El alegato de la defensa del ex comisario Hugo Lompizano será el último del juicio que se le sigue a él, a otros seis policías federales y a diez miembros del sindicato de la Unión Ferroviaria, entre ellos a sus ex referentes José Pedraza y Juan Carlos González, por la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas a otros tres militantes de izquierda durante un ataque contra trabajadores tercerizados y organizaciones sociales y políticas, hace poco menos de dos años y medio. Se espera que la defensora oficial de Lompizano, Norma Bouyssou, exija su absolución, así como lo hicieron los abogados del resto de los acusados. Tras esa última exposición, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 dará lugar a las réplicas y dúplicas de las partes y se dedicará a deliberar la sentencia, que se espera para mediados de abril.

Los alegatos de los defensores de seis de los siete policías federales que ya fueron expuestos durante el debate basaron sus pedidos de absoluciones en cuestionamientos a las partes acusadoras, en tanto que evitaron profundizar en detalles sobre la actuación de sus clientes. El abogado Raúl Bednardz consideró que su defendido, el ex comisario Luis Mansilla, no formó parte del plan criminal que provocó la muerte de Ferreyra y las heridas graves de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, tal como apuntaron las querellas, ni cometió abandono de persona, como opinó la fiscalía, sino que tan sólo “acató a la postulación instalada con el gobierno de (el ex presidente) Néstor Kirchner de no criminalizar la protesta”.

Según su defensor, “la conducta de los policías fue juzgada desde la misma fuerza y desde el mismo ministerio como ajustada a derecho”. Sobre Mansilla, quien el 20 de octubre de 2010 estaba a cargo de Control de Líneas de la Federal, pesa la sospecha de establecer cierta connivencia con la patota de ferroviarios que atacó al grupo de tercerizados y militantes de izquierda, ya que no actuó de manera preventiva. Estuvo sobre las vías con el grupo de ferroviarios, habría presenciado el primer ataque a pedradas a los militantes y, sin embargo, no habría tomado medidas.

El defensor de Ferreyra, Carlos Ríos, consideró que el asesinato del militante del Partido Obrero y las heridas a tres de sus compañeros eran un hecho “empujado por razones políticas”, aunque salvó a su cliente: “Mi defendido ignoraba los intereses laborales y económicos que estaban detrás de este conflicto, estaba al margen”. No ofreció explicaciones de importancia para fundamentar el comportamiento de Ferreyra. En su lugar prefirió dejar en claro que “no era necesario que la policía actúe” para prevenir el ataque de la patota de ferroviarios, ya que “con los más jóvenes y fuertes armados con palos al frente de un cordón” demostraba que “los manifestantes no estaban en estado de indefensión”. Hilario Ríos, abogado de Luis Echavarría, se ocupó de exponer argumentos que refuercen la idea del “desconocimiento” que primaba en la Sala de Situaciones de la DGO, donde se desempeñaba su cliente durante el transcurso de los hechos, y decidió callar acerca de la vía política del asunto, mencionada incluso por Echavarría durante su declaración indagatoria ante el TOC Nº 21, cuando aseguró que la policía recibía “órdenes políticas”. También pidió la absolución.

El abogado del principal Gastón Conti, quien habitaba también la Sala de Situación de la DGO, en cambio vinculó de lleno la acusación a su defendido con una cuestión política. Aseguró no saber por qué Conti estaba acusado y que la causa avanzó “a como dé lugar” producto de la “presión mediática”: “Esta causa se dictó en Balcarce 50 y se escribió en algún despacho de Tribunales”, se quejó. El mismo destino solicitó el abogado Mariano Maciel para su cliente, el ex subcomisario Rolando Garay, quien era responsable de los dos patrulleros de la comisaría 30ª que presuntamente se abrieron paso para dejar pasar a la patota en cacería a los manifestantes. “Las acusaciones se basan en pruebas falsas, y se han ocultado pruebas”, refutó Maciel.

La última defensa policial que se oyó, el viernes por la tarde, fue la del camarógrafo David Villalba, a cargo de Valeria Corbacho, quien pidió la nulidad parcial del alegato del Centro de Estudios Legales y Sociales por considerar que el pedido de pena fue “defectuoso”. Además descalificó la exposición de la querella del Partido Obrero por considerarla “carente de honestidad intelectual”. “Villalba estaba a 400 metros del lugar del hecho: a esa distancia no podía obtener imágenes nítidas ni sonido”, explicó, y adjudicó la ausencia de imágenes durante el momento exacto del ataque fatal al paso del tren. “Villalba dejó de filmar por el paso de una formación ferroviaria”, quiso justificar.