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Diez represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Paulino Enrique Furió, Juan Antonio Garibotte, Francisco Alcides Paris Francisca, Juan Agustín Oyarzábal Navarro, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Armando Fernández fueron condenados a cadena perpetua. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza dispuso, en tanto, que Ramón Angel Puebla cumpla 18 años de prisión; el ex capitán Dardo Migno, 14 años, y el ex oficial principal Fernando Morellato Donna, 5 años de prisión. El tribunal indicó que se trataron de “delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de un genocidio”.

Furió, Puebla, Oyarzábal, Migno y Paris Francisca cumplirán la condena en sus domicilios, en tanto que Bruno, Garibote, Miranda, Fernández y Morellato lo harán en la cárcel mendocina de San Felipe, dado que les revocaron los pedidos de prisión domiciliaria.

El juicio oral duró siete meses y se relevaron los casos de secuestros y desapariciones forzadas a 32 víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen aún con vida. Ayer llegó el veredicto, en una mañana en la que los manifestantes colmaron la explanada de los Tribunales Federales. El abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Pablo Salinas, se mostró conforme en general con la sentencia, excepto con los cinco años a uno de los represores. “A cualquiera por un delito común le dan cuatro o cinco años de cárcel, no se le puede dar cinco años por tormentos, pero habrá que ver los fundamentos para apelar”, afirmó.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo coincidieron con la visión del abogado. “Cinco años no es nada. Todos los condenados, en vez de sentir arrepentimiento, demuestran ganas de seguir. No estoy de acuerdo con las prisiones domiciliarias. Si están enfermos, que se la aguanten en la cárcel como ellos hicieron con nuestros hijos”, destacó Margarita Barrera, que tiene 88 años y cuyo hijo Jaime desapareció hace 36 años.

Salinas destacó que ninguno de los represores reveló información sobre el destino de los cuerpos. “En Mendoza, el pacto de impunidad sigue vigente entre ellos, pero nosotros vivimos en un Estado democrático y no podemos hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros”, consideró. Por su parte, Carmen Doltz –cuya hermana Margarita está desaparecida– consideró que el fallo es “una pequeña reparación y, al igual que todos los juicios en la Argentina, da un valor social y simbólico para cambiar la mentalidad y otorgar identidad a los desaparecidos”.