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Cuando José Hernández escribió el Martín Fierro, donde consta el conocido “hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse”, reflejaba en espejo la realidad histórica promiscua del funcionamiento judicial. Hoy es necesario transparentar y democratizar el funcionamiento del sistema judicial para que éste no represente solamente un poder constitucional alejado del fin específico: esto es resolver imparcialmente un caso en disputa.

Si bien existe una cuestión básica que es saber qué es realmente lo que representa la norma jurídica en la sociedad, podemos afirmar que no siempre dicha norma es fiel reflejo de lo justo, y ello sin ingresar en cuestiones filosóficas, no se puede dejar de observar que para la vida cotidiana son necesarias ciertas normas que permiten convivir en paz, atendiendo la función social del Estado. Para la aplicación de esas normas está un Poder Judicial y hoy también a nivel constitucional existe otro poder o extrapoder que es el Ministerio Público Fiscal.

En particular en el sistema penal nacional o federal, la recurrencia del habitante del país al sistema judicial es el último lugar donde debe encontrar un ámbito de neutralidad, si bien la palabra final del caso que se trae a debate le corresponde al juez, hoy no es el único poder que interviene en el sistema judicial federal, que dicho habitante consulta, conforme la existencia del art. 120 de la Constitución nacional.

Pretender mantener una estructura corporativa del Poder Judicial es pretender mantener una estructura de dominación cerrada sobre lo que es hoy el sistema de justicia.

José Hernández escribió el Martín Fierro cuando regía la Constitución de 1853, y hoy rige la reforma de 1994, donde los Pactos Internacionales de DD.HH. son cuerpo constitucional, sobrepasando no sólo la ley que no se adecua a dicho mandato, sino a la cultura histórica de un Poder Judicial encerrado en la soberbia de poder.

El poder que tiene un magistrado no es para abusar de él, y si bien es necesario resguardar su funcionamiento para que pueda dedicarse sin presiones externas a resolver el caso, dicho poder o autoridad no es mayor que la de otro, ya que ese poder sólo es para que pueda ocuparse y hacerlo con la mayor objetividad y transparencia. Pero la cultura autoritaria que históricamente arrastramos lleva a veces a algunos a abusar de dichas facultades, y ese abuso está determinado por esa cultura histórica, favorecida por un funcionamiento estamental que se aleja de los propios objetivos de hacer justicia.

Un juez o un fiscal que en su vida cotidiana o laboral no es justo no puede repartir justicia a otro, y ese precepto tiene un vínculo inescindible con la necesaria democratización del sistema judicial y de una justicia legítima. Si como dijo Tarski acerca de la verdad, refiriendo a Epiménides el cretence: “Todos los cretences mienten”, pensar que algún juez lo hace lleva a que las personas entiendan que en el sistema judicial todos son iguales, y esto no es así, en su caso.

Entiendo que a pesar de los avances en cuanto a la elección de jueces y fiscales por concurso abierto, del funcionamiento activo de los jurados de enjuiciamiento de jueces y fiscales, aún no es suficiente para modificar la cultura históricamente corporativa del sistema judicial. Muestra de ello, por ejemplo, es la oposición sistemática a modificar el funcionamiento del sistema procesal penal federal, para mantener así cautivo el expediente en manos del juez (juez detective) y que eso permita utilizarlo a gusto o necesidades que no son transparentes a la solución del conflicto que dicho expediente requiere.

Aclaro que hoy, en esta nueva época, en el siglo XXI, el expediente no es de nadie, ni del juez ni del fiscal y menos de la policía, sino de un funcionamiento armónico de todo el sistema judicial para encontrar una mejor solución al conflicto, pero de manera clara, a pesar de que siempre alguien pueda no estar de acuerdo, aunque todos tenemos que estar de acuerdo en respetar el sistema judicial que se ha ocupado o se ocupará de resolver algún tema de su incumbencia.

Es por ello que debe discutirse también dentro del sistema de justicia su funcionamiento, alejándonos de la soberbia del poder o de la apropiación del expediente para abusarse o utilizarlo maquiavélicamente. Además, exigir una renovación o muestra de actualización de conocimientos y capacidades de cada operador –sea juez o fiscal– a través de controles periódicos cada ocho años de quienes detentan el cargo. Generar asimismo concursos que no sólo se dediquen al control dogmático de la ley vigente, sino cómo ésta se aplica en relación con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y junto a ello la capacidad o no de interpretar adecuadamente la ley procesal insertada en la norma procesal constitucional.

Tal vez lo más importante es empezar a tomar conciencia de que existen cambios a realizar en el servicio de justicia, y además que se pueden realizar. En definitiva, controlar a quien detenta poder no es desmerecer a nadie, sino aprender a escuchar y reflexionar, para establecer nuevas bases de una justicia que debe legitimarse, sin necesidad de recurrir a la frase que comenzara esta nota.

* Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales - Director de la Especialización en Derecho Procesal Penal, UMSA. Fiscal Nacional en lo Correccional, Fiscalías Nº4 y 8.