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Polino defiende a los consumidores y usuarios de bienes y servicios de la acción depredadora que llevan a cabo los grandes grupos del poder económico; de las empresas privatizadas de servicios públicos que, no obstante haber recibido miles de millones de pesos en subsidios, no hicieron las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad; de los bancos y tarjetas de crédito, que cobran intereses usurarios, y cargos fraudulentos; de las empresas de telefonía celular que desde hace décadas vienen cometiendo todo tipo de anomalías, y que de acuerdo con el informe de la Auditoría General de la Nación del 30 de agosto de 2012, “no se han constatado medidas tendientes a proteger a usuarios y consumidores por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor”; de las empresas de medicina prepagas, a las que el Poder Ejecutivo Nacional les autoriza aumentos en las cuotas con efecto retroactivo, violando la ley 26.682; de las grandes cadenas de supermercados que aumentan los precios injustificadamente.

Polino defiende a los consumidores y usuarios porque existen muchos funcionarios públicos corruptos, e ineficientes, que no cumplen con sus obligaciones de defender a los sectores más débiles en la relación de consumo, permitiendo todo tipo de atropellos y violaciones a los más elementales derechos y garantías establecidos en las normas legales vigentes.

Para tener “algún protagonismo en las próximas elecciones”, Polino no necesita hacer relevamientos de precios, porque ya en 1960 fue elegido concejal municipal; en 1983 el presidente Raúl Alfonsín lo designó secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación en 1993, el pueblo lo eligió diputado nacional, cargo en el que permaneció durante 12 años; en 2005, el presidente Néstor Kirchner le ofreció la Presidencia del Instituto Nacional de Economía Social, y en 2006 le ofreció la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, cargos que no aceptó, permaneciendo en el llano.

Los relevamientos de precios se hacen porque lo manda la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en su art. 56, inc. G., y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en lugar de sancionar a las grandes empresas que forman y distorsionan los precios actúa “con mucha valentía” con una modesta entidad que desde hace 20 años viene desarrollando un trabajo social con un equipo de voluntarios.

Por último, en cuanto a la tarjeta Súper Card, si el gobierno nacional considera que las comisiones que hoy cobran los bancos son altas, y efectivamente lo son, lo que hay que hacer es enviar al Congreso un proyecto de ley reduciendo las comisiones en las tarjetas de crédito del 3 al 1 por ciento, y las de débito del 1,5, a la que se considere más conveniente. Este procedimiento es mucho más simple, menos engorroso, y sin ningún costo, que imprimir y distribuir la tarjeta Súper Card. Además, la ley obligaría a todas las demás tarjetas a bajar las comisiones, pudiendo continuar operando como hasta ahora.

* El autor es fundador y representante legal de Consumidores Libres y está respondiendo a una nota publicada ayer por la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Pimpi Colombo.