Con los cambios que introdujo a los proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura y abrir el “acceso igualitario a la Justicia”, el oficialismo consiguió apaciguar las “preocupaciones” de los jueces, transmitidas a través de la Corte Suprema de Justicia, pero no logró sumar voluntades de la oposición para respaldar las iniciativas con que el Gobierno aspira a “democratizar” el Poder Judicial. El texto que el kirchnerismo llevará hoy al recinto de Diputados sobre el Consejo de la Magistratura propone la ampliación de sus miembros y su elección por el voto popular –como preveía el proyecto original–, pero mantiene el manejo del presupuesto judicial en manos de la Corte, un cambio respecto de la media sanción en el Senado que, de aprobarse en la Cámara baja, forzará un nuevo tratamiento de los senadores para transformar la iniciativa en ley. Lo mismo –pero invirtiendo el orden de las cámaras–- sucederá con el proyecto de acceso igualitario al sistema judicial: ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta prevé modificarlo para que los jueces puedan seguir designando a sus colaboradores inmediatos. El abanico opositor –UCR, PJ disidente, PRO, FAP y CC– mantendrá su rechazo a la modificación del Consejo, porque considera que es “anticonstitucional” y que “partidiza la Justicia”. Igual postura tendrán frente al proyecto que crea nuevas Cámaras de Casación y al que regula las medidas cautelares contra el Estado.

Esa discusión se mantendrá hoy en el recinto, en una sesión que amenaza con prolongarse hasta altas horas de la madrugada del jueves y que hasta podría desdoblarse en dos jornadas. El kirchnerismo y sus aliados cargarán con la conformación del quórum para abrir la sesión especial al mediodía, aunque sin holgura. En el oficialismo están “confiados” en que las modificaciones a los proyectos terminarán de vencer algunas resistencias y que conseguirán la mayoría calificada de la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara (129 diputados) para aprobar la modificación al Consejo de la Magistratura, y aprobar también los otros proyectos.

La oposición también aspira a realizar un buen papel, en el recinto y en las calles. Aunque con diferencias, el grueso del arco opositor esta vez tratará de retener a sus legisladores en sus bancas a la hora de la votación para mostrar a un oficialismo “solo”, enfrentado al resto del cuerpo. Afuera, frente al Congreso, esperan una “importante” convocatoria contra los proyectos del Gobierno, a la que se sumarán columnas de la CGT y la CTA opositoras.

La carta

La misiva que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su segunda, Elena Highton de Nolasco, le enviaron al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, motivó una reunión de urgencia el lunes en Casa Rosada: participaron la Presidenta, el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y los principales referentes parlamentarios del FpV en la Cámara baja. Allí se gestaron las modificaciones en dos de los seis proyectos que debate el Congreso.

La nota de Lorenzetti, fechada el 18 de abril, reproduce la carta que el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, envió a la Corte para expresar la “preocupación” de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país sobre los proyectos oficiales para democratizar la Justicia. Allí, Hornos define dos ejes centrales de “preocupaciones”. Uno, que se traspasen “las facultades técnico-administrativas” sobre el sistema judicial –hoy en manos de la Corte– a la órbita del Consejo de la Magistratura. Y dos, que se modifique el sistema de selección de empleados que afecta a la “indispensable absoluta confianza entre el magistrado y sus colaboradores”.

Las modificaciones del Ejecutivo fueron en la misma línea que la “preocupación” expresada por jueces y cortesanos. La diputada Diana Conti abrió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara baja leyendo la carta de Lorenzetti. Pero detalló los cambios en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura después de que culminaron de exponer los invitados –expertos, asociaciones y ONG vinculados con la Justicia–, además del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez.

La principal modificación es que se mantiene la elaboración y el control del presupuesto del Poder Judicial en manos de la Corte, mientras que el Consejo de la Magistratura administrará sólo sus propios recursos y ya no los de todo el sistema, como decía el texto original.

Alak y Alvarez defendieron ante los diputados la iniciativa que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El ministro lo hizo en términos políticos. Luego de un repaso histórico sobre las dificultades para afianzar la democracia en el país, Alak sostuvo la necesidad de “retomar la senda democrática en el Poder Judicial”. Frente a “jueces y abogados” que “promueven representación corporativa”, la iniciativa del Gobierno –dijo– apunta a “que sea el pueblo quien elija a los representantes” del Consejo de la Magistratura. “El Poder Judicial no es de los jueces y abogados, es del pueblo, por eso la elección en forma directa” de los consejeros, argumentó.

De aprobarse, el nuevo Consejo tendrá 19 integrantes: 6 por los jueces y abogados, 6 por los académicos y 6 legisladores, además del representante del Ejecutivo. Su elección a través de las listas de partidos en los comicios nacionales se repartirá proporcionalmente entre la mayoría y la primera minoría, según el resultado electoral.

Alak también defendió la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y las reformas introducidas por el Senado para garantizar “la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad”. Agregó que la mayoría de las provincias “tienen su Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde uno de sus capítulos son las cautelares reguladas de una manera especial. Una norma que el gobierno federal no tiene”.

Luego, el ministro sostuvo que las tres nuevas Cámaras de Casación (en los fueros federales Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, y Laboral) ayudarán a descomprimir a una “Corte saturada de expedientes, que trata entre 13 y 20 mil al año, mientras la Corte de los Estados Unidos revisa 80 por año”.

Los rechazos

Las modificaciones aceptadas por el oficialismo no cambiaron las posturas de las bancadas opositoras, que en el último tramo del debate se pronunciaron por el rechazo de los tres proyectos que hoy se discutirán en el recinto, tras haber obtenido dictámenes de mayoría en el plenario de comisiones.

El radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que más allá “del súbito cambio de opinión del oficialismo”, los proyectos buscan “dominar a la Corte y al Poder Judicial” y además apuntan a “una partidización completa de la Justicia”. El macrista Pablo Tonelli y el peronista anti K Gustavo Ferrari coincidieron en tildar de “inconstitucionales” las iniciativas del Ejecutivo: “Queremos una Justicia con independencia y una democracia con república”, lanzó como un slogan el denarvaísta. Omar Duklos, del FAP, anticipó el rechazo. Liliana Parada, de la UP-FAP, en cambio, cuestionó al oficialismo “por no ir contra la corporación judicial como había expresado”.

Elisa Carrió, fiel a su estilo, dio espectacularidad a su intervención al denunciar un “pacto espurio entre el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Nación”. “Siempre sospeché de Lorenzetti –dijo–, espero que el resto de la Corte no esté en este pacto.” Carrió lanzó ahí otra denuncia mediática, al sostener que el Gobierno acordó con la Corte cambiar “el dinero (del presupuesto judicial) y el manejo del personal por un fallo favorable en la ley de medios o por rechazar los juicios por el cepo cambiario”. Luego se levantó y se fue, desacostumbrada a permanecer hasta el final de un plenario, en busca de un lugar en los medios.