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Por Alejandra Lázzaro *

La década del ‘80 se caracterizó por la vuelta a la democracia, y con ello la reivindicación de los derechos del hombre y del ciudadano. Fue en ese momento histórico en que se reanudó un arduo y rico debate concluyendo con el reconocimiento sobre la situación de postergación y discriminación del que venía siendo objeto la mujer argentina. Así, como un paliativo y considerándola como para una etapa de transición, se sancionó en el año 1991 la Ley 24.012 conocida como “ley de cupo femenino”, por la que se asegura a las mujeres al menos el 30 por ciento de los cargos electivos. Hubo que esperar dos años para que fuera reglamentada. Hoy está plenamente vigente y, lo que es más importante, su aplicación viene logrando un cambio cultural en el ámbito de la política y de los partidos. Si bien este dato es alentador, hablando con entera justicia falta mucho por avanzar.
Ayer, Página/12 informó sobre la presentación de un proyecto de ley reclamando un cupo femenino en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más allá de la posición que se tenga respecto de estas medidas de acción positiva, sigue vigente el mismo planteo de fondo, esto es, el reclamo de las mujeres, sobre una mayor participación en la vida institucional del país.
¿Por qué no terminamos de reconocernos como iguales a la hora de elegir candidatos a puestos de alta jerarquía? ¿Será por ausencia de mujeres capacitadas o se teme que no posean la energía moral acorde a sus funciones? Las respuestas a estos irónicos interrogantes son casi obvias, pero acudimos a ellos porque no deja de sorprendernos que a veinte años de democracia ininterrumpida continuemos conviviendo con una limitación tan importante como es la exclusión de las mujeres en los puestos de toma de decisiones de los ámbitos públicos.
Seguramente, ninguna ley de cupo constituya una solución acabada. Sin embargo, y a la luz de nuestra experiencia, significa un comienzo. Por ello es que si surgen vacantes en la Corte, el Gobierno tiene la oportunidad de equilibrar la situación descripta, nombrando como ministros a mujeres juristas.
Nadie pretende concesiones graciosas, pero sí lograr un equilibrio que, en el caso mencionado, funcionaría de manera emblemática para el resto de las instituciones públicas.
Bregamos porque quieran nuestras autoridades terminar de reconocernos como ciudadanas, y poder así en un futuro próximo cumplir con el precepto constitucional de que todos los habitantes somos iguales ante la ley, y admitidos en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
* Abogada. Profesora de Derecho Constitucional en Facultad de Derecho de la UBA y miembro del equipo de investigación Proyecto UBAcyt sobre la aplicación de la Ley de Cupo en la Argentina.