En San Nicolás, el Tribunal Oral 1 debe decidir si la muerte del adolescente Lucas Rotela, ocurrida en Baradero el 12 de febrero de 2011, ocurrió porque el oficial de la Bonaerense que tiró del gatillo no tenía idea del daño que produce el otro extremo de su arma, con lo que accedería a un homicidio culposo, pura negligencia, verbigracia estupidez; o si por nacer pobre y morocho, y pasar por el momento más riesgoso de su vida, la adolescencia, ya había sido condenado de antemano cuando al oficial se le cruzó la idea de dispararle un escopetazo por la espalda con el único sentido de que no se le escapara. La defensa del Bonaerense Gonzalo Kapp apuntó durante el juicio y en los alegatos a la negligencia de su defendido para intentar demostrar que Kapp no sabía que su colega del patrullero había cargado su escopeta con postas de plomo o que no había escuchado la advertencia de que lo había hecho. Difícil. Más difícil les resultará hacer creer que disparó al chico por la espalda, a seis metros de distancia, con la sola intención de asustarlo y que se detuviera. De una u otra forma, el juicio sólo tendrá como responsable al Bonaerense y no avanzará sobre quienes los adiestran como monos, los alientan y les dan instrumentos legales para justificar la utilización de sus navajas. Fiscalía y querella pidieron perpetua. Hoy, al mediodía, el tribunal dará la sentencia.

Lucas Rotela tenía 19 años. El sábado 12 de febrero de 2011, a las 4.30 de la madrugada, se encontraba con dos amigos en la plaza Colón, de Baradero, cuando vieron entrar un patrullero de la Policía Comunal –la Bonaerense con gestión municipal– sin luces y de contramano. Como era lógico, se asustaron y corrieron. Del patrullero bajaron dos uniformados, Julián Cáceres y Gonzalo Kapp, dispuestos a cumplir la tolerancia cero con las motitos y los pibes sin casco, que su jefe directo, el Rambo Franzoia, pregonaba desde el año anterior, cuando por decisión del intendente Aldo Carossi la Bonaerense reemplazó a la policía municipal en eso de perseguir infractores. Un año antes, las muertes de Giuliana Jiménez y Miguel Portugal, que embistieron con su motito la camioneta municipal que los perseguía para multarlos y así evitar que se mataran por no usar casco, provocaron el cambio de preventores. Fue como quitarle la navaja a un mico y dársela a un chimpancé.

En el caso de Lucas, como en tantos otros, los Bonaerenses Kapp y Cáceres buscaban el efecto disciplinador sobre los adolescentes morochitos: primero detener y después buscar la infracción, incluso un arma o droga en su poder (aunque no se haga diferencia entre que la tengan o que se la encuentren). En este caso en particular, uno de los tres chicos logró zafar. Otro, Tito, tuvo suerte y logró ser detenido ileso. Lucas corrió lo más que pudo con su motito que arrancaba con envión. Lo que hizo que uno estuviera vivo al día siguiente y el otro no es un número de lotería. A Tito lo detuvo Cáceres. A Lucas lo perseguía Kapp. Los testimonios durante el juicio demostraron que los chicos vieron a los policías cuando estaban a unos veinte metros de distancia. Kapp se fue acercando a Lucas y podría haberlo detenido porque, según demostró la acusación, cuando disparó estaba a apenas seis metros y ya le estaba dando alcance. Los peritajes balísticos y la autopsia demostraron que la distancia de disparo no fue mayor a seis metros pese a que Kapp sostuvo que nunca estuvo a menos de quince.

El escopetazo, cargado con postas de plomo, provocó daños irreversibles (le destrozó un pulmón, el bazo, un riñón, los intestinos). Al sonar el disparo, Kapp decidió abandonarlo y se dedicó con su compañero a trasladar al detenido a la comisaría. Lucas logró llegar a duras penas a la puerta de su casa, pedir auxilio y decir “la policía me tiró”. Lo internaron, le extrajeron pulmón, bazo, riñón y partes del intestino. A la tarde murió.

La versión que lanzó la Bonaerense, en forma inmediata, fue que Lucas eludió un control y durante la persecución se produjo un enfrentamiento, versión que se sostuvo institucionalmente apenas un par de horas, hasta que a Kapp le soltaron la mano y pasó a ser un loquito que cometió “un crimen inexplicable”, como llegó a decir Carossi más tarde.

Durante el debate oral, Kapp –que se encuentra detenido en el penal de San Nicolás– dijo que la escopeta la había cargado Cáceres y que no sabía que tenía postas de plomo. Cáceres aseguró que le había avisado. Y Kapp dijo que, en ese caso, no lo había escuchado. Sencillo.

El fiscal Hernán Granda pidió la condena a perpetua por homicidio agravado, en coincidencia con Dante Morini, uno de los dos abogados de la familia. El defensor Miguel Arzagot pidió que se considere el homicidio preterintencional, es decir, que disparó sin pretender los efectos que se suponen del disparo de un arma de fuego (efecto mono con navaja), que lleva penas de uno a tres años; y para el caso de que no admitieran esa calificación, que sea condenado por homicidio culposo, es decir, que lo mató sin querer (efecto estupidez), con condenas que llegan a los seis años.

Hoy, al mediodía, los jueces Cristian Ramos, María Ocariz y Laura Mercedes darán su criterio sobre lo que ocurrió.

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