Una licitación del Ministerio de Salud porteño cayó, por segunda vez, bajo la sospecha de estar digitada. Se trata de la licitación para lavar la ropa de cama de los hospitales porteños. El legislador porteño Aníbal Ibarra presentó un pedido de informes en el que señala una serie de restricciones para que las empresas medianas y pequeñas participen de la compulsa y algunas ventajas llamativas para los lavaderos que actualmente prestan el servicio. Ibarra advirtió que las mismas empresas fueron contratadas por la Policía Metropolitana, y una de ellas fue beneficiada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri. “Si esto se hace así no es sólo por amistad, sino que sospechamos que hay algo bajo la mesa. De lo contrario, es inexplicable”, afirmó Ibarra.

Esta historia empieza en 2010, cuando el anterior ministro de Salud, Jorge Lemus, avaló una licitación para tercerizar el lavado de ropa en 16 hospitales. Era por 30 millones de pesos para el lavado de cinco mil camas. La obtuvieron tres lavaderos: ANCA, Tex Care y El Lucero. Esta última había ganado otra licitación para 300 camas y fue clausurada el 7 de abril de 2010 por el propio gobierno porteño por 29 infracciones en seguridad, higiene y prevención. La clausura se levantó en tiempo record.

Los lavaderos que se quedaron afuera presentaron una denuncia penal para que se investigara si la licitación fue dirigida a empresas que serían de los mismos dueños. Sostenían que el director de ANCA, Ricardo Andrelo, era el marido de Magdalena Gacceta, que era vicepresidenta de Tex Care, pero renunció antes de la licitación. En el directorio de ANCA figuraba Estela Maris Andrelo, casada con Luis Alberto Nerguizian, a la sazón presidente de Tex Care. Afirmaron que la madre de los Andrelo sería dueña del 50 por ciento de las dos empresas. También advirtieron que la tercera empresa, El Lucero, hizo una oferta por la misma cifra que sus presuntos competidores en tres hospitales para los que curiosamente no se presentaron. En la denuncia penal, sostenían que existían sobreprecios: indicaban que la facturación del lavado en el Hospital Muñiz había pasado de 12 mil pesos en octubre de 2010 a 81 mil en diciembre. Sin embargo, finalmente los dueños de las empresas ganadoras fueron sobreseídos.

Los trapitos al sol

Este año, el gobierno porteño lanzó una nueva licitación de lavaderos por 101 millones de pesos. La firma la ministra de Salud que reemplazó a Lemus, Graciela Reybaud. Ibarra presentó un pedido de informes en el que señala que los pliegos tienen la característica de una “licitación digitada”. Entre otros detalles llamativos, mencionó:

- Se cobran 40 mil pesos por obtener el pliego para participar, cuando en otras licitaciones del gobierno porteño la cifra es menor o inexistente. Por caso, Ibarra cita la licitación de basura (la más cara que existe), donde el valor del pliego no supera los 10 mil pesos. En compulsa por la forestación del camino del sirga –por un total de 43 millones– los pliegos son gratuitos. “Es evidente que presentar un valor tan alto es para evitar que se presenten muchos oferentes”, indicó el ex jefe de Gobierno en su pedido de informes.

- Lo mismo ocurre con el valor para poder presentar impugnaciones: cinco millones de pesos. “Pliegos caros para que no se presenten y valores de impugnación imposibles de pagar para evitarlas”, advierte Ibarra.

- Hay más restricciones: para presentarse, las empresas deben acreditar 1,5 millón de pesos en ventas y un capital de tres millones, así como un espacio de 2500 metros cuadrados. “Se exigen requisitos de grandes empresas, aunque está permitido brindar servicio a hospitales pequeños. Es decir, se impide toda participación de las pymes”, indicó Ibarra.

- Sobre todo, al legislador le resultó “llamativo que se indique un valor máximo y un valor mínimo, que sólo puede ser inferior en un 15 por ciento bajo pena de considerarlo ‘oferta vil’”. “Es decir, que el Gobierno de la Ciudad se niega a pagar menos”, indicó Ibarra. Ante un empate, se define por quien tiene antecedentes ante el Gobierno de la Ciudad, es decir, los actuales prestadores. “Las tres empresas que realizan actualmente el servicio deben realizar la oferta mínima y son imbatibles”, concluyó Ibarra.

“Es evidente que se decidió otorgarles la licitación a las empresas Tex Care y ANCA, que si se investiga un poco se descubre que son propiedad de Ricardo Andrelo y su cónyuge, y en los directorios figuran familiares directos”, advirtió Ibarra. También señaló que las mismas empresas son “proveedores de limpieza de ropa de cama para la Policía Metropolitana”. El legislador afirmó que en Vicente López esa misma empresa fue impugnada por tener lavaderos en zonas no permitidas y “en vez de otorgársela a quien le correspondía, Jorge Macri anuló la licitación”.

“Se evitan oferentes, si alguien logra presentarse queda anulada la posibilidad de impugnar por el alto monto, se fijan precios mínimos y en caso de empate siguen los actuales –consideró Ibarra–. Esto aparece como algo escandaloso. Una licitación dirigida para empresarios amigos en lugar de una competencia para obtener el mejor precio.”