Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.

La reserva provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia. Cordillera riojana, zona de turismo y agricultura campesina, paisaje de postal, montañas, espejos de agua, vicuñas y flamencos. Es reserva provincial desde 1980 con el fin de proteger la “flora, fauna y cultura”. Y, desde 2003, un “sitio Ramsar”, convenio internacional de protección de humedales.

La resolución 280/12 (de agosto pasado) firmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Nito Brizuela, reglamentó la actividad minera en la reserva provincial bajo el término de “reserva de usos múltiples”. Las empresas pueden ingresar legalmente maquinaria pesada, explosivos y sustancias tóxicas.

Las Asambleas Riojanas realizaron un informe sobre la base de los edictos publicados por la Secretaría de Minería. Revelaron que desde 2003 hasta la actualidad se entregó a dieciséis empresas en concesión minera el 60 por ciento de la reserva provincial Laguna Brava (240 mil hectáreas de las 405 mil totales). En los últimos meses y con la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador Luis Beder Herrera ya entregó en concesión 36000 hectáreas. A pesar de que es un sitio natural protegido (provincial e internacional), la intención es extraer litio, oro, plata, cobre y zinc.

También avanza en La Rioja la minería de uranio. El gobierno riojano autorizó 21 proyectos de exploración de uranio a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 150 mil hectáreas la empresa Uranio AG. Las Asambleas Riojanas detallaron que afecta a cuatro departamentos (Sanagasta, Felipe Varela, Castro Barros y Capital). “Todos estos proyectos están ubicados a pocos kilómetros de las poblaciones”, remarcó Romero.

El intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, llegó al gobierno como aliado político del gobernador y no cuestionaba la minería. Luego de las masivas marchas de inicios de año, Quintela comenzó la conformación de una multisectorial opositora, reconoció sus aspiraciones a gobernador y comenzó a cuestionar la minería. En agosto pasado, impulsó la aprobación de la ordenanza 4930 que declara al municipio Capital “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.

Las Asambleas Ciudadanas Riojanas están conformadas por espacios asamblearios de la capital provincial, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Campanas, Olta, Chamical, Patquia y Vinchina. Y a nivel nacional forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Periódicamente elaboran documentos precisos, en base a información de organismos públicos, sobre la avanzada extractiva en la provincia. Denunciaron que la minería de uranio viola la flamante ordenanza y también alertan que la instalación de una planta de dióxido de uranio (llamada Dioxitek).

En julio pasado, el juez de Chilecito, Daniel Flores, suspendió la actividad minera de Osisko en Famatina hasta que se realice el inventario que establece la Ley de Glaciares. El Gobierno anunció la suspensión del contrato con Osisko. Pero en agosto, con la resolución 271, Brizuela aprobó el Informe de Impacto Ambiental Osisko para el “proyecto Famatina - Etapa de prospección”.