magro, Gerónimo Enerio Huircaín, Saturnino Martínez, Desiderio Pinchulef y Julio Héctor Villalobo.

El fallo “no cubrió las expectativas, pretendíamos otras penas y otras condenas”, admitió el fiscal federal Marcelo Grosso. El abogado de la APDH neuquina, Juan Cruz Goñi, opinó que “las penas han sido muy por debajo de los máximos que habíamos solicitado”. “Nos parece lamentable que no se haya condenado en el caso de la policía de Cipolletti”, agregó. Para Ivana Dal Bianco, del Ceprodh, la sentencia “es una burla a los trabajadores y al pueblo”. “Se siguen manteniendo las prisiones domiciliarias y tomamos este veredicto con mucha indignación”, admitió. Beatriz Gentile, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo estar “decepcionada” y sorprendida por las absoluciones de los policías porque “vimos a los testigos y lo que significó la comisaría de Cipolletti”. “Es realmente un acto criminal que ha cometido este tribunal”, sostuvo Eugenio París, sobreviviente de la dictadura. “Ellos saben que secuestraron, torturaron, mataron, robaron y desaparecieron, pero a los compañeros no les ganaron”, recordó Oscar Ragni. “Los compañeros, donde estén, están libres, y ellos están aquí y tendrán que cumplir, no importa que sea un año, cinco, diez o cincuenta, pero tendrán que avenirse a lo que diga la Justicia. Los compañeros y las compañeras desaparecidos les han ganado”, remarcó.