Los padres de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas fatales del accidente ferroviario ocurrido en la Estación Once hace poco menos de un año, acusaron ayer a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a empresarios de TBA de conformar una asociación ilícita que provocó la tragedia. La acusación de la familia Menghini Rey se suma a las de las otras tres querellas, que se conocieron a fines de la semana pasada, y a la de la Fiscalía, presentada pocos antes. Ahora el juez Claudio Bonadío deberá pedir opinión a las defensas sobre el cierre de la causa y elevarla a juicio oral.

Los padres del joven consideraron que los ex secretarios de Transporte Jaime y Schiavi, los ex funcionarios del área Antonio Guillermo Luna, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, y empresarios y empleados de Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa a cargo de la concesión de la línea Sarmiento al momento del accidente, deben ser juzgados por estrago doloso, defraudación a la administración pública y asociación ilícita, una combinación de delitos que, de resultar probados en el proceso oral, pueden ser castigados con una pena máxima de 21 años de cárcel.

Para la querella de la familia Menghini Rey, al igual que para las víctimas patrocinadas por el abogado Gregorio Dalbón, el maquinista Marcos Antonio Córdoba también debe sentarse en el banquillo de los acusados: sobre él cargaron la acusación de estrago doloso. Las otras dos querellas, las lideradas por los abogados Marcelo Parrilli y María del Carmen Verdú, por un lado, y Miguel Arce Aggeo –quien presentó su acusación el mismo día que la fiscalía–, por otro, dejaron fuera del proceso a Córdoba. Verdú, Parrilli y Dalbón sostuvieron necesario investigar el rol que jugó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, bajo cuya cartera funcionaba, entonces, la Secretaría de Transporte –hoy incluida en el Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo.

El texto de la querella de Menghini Rey imputó como jefes de la asociación ilícita a los empresarios Claudio Cirigliano y Marcelo Alberto Calderón; y como organizadores a Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Alvarez y a los ex funcionarios Schiavi, Jaime, Luna, Ochoa Romero y Sícaro. En tanto, mencionó a numerosos funcionarios de segunda línea de TBA –cerca de la veintena– como miembros de la asociación ilícita. El documento manifestó que “la asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en TBA y los ex funcionarios públicos, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional, generó una cadena de la felicidad” y que la misma estaba “destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Cirigliano y el Grupo Plaza, y finalmente destinadas a maximizar sus ganancias personales más allá de toda avaricia posible”.

Asimismo, la acusación expresa que ese accionar “sólo fue posible por la inacción de los organismos de control y de los funcionarios” de Transporte. “Cuando éstos detectaban anormalidades omitían proceder en consecuencia, advirtiéndose de manera precisa e inequívoca la participación de los mismos en el hecho delictivo”, sostuvieron los padres de Menghini Rey.

Por último, la querella advirtió que la participación de los ex funcionarios “no es otra que facilitar la llegada del dinero, y luego controlar mal, o no controlar”. En el caso del maquinista, le atribuyó el rol de “partícipe secundario” y expresó que “no actuó de acuerdo a su responsabilidad, posibilitando entonces el choque que da origen a esta causa”.

Ajustándose a lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal, la fiscalía había emitido su consideración el pasado miércoles, planteando los delitos de descarrilamiento culposo para el maquinista, los empresarios de TBA y Cometrans y los funcionarios públicos. Para los empresarios y funcionarios, además, reservó la acusación de defraudación.