La Justicia porteña dispuso ayer que el gobierno de Mauricio Macri no podrá aumentar el precio del pasaje de subterráneos hasta que logre justificar que la nueva tarifa es “justa y razonable”, como marca la ley, y mientras no disponga medidas tales como una “tarifa social” para que las personas más vulnerables puedan acceder al servicio. La gestión macrista de Subterráneos de Buenos Aires había dispuesto un aumento tarifario a 3,50 pesos, que debía entrar en vigencia el miércoles pasado, pero un día antes el juez Pablo Mantaras dictó una medida precautelar y le dio al gobierno dos días para que explicara los fundamentos de la medida. Ayer, el mismo magistrado consideró que las razones expuestas son “escasas” e “insuficientes” y confirmó la medida cautelar “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. La vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, calificó el fallo de demagógico y anunció que apelarán la medida.

El amparo que derivó en esta medida fue presentado por el diputado Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur). “A partir de ahora se abre el debate que nosotros queríamos plantear y que es si corresponde o no el aumento. Esa es la cuestión de fondo”, dijo el legislador a Página/12. Se refería al frustrado intento de debatir el tema en la Legislatura, donde el macrismo se opuso a exponer las razones del aumento tarifario. En ese mismo escenario, el jueves pasado, todos los bloques de la oposición respaldaron la presentación de Bodart y el fallo del juez Mantaras, sobre quien habían empezado a llover presiones: el propio Macri había considerado el fallo como “un palo en la rueda” de su gestión.

El gobierno presentó el miércoles pasado los antecedentes requeridos por la Justicia, pero se limitó a reiterar los mismos argumentos que había expresado en la audiencia pública del 1º y 2 de marzo: justificó el aumento en “el incremento generalizado de precios de la economía de nuestro país en el año 2012” y efectuando una comparación de las tarifas locales con las vigentes para los subterráneos de otras ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile, San Pablo o Río de Janeiro, en donde la tarifa representa el doble o hasta el triple de la vigente en Buenos Aires.

Ayer, el magistrado consideró “escasos” los elementos aportados a la causa por parte del Ejecutivo, por lo cual no era posible, “ni siquiera por vía de inferencia, sustentar la validez del acto” (el aumento). Por otro lado, agregó que la documentación presentada “no permitiría establecer si el Gobierno de la Ciudad efectuó previamente un análisis integral de la estructura de costos para la explotación del servicio subte” (ver nota aparte).

El juez se basó en la ley 4472, sancionada en diciembre para reglamentar el traspaso del subte de la Nación a la Ciudad. En uno de sus artículos, la norma establece que la tarifa del servicio debe ser “justa y razonable”. En su razonamiento, el juez Mantaras concluyó que no se había expuesto documentación sobre los costos del servicio, la incidencia que sobre ellos habría tenido la inflación y lo que recaudaría el gobierno por los nuevos impuestos creados a partir de la mencionada ley. También consideró que tampoco hubo argumentos para aumentar la tarifa en enero de 2012, de 1,10 a 2,50, ni para establecer cuánto compensó ese tarifazo el supuesto desfasaje inflacionario.

El fallo de Mantaras también tiene un plano social. Sostiene que el subte es un servicio público al que los ciudadanos tienen derecho a acceder, por lo cual el Estado tiene la obligación de crear mecanismos para que eso sea posible. Es decir, no dice que no aumenten la tarifa sino que creen una “tarifa social” para permitir el acceso de los pasajeros de bajos recursos. Para justificar ese argumento, expuso la caída del 24 por ciento en la venta de boletos después del tarifazo de 2012. En el texto, el juez señala además que, hasta el momento, “el gobierno no habría realizado los estudios necesarios para determinar cuál podría ser el impacto de la suba del boleto en el universo de usuarios del servicio”.

Según el juez Mantaras, el aumento de 2,50 a 3,50 pesos, “sin que la Ciudad hubiese instrumentado y ejecutado algún tipo de política pública permitiendo y asegurando el acceso al servicio a aquellas personas que no disponen de recursos suficientes para pagar la nueva tarifa, podría causar un perjuicio de muy difícil o, directamente, de imposible reparación ulterior”. Con ese argumento justificó la adopción de la cautelar, ya que una demora en su adopción podría causar un perjuicio a un sector importante de la población.

La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, calificó el fallo como “demagógico” y afirmó, a su vez, que apelarán la medida. “No hay nada que fundamente la decisión del juez. Vamos a ir ante la Cámara, pero antes, como siempre hemos hecho, acataremos lo dispuesto por el juez”, manifestó Vidal en declaraciones radiales. La funcionaria porteña expresó que el Gobierno de la Ciudad tiene “una historia larga de fallos adversos y de judicialización de la política, pero nunca hemos desobedecido a la Justicia”. Esto “les va a costar a los vecinos de la Ciudad un millón de pesos por día como consecuencia de no aplicar el aumento y los fondos van a tener que salir de otras partidas”.

El senador Daniel Filmus (FpV) expresó su apoyo a la decisión judicial de frenar el aumento de la tarifa y consideró una “arbitrariedad” la suba a 3,50 pesos “sin que medie ningún estudio serio de costos”. Y el legislador Francisco Nenna, del mismo espacio político, coincidió en que “el PRO carece de argumentos que justifiquen el aumento del boleto de subtes”.

Bodart, en tanto, concluyó que ésta “es una nueva victoria, en el camino de recuperar un subte para todos, para que el servicio vuelva a manos del Estado, con control social”.

Informe: Nicolás Andrada.