Con los retoques a dos de las propuestas de reforma judicial que ayer admitió el oficialismo en Diputados, la Corte Suprema se anotó un triunfo. Por empezar, logró frenar el traspaso de la ejecución y el manejo del presupuesto del Poder Judicial, la fijación de la política salarial y otras cuestiones administrativas a la órbita del Consejo de la Magistratura. También consiguió introducir una excepción en el proyecto para ingreso igualitario a tribunales: para ser nombrado secretario de un juzgado no hará falta dar examen, bastará con la bendición del juez. Los cambios sobre los textos originales reflejan el reclamo que los presidentes de las cámaras federales de todo el país hicieron en un escrito, donde alertaban sobre el riesgo de “parálisis” en la Justicia. Ese documento fue enviado casi como propio por la Corte al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, y a la vez fue girado a la Casa Rosada, que mandó señales conciliadoras. Las modificaciones también fueron fruto de las conversaciones entre la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Ayer a la noche, en la Corte se abstenían de opinar sin conocer la letra final, pero se advertía satisfacción. Los supremos venían analizando, y lo habían dejado trascender, declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas que afectaran el ejercicio de sus facultades. Una decisión de ese tenor preanunciaba un conflicto de poderes. En el tribunal no niegan que la Constitución reconoce funciones administrativas al Consejo de la Magistratura pero, en palabra de uno de los jueces supremos, “hay una disfunción porque en la realidad esto nunca funcionó bien”. En la Corte dicen que el propio Consejo les traspasó funciones. Hoy el alto tribunal fija salarios y ejecuta el presupuesto. El Gobierno quería cambiarlo, pero lo reconsideró.

Justo el día después de que la Presidenta anunciara el paquete de reformas judiciales, se hacía la reunión mensual de Lorenzetti con la llamada Junta de Presidentes de Cámara de todo el país, que aprovecharon para hacer catarsis. Lorenzetti dijo a más de veinte camaristas que la Corte no podía opinar sobre los proyectos de ley, pero que ellos y las asociaciones sí podían hacerlo. En una cena, con el presidente de la Corte presente, se avanzó en la idea de un documento que pusiera en cuestión las propuestas del oficialismo. A la semana siguiente, en un nuevo encuentro se terminó de consensuar un documento.

Quedó con el formato de una presentación de los jueces dirigida a la Corte Suprema. Cuestionaba tres aspectos: el traslado de facultades administrativas, presupuestarias, de la Corte al Consejo; el reemplazo de la mayoría de dos tercios por una mayoría simple para acusar o elegir jueces, y que el plan de ingreso democrático al Poder Judicial incluyera examen para secretarios de los jueces, sin que puedan elegir la gente de su confianza. Una segunda versión de esa nota, firmada por Gustavo Hornos, como titular de la Cámara de Casación, y de la Junta de Presidentes de Cámara, fue enviada por Lorenzetti y su vice, Elena Highton de Nolasco, a Domínguez y a la Presidenta. Pero estaba depurada, y excluía la discusión por las mayorías. Al no ser “una valoración general de la reforma” ni referirse a “la constitucionalidad de sus normas”, la Corte dice que le pareció “prudente” mandarla al Congreso.

La carta reconoce a la Corte Suprema (no al Consejo) como máxima autoridad judicial. Advierte sobre la “preocupación” por “las reformas legislativas propuestas en cuanto disponen el traspaso de facultades técnico-administrativas de la Corte al ámbito del Consejo de la Magistratura, órgano éste que de aprobarse el proyecto de ley respectivo será el encargado de fijar la política salarial, disponer la asignación de contratos que lo requieran, designar magistrados subrogantes y ejecutar el presupuesto de este Poder Judicial”.

Todas esas funciones, sostiene, requieren “celeridad en su instrumentación” e “inmediatez entre los magistrados”. La Corte lo cumple, dice el texto, pero el Consejo tiene “una estructura parlamentaria típicamente alejada de la agilidad y celeridad que requiere la tarea ejecutiva”. Por lo tanto, el mensaje es que si se aprueba el proyecto original de reforma del Consejo “se produciría una paralización del Poder Judicial”. En el tramo final dice que todos están de acuerdo con el ingreso por concurso al Poder Judicial, pero que “es necesario que un porcentaje de las designaciones sea efectuado directamente por los magistrados” que necesitan “confianza con sus colaboradores”.

Como primera reacción, la Asociación de Magistrados, que representa a la corporación de jueces, consideró “correcto que no se sustraigan facultades implícitas de la Corte”, en palabras de su titular Luis Cabral. “Pero seguimos cuestionando la partidización del Consejo con una mayoría absoluta de un solo color político”, aclaró. Hornos no respondió los llamados de este diario. Otros camaristas se quejaron de que el texto enviado a Diputados no era el que ellos habían firmado. En la Corte insistían con estos conceptos: “no estamos discutiendo plata”; “no estamos presionando al Ejecutivo, sólo le hicimos saber la posición de las cámaras y los problemas operativos”; “sólo transmitimos una preocupación”. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que la mayoría de las propuestas eran “aceptables”.