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El jueves por la noche el juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez se preparaba para salir a cenar con sus amigos. Justo antes de atravesar la puerta, vio a unas veinte personas paradas frente a su casa que lo repudiaban. “Me insultaban a mí y a mi pobre madre, que tiene 93 años. Ante eso, no pude salir de mi casa. Fue un momento muy desagradable”, narró el cuestionado magistrado, que reaccionó ante el escrache con una denuncia judicial. Vázquez acusó a los manifestantes de “amenazas y privación ilegal de la libertad”. La denuncia recayó en el Juzgado de Norberto Oyarbide.
La comisaría de la zona instruyó una causa por “daños” a raíz de las pintadas que se estamparon en el frente del domicilio del magistrado. Pero a Vázquez no le alcanzó. “No los identificaron... habiendo labrado actuaciones por daños, no procedieron a identificar a quienes los habían producido. Me llamó la atención la actitud pasiva de la policía”, indicó el ministro que llegó al máximo tribunal de la Nación en 1995 y se definió como amigo del entonces presidente Carlos Menem. Según el relato que hizo el mismo juez, entre otras cosas, los manifestantes le gritaban “salí que te vamos a matar”.
Vázquez separó este hecho del cacerolazo que se había realizado por la tarde –y por octava semana consecutiva– frente al palacio de Tribunales para pedir el juicio político de los nueve miembros de la Corte Suprema. “Vinieron específicamente a mi casa, no tenía nada que ver con la manifestación de la tarde.” En cambio el juez interpretó que el “escrache” era “una represalia” por las declaraciones públicas que había hecho esa mañana. El jueves, por radio La Red el ministro había asegurado que no pensaba renunciar y que la jubilación “es un derecho al que algún día tendré que acogerme, si es que no me muero antes”, concluyó. También intentó aclarar con una muletilla ya gastada por él mismo que cuando dijo que era amigo de Menem se refería a que no era su enemigo. Será por eso que defendió su nombramiento “porque (Menem) no va a poner (en la Corte) a alguien que no esté de acuerdo con él”.
Esa misma mañana el juez afirmó que no tenía “miedo de ninguna manera” a las protestas y reconoció que “la gente está enojada con toda razón”, aunque “a veces extienden estos enojos en forma justificada y a veces extienden estos enojos en forma injustificada”. También se ufanó de haber pasado indemne a través de la fila que se formó en esta semana para presentar amparos contra el corralito financiero. “Los que no me conocen no me dicen nada, y los que me conocen hasta ahora me han saludado.”
Vázquez fue el juez que más duro contestó al pedido de la Comisión de Juicio Político sobre los datos administrativos (entre otras cosas, presupuestos, viáticos y nombramientos) de la Corte Suprema. El ministro respondió con una chicana: reclamó un informe sobre el funcionamiento interno del cuerpo legislativo, presupuestos, cantidad y nombres de asesores y empleados permanentes, temporarios o contratados, y un detalle de los pedidos de desafuero contra legisladores nacionales promovidos desde el año 1990 hasta hoy.
Vázquez y sus colegas recibieron una nueva crítica, esta vez desde dentro del poder judicial. El defensor Oficial de Cámara Hilario Lagos los acusó de llevar a la Justicia “al peor desprestigio de su historia”.
Lagos formuló estas afirmaciones en una nota remitida a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) en la que calificó de “lamentable” una resolución de ese organismo que había criticado el proyecto legislativo que plantea la cesantía de aquellos jueces que hayan gestionado –y obtenido– la jubilación. “¿Qué se está defendiendo?, ¿una cáscara vacía, la criminalización de la miseria, o nuestros propios privilegios?”, se preguntó.