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“Hubo una intención del comisario inspector (Orlando) Oliverio de salir esa tarde a matar gente que estaba en la zona de las manifestaciones populares.” A esta conclusión llegaron los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers y por eso pidieron el procesamiento y la prisión preventiva de ese policía como autor del homicidio de Alberto Márquez, ocurrido el 20 de diciembre durante la masacre desatada por el gobierno delarruista en retirada. Solicitaron la misma medida en relación a otros cinco uniformados, a los que consideraron partícipes necesarios. Todos ellos integraban la División Asuntos Internos de la Policía Federal y, según los fiscales, “lejos de haber cumplido con su misión de observar a sus pares partieron de la Central del Departamento con una escopeta en cada vehículo”. Los querellantes apoyaron esta decisión de la fiscalía pero expresaron sus reservas. Temen que la investigación se limite a determinar las responsabilidades policiales y no avance sobre las políticas (ver aparte). En tanto, los seis acusados pidieron ser indagados –al ser detenidos se habían negado a declarar– y la jueza María Servini de Cubría los interrogó ayer.
Márquez, un puntero justicialista de 57 años, fue asesinado el 20 de diciembre a las 19.30 en la esquina de 9 de Julio y Sarmiento. Los fiscales establecieron que esa muerte se produjo por los disparos de escopetas calibre 12/70 provenientes de varios móviles de Asuntos Internos de la Policía Federal, que se apostaron en el lugar. Allí también resultó herido Martín Galli, un joven estudiante de Literatura que recibió un disparo en la nuca, sobrevivió aunque aún tiene dificultades para mover las piernas y tiene la bala alojada en el seno frontal.
Comparatore y Evers habían pedido la detención –que luego ordenó la jueza– de Oliverio y de Carlos López, Guillermo Galdame, Eugenio Figueroa, José María Bercovich y Horacio Barrios. Cada uno estuvo a cargo de un móvil policial sin identificación, en compañía de dos personas de inferior jerarquía. Esos vehículos salieron del Departamento de la mencionada división, ubicado en la calle Hortiguera. “La finalidad de Asuntos Internos en su esencia es la de controlar al personal policial apostado en las calles de esta ciudad, es decir que su misión, en esa fecha trágica por los graves abusos cometidos por parte del personal policial, era precisamente la de observar a sus pares”, escribieron los fiscales. Cargaron las escopetas con municiones de Propósito General, es decir letales, por lo cual Comparatore y Evers afirmaron que eso “da la pauta que de antemano” Oliverio tuvo la intención de salir a matar. “Si las municiones hubieran sido de goma tampoco estaba dentro de sus funciones tenerlas en su poder”, señalaron. Y agregaron que “nada tenía que hacer en ese lugar la División Asuntos Internos, y si bien hubo posteriormente actos de violencia, los destrozos en esa zona fueron posteriores y producto justamente de esa matanza indiscriminada”.
Para elaborar este dictamen los fiscales analizaron todas las pruebas recogidas durante la investigación. De la autopsia de Márquez se deduce que murió por la lesión de un proyectil de arma de fuego en el tórax, con hemorragia interna. Los vehículos –una camioneta Ford Ranger gris plata doble cabina, un Fiat Palio rojo, un Peugeot 504 blanco y otro Palio color gris– fueron vistos por muchos manifestantes en la zona del Obelisco y Avenida de Mayo. “Iban por Hipólito Yrigoyen haciendo chirriar las ruedas, aceleraban, de golpe frenaban para mirar y volvían a arrancar”, relató un cronista de este diario que el 20 a la tarde vio la camioneta gris.
El abogado Claudio Pandolfi y otros seis testigos, entre los que se encuentra la compañera de Márquez, describieron que los manifestantes estaban descansando en la plazoleta ubicada entre 9 de Julio, Cerrito, Perón y Sarmiento cuando aparecieron los autos a toda velocidad, con vidrios polarizados y sirenas en el techo. Frenaron y se abrieron enabanico, tras lo cual bajó una persona de cada vehículo, sin uniforme y con chalecos antibala que llevaban la inscripción PFA (Policía Federal Argentina). “Fueron por lo menos cuatro policías que se bajaron a disparar, tenían armas largas y uno de ellos se apoyó en la caja de la camioneta para tirar”, indicó uno de los testigos. “Cuidado, viene la policía, tírense al suelo”, contó que escuchó una amiga de Márquez, Susana González, que también fue testigo. Observó que “Márquez cayó al suelo arrodillado, desplomándose sobre sus piernas, boca arriba, sin reaccionar y vomitando sangre”, y que a pocos metros “producto de esos disparos cayó un joven con el cabello rasta”. Era Martín Galli.
Tres mujeres reconocieron en rueda de detenidos a los imputados Barrios y Galdame, mientras que un testigo identificó a Oliverio, entre veintiocho fotografías, como quien disparaba sobre la camioneta. Además, este comisario inspector, que revistaba como número tres de Asuntos Internos, aparece claramente en un video efectuando dos disparos. En las imágenes se nota “un fogonazo en cada disparo color rojizo amarillo”, lo cual no deja dudas a los fiscales en cuanto a la utilización ilegal de cartuchos con balas de plomo, denominados de Propósito General.
La jueza Servini de Cubría amplió ayer las indagatorias de estos seis policías, a pedido de ellos. Esta vez respondieron preguntas, lo cual “complicó el panorama”, comentó a Página/12 una fuente judicial. Por lo tanto, la magistrada indagará a más policías de Asuntos Internos, una división que fue elevada de rango durante la gestión de Rubén Santos. Y recién después resolverá la situación procesal de los imputados. Los fiscales pidieron, además, que sean detenidos e indagados otros doce policías como presuntos partícipes secundarios del asesinato de Márquez y de las lesiones de Galli.