Acorde con la habilitación de la feria judicial exigida por el Estado para evitar que la suspensión de la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se extienda aún más –hace más de tres años que a través de una medida cautelar el Grupo Clarín impide su puesta en marcha–, hoy el gobierno nacional y el Grupo Clarín presentarán ante la Sala I de la Cámara Civil y Comercial los fundamentos a las apelaciones que hicieron el mes pasado a propósito del fallo del juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso, quien se pronunció en favor de la constitucionalidad de todos los artículos de la norma.

A mediados de diciembre, y siete días después del mentado “7D”, la fecha que había marcado la Corte Suprema como límite a los grupos multimedios para comenzar a desprenderse de las licencias que exceden lo permitido por la nueva ley, Alfonso consideró que la norma es constitucional y que ni los límites a la tenencia de licencias de radiodifusión, contemplados en los artículos 45 y 48, ni el proceso de desconcentración que propone la norma, que se aplica específicamente a través de su artículo 161, implicaban un atentado contra la libertad de expresión.

Entonces, el Grupo Clarín, que en su momento interpuso una medida cautelar que suspendió la aplicación de aquellos artículos, por supuesto apeló el fallo. Hoy por la mañana, el multimedio, propietario de alrededor de 240 licencias –según la ley, sólo puede tener hasta diez frecuencias de radiodifusión a nivel nacional y hasta 24 de cable–, fundamentará en su escrito su rechazo a lo resuelto por Alfonso e insistirá en que la Cámara declare la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley.

Pero el Estado nacional también deberá presentar argumentos aunque irán en una dirección muy diferente de la apelación de Clarín. Lo que planteará la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) será que en verdad el Grupo no tendría legitimidad para litigar contra el Estado porque buena parte de las 240 licencias que maneja no tienen perfeccionada su transferencia por lo que, incluso, hay casos en los que permanecen a nombre de sus anteriores dueños. El organismo considera que esa irregularidad impediría a Clarín llevar adelante esta causa sin antes ponerse en regla. Claro que en caso de intentar hacerlo, esas licencias deberían volver a otras manos, ya que exceden diez veces lo permitido por la ley. En cambio, en cuanto a lo establecido por el juez Alfonso sobre la constitucionalidad de la norma, obviamente la Afsca está de acuerdo.

Por otra parte, el organismo apeló un detalle más de la decisión judicial de diciembre pasado: el apartamiento que el magistrado hizo del Grupo Clarín de la imposición de costas. “El juez se basa en la teoría de la derrota. Como considera que a partir de su decisión de levantar la medida cautelar que suspende los artículos Clarín fue derrotado en esta disputa, lo libra de afrontar económicamente todas las costas –los gastos del juicio– y los reparte entre las partes. Consideramos que los gastos deberán ir a cuenta de Clarín”, apuntaron desde el organismo dirigido por Martín Sabbatella.

Cabe recordar que Alfonso hizo lugar a todas las apelaciones que hoy serán fundamentadas y dio traspaso de la causa a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, integrada por camaristas que fueron durante el último tiempo cuestionados por el gobierno nacional no solo por su actuación en la causa por la ley de medios, sino también por aceptar la medida cautelar impuesta por la Sociedad Rural para frenar la expropiación estatal del predio. En aquel entonces, el Ejecutivo intentó aplicar el per saltum y lograr que la decisión final recayera en manos de la Corte Suprema. Sin embargo, los jueces negaron el recurso.

Una vez que las partes realicen sus presentaciones ante la Cámara Civil y Comercial, cada una contará con diez días hábiles para responder a su contraria. “Ahí sí que va a estar interesante”, explicaban en la Afsca, que esperaban la oportunidad de responder a los argumentos de la apelación de Clarín. Luego de esos diez días y con las respuestas ya sobre los escritorios, los camaristas estarán en condiciones de resolver el expediente, cuando ya se reanude en febrero la actividad tribunalicia normal.

La Afsca, al igual que la Justicia, en este tema, tampoco se tomó vacaciones. Este jueves, en la reunión de sus autoridades, comenzará a aprobar los planes de adecuación que presentaron en su momento los otros grupos de medios excedidos en sus licencias, pero que aceptaron atenerse a lo establecido en la ley.