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Durante los primeros meses del año 2000, El Liberal, el diario más tradicional de Santiago del Estero, comenzaba con una publicación de informes especiales sobre los misterios, secretos y tramas de corrupción de distintas estructuras del gobierno. El 19 de mayo de ese año, los editores del diario decidieron dedicarle la tapa y el suplemento completo a la estructura de espionaje montada por Antonio Musa Azar. Aunque en ese momento nadie lo supo, la Secretaría de Informaciones del gobierno manejada por el propio ex comisario comenzó una campaña de espionaje destinada a la plana completa de periodistas del medio. Página/12 tuvo acceso a esos archivos secretos, y aquí presenta los objetivos buscados por aquella organización y que aún forman parte de los archivos secretos del gobierno.
Poco después de la caída de Musa Azar, como consecuencia de las investigaciones y de los escándalos provocados por los crímenes de La Dársena, parte de la información que recogía uno de los hombres más poderosos de los Juárez comenzó a blanquearse. Quienes de algún modo están ligados a la investigación acercaron este material como denuncia. Allí aparecen los datos, los nombres, los antecedentes políticos de buena parte del periodismo de Santiago.
Las pesquisas habrían comenzado poco después de la publicación de los informes de El Liberal, una edición que le costó al diario el enfrentamiento directo con el gobierno. Después de los primeros números, la administración de Juárez le cortó los paquetes de publicidad oficial al periódico. En ese informe se retrataba el funcionamiento de los servicios de Inteligencia de la provincia. Describieron los métodos que usaban en las intervenciones de teléfonos, los aparatos y los objetivos políticos. Entre ellos, señala con algún detalle las características que rodearon la muerte del obispo Gerardo Sueldo, el impulsor tal vez más sólido de las denuncias contra el avasallamiento de los derechos humanos propinados por las fuerzas de seguridad de la provincia.
Los espionajes encargados por la Secretaría de Informaciones contienen tres tipos de informes. Uno de ellos tiene los nombres de 30 periodistas egresados de Ciencias de la Educación con la Licenciatura de Comunicación Social. No sólo menciona nombres, apellidos, documentos, direcciones y teléfonos, sino que además les interesaba el año en el que habían egresado. En las cinco páginas de contenidos y listados aparecen sólo dos nombres subrayados. En los dos casos las anotaciones son iguales: los espías escribieron “no está afiliado”.
Otro de los bloques de informes tiene en el membrete el escudo de la provincia, con los datos de la dependencia de la policía vinculada a la pesquisa: “Policía de Santiago del Estero –dice–. Div. Antecedentes Personales”. Los informes fueron firmados por el subcomisario Víctor Antonio Luna, jefe de la División de Antecedentes de la Policía Provincial. Allí está su sello al pie de un formulario, donde mencionan los nombres de las personas, los números de documentos, el nombre de los padres y las observaciones. En manos de Página/12 hay 14 pedidos de antecedentes. En alguno de los casos, entre las observaciones aparece algún número aparentemente codificado, pero en la mayoría se lee la siguiente frase: “Con los datos suministrados no se encuentran identificados en esta división”. Las fechas de todos estos pedidos son del 3 de mayo de 2001.
El último bloque del expediente no tiene rótulos ni membretes. Son anotaciones hechas en computadora con los nombres de 25 periodistas. Allí el departamento comandado por Musa Azar recolectó los datos de nacimiento, domicilio, documento, nombres de padres y madres, antecedentes judiciales y además adscripciones políticas. En uno de los casos, por ejemplo,menciona que “el causante no figura en los registros de afiliados al Partido Justicialista ni a la UCR”.