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@La llamada (una de tantas) partió del celular de Pablo Migliore al de una chica, pareja de Maximiliano Mazzaro, prófugo por el asesinato de Ernesto Cirini.

–Quedate tranquilo, Maxi. Hacemos el (formulario) 08 y después una tarjeta azul y andás con ese auto –le dijo Migliore al prófugo.

–Bueno, está bien –contesta Mazzaro en persona.

De atrás se escucha la voz de la joven pareja de Mazzaro:

–Che, tengan cuidado, los teléfonos están intervenidos –alerta.

–Qué carajo me importa –contesta Migliore–. ¿A mí qué me van a hacer?

Diálogos como éstos colmaron la paciencia del juez Manuel De Campos. El arquero hablaba con un prófugo por un homicidio y no sólo mantenía contacto sino que le suministraba un vehículo para moverse, dinero y algunos de los celulares con los que se comunicaba. De Campos, con el aval del fiscal Andres Madrea, decidió terminar con lo que consideraba una farsa: la protección de barrabravas prófugos, con propiedades, dinero, vehículos y hasta un helicóptero.

Espectacularidad de domingo

De Campos libró la orden de detener a Migliore dentro del vestuario del Nuevo Gasómetro al final del partido de San Lorenzo con Newell’s. La idea era hacerlo incluso delante de los demás integrantes del plantel. También ordenó que se requisara un locker en el vestuario, se le secuestraran los celulares y, eventualmente, un iPad.

La medida produjo fuerte controversia, al punto de que se presentó algún juez, allegado a San Lorenzo, para impedir que la detención se concretara. Ni siquiera a la policía le gustaba lo resuelto por el juez: los uniformados hasta pensaron que podría haber alguna resistencia de la barra brava de San Lorenzo, por lo que se movieron numerosos efectivos. Lo mejor, pensaron los uniformados, era detener a Migliore en su casa, en horas de la noche o en la mañana de ayer.

Después de largas discusiones y una enorme demora, la detención se concretó y Migliore salió del Nuevo Gasómetro con las esposas puestas.

Un lunes sin atenuantes

Cuando el arquero de San Lorenzo amaneció en la División Investigaciones de la Policía Federal, en General Paz y Madariaga, en Villa Lugano, su suerte ya estaba echada. Lo visitó uno de sus dos abogados, Matías Morla, mientras que el otro, Víctor Stinfale, se presentó en el juzgado de De Campos, adonde el magistrado llegó temprano. Los letrados tuvieron claro desde el principio que Migliore terminaría la jornada en la cárcel de Ezeiza. Stinfale y Morla resolvieron que el arquero no declare. No iba a cambiar nada.

Es que la lógica es de hierro desde el punto de vista judicial: De Campos dice que el arquero ayudó a Mazzaro a mantenerse prófugo y, en caso de dejar en libertad al guardapalos, éste seguiría brindando su colaboración al número dos de la barra brava de Boca. En términos legales, Migliore entorpece la investigación, una de las causales para mantener a alguien privado de la libertad.

“Si se entregaran Mazzaro y el otro prófugo, Daniel Whebbe, las cosas cambiarían, porque ya no habría peligro de que siga entorpeciendo. Muerto el perro se terminó la rabia”, dicen en el juzgado. El mensaje es claro: que se entreguen los prófugos que Migliore y otros están protegiendo.

El homicidio

Aunque los hechos se conocen, el encuadramiento del caso por parte del juez es categórico. Gustavo Petrinelli, cuñado del jefe de la barra brava de Boca, Mauro Martín, tuvo una pelea barrial con Ernesto Cirini, su vecino en Liniers. Ocurrió en agosto de 2011 y el litigio fue por un perro que orinaba en un lugar inadecuado. En el medio de la controversia, Petrinelli llamó a Martín y éste llegó a la esquina de Pieres y Caaguazú. Los barras se movieron en dos Volkswagen Bora y el líder, Martín, hasta le dijo a su cuñado: “¿Para esta boludez me llamaste?”.

La discusión derivó en pelea y Cirini –según dice la autopsia– murió 48 horas más tarde producto de cuatro golpes mortales. Como es imposible saber quién pegó exactamente cada golpe, todos quedaron imputados: Mauro Martín, su cuñado Petrinelli, Mazzaro y Whebbe, estos dos últimos prófugos. El dominio del hecho lo tuvieron los cuatro que participaron y la intención fue matar, porque los golpes fueron tremendos. El juez no calificó lo ocurrido como homicidio en riña, que es cuando la muerte es en una pelea más o menos pareja: aquí fueron cuatro contra uno. Homicidio doloso, dijeron el magistrado y el fiscal al unísono.

La patota

Desde que empezó el caso, el juez se encontró con una trama de abrumadora impunidad: a Mazzaro le proporcionaron dinero, vehículos, celulares, lugares de vivienda para que eludiera a la Justicia. Pero, además, los imputados exhibieron una virulencia llamativa. Por ejemplo, Mauro Martín fue al juzgado, pateó la puerta, rompió la cerradura y patoteó a los funcionarios.

El otro imputado por encubrimiento, Maximiliano Levy, volvió del partido de Boca Juniors en Ecuador y la policía estaba esperando para detenerlo. Lo insólito es que en los minutos que tardó el avión en desplazarse desde la pista de aterrizaje hasta el estacionamiento, Levy encendió su celular y recibió cinco llamadas advirtiéndole que la policía lo esperaba. Las alertas terminaron con el desplazamiento de un comisario, pero mostraron los niveles de cobertura que tienen los barras.

Según las escuchas telefónicas, Martín sigue manejando desde la cárcel los operativos de sus hombres en la barra brava. Da instrucciones de quién debe ponerse en tal lugar, cómo financiar las actividades, con quién manejarse en el plano directivo de Boca, los vehículos a utilizar y casi todos los detalles de las operaciones de ese sector de la barra.

Hay un dato que impresiona. Antes de ser detenido, Maximiliano Levy utilizaba un helicóptero para resolver cuestiones relacionadas con la barra de Boca. Eso denota el poderío económico con el que se manejaban.

Frente a esa ecuación de dinero, contactos, vehículos, departamentos y hasta un helicóptero, el juez decidió poner fin a lo que consideró una tomadura de pelo, en la cual los protagonistas estaban tapando y permitiendo que imputados por homicidio se mantengan prófugos.

Ayer Stinfale, en la puerta del juzgado, casi admitió lo ocurrido: “Es difícil resistirse a prestarle dinero o un vehículo a una persona de la barra del club en la que el jugador jugó”. Se refería obviamente a Migliore y Mazzaro.

El próximo paso

Ante semejante cuadro probatorio, Stinfale y Morla decidieron no presentar el pedido de excarcelación. Sabían que el juez argumentaría que así como Migliore protegió a Mazzaro hasta ahora, lo seguiría encubriendo –obstaculizando la Justicia– en caso de quedar en libertad. Por lo tanto, los letrados resolvieron esperar a la próxima instancia, que es una audiencia ante la Cámara del Crimen. Esa audiencia de la Sala VII se concretará mañana, miércoles.

A raíz de la orden de captura, Mazzaro presentó un pedido de eximición de prisión, con el objetivo de presentarse en el juzgado, pero con la garantía de no quedar preso. El magistrado, con el respaldo del fiscal Madrea, rechazó el pedido. El abogado del barra decidió entonces apelar esa medida y eso es lo que debe resolver la Sala VII.

Hay cosas insólitas en el planteo de Mazzaro. Por ejemplo, dice que no se presentó hasta ahora porque está de vacaciones. Manifiesta que es empresario y que por eso cuenta con tantos días –desde enero– sin obligaciones laborales. Esto también fue tomado por el juez como una tomadura de pelo.

Lo cierto es que si la Cámara del Crimen exime de prisión a Mazzaro, la situación de Migliore cambia totalmente. El barra deja de estar prófugo y no existiría el peligro de que el arquero lo encubra. Por ello es que Stinfale y Moral decidieron esperar al miércoles. Saben que antes tienen pocas chances: el juez no va a excarcelar a Migliore, y la audiencia de Cámara parece ser el camino más corto.

Lo que viene

La detención de Migliore deja planteados dos temas para el futuro inmediato:

l El proceso judicial por el homicidio mismo. El hecho concreto es que una patota de la barra de Boca le pegó una brutal paliza a un vecino cuyo único problema fue tener un perro que hizo sus necesidades en el lugar menos oportuno. Vendrá, por supuesto, una batalla judicial en que los imputados dirán que no quisieron matar, que todo fue una desgracia, que cayó mal y otros argumentos. Afrontan un problema: cuando una muerte de ese estilo se produce por accidente, lo que provoca el deceso es un solo golpe. Por ejemplo, contra el cordón de la vereda. La autopsia dice algo distinto –cuatro golpes mortales– y por eso el juez mantendrá la calificación de homicidio doloso, con penas que van de ocho a 25 años de prisión.

l El segundo aspecto es el de la trama del encubrimiento, pero sobre todo la estructura que les permite a integrantes de la barra brava poner protección, dinero, vehículos, alojamiento, información policial y hasta un helicóptero al servicio de que un imputado por homicidio se escabuya de la Justicia. Queda la duda, por ejemplo, de si el magistrado va a buscar las complicidades de dirigentes en semejante organización. Lo que sí parece claro es que De Campos y el fiscal Madrea perdieron la paciencia, se cansaron de que les jugueteen delante de las narices.

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