El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; sus ex aliados radicales Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra y hasta la senadora de su propio partido, María Eugenia Estenssoro. Ninguno se salvó de las acusaciones que desparramó la diputada Elisa Carrió durante la sesión de ayer, en la que denunció un gran pacto perpetrado por Lorenzetti, quien habría “entregado a los jueces independientes de la Nación” a cambio de retener “la caja” del Poder Judicial. “Vengo a acusar al presidente de la Corte de un pacto espurio, la Presidente (Cristina Fernández) le da la caja, le da más de lo que dice la Constitución. A cambio, Lorenzetti le puede dar sentencias”, sostuvo Carrió. Sus palabras provocaron la reacción unánime de los siete miembros de la Corte en defensa de su titular y el rechazo de sus compañeros de la oposición. “No se me puede ensuciar a mí con ningún pacto porque es conocido mi trabajo y mi trayectoria. Muchas de las personas a quienes acusa (Carrió) son personas de bien. Lo que debilita a la oposición es que nos peleemos entre nosotros”, se defendió Estenssoro.

Cuando le faltan meses para renovar su banca de diputada y a días de haber anunciado una alianza con el líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, la ex titular de la Coalición Cívica echó mano a uno de sus recursos habituales y consiguió el protagonismo que no tuvo ayer ningún otro diputado. La chaqueña denunció lo que calificó como una serie de negociaciones secretas a través de las cuales el presidente de la Corte habría pactado con el kirchnerismo, con complicidad de parte de la oposición, modificaciones en los proyectos de reforma del Poder Judicial, que anoche seguían debatiéndose en Diputados y que de aprobarse podrían volver al Senado para su sanción (ver página 5).

“El señor Lorenzetti junto con Elena Highton de Nolasco remitieron un escrito de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales del país. Las reuniones se hicieron en un restaurante de Puerto Madero. Pero el texto no lo firmaron todos, sino sólo Gustavo Hornos (presidente de la Junta). Cuando uno lee el texto final curiosamente sólo se habla de la caja”, advirtió Carrió.

La chaqueña se refería a la carta de la Junta de Cámaras Nacionales y Federales, enviada por medio de la Corte al Congreso, donde advertía sobre el peligro de “una verdadera parálisis del Poder Judicial” en caso de aprobarse los proyectos del oficialismo tal como estaban redactados. Ante ese escrito, el kirchnerismo decidió introducir cambios, devolviéndole a la Corte las facultades administrativas que tenía (ejecución del presupuesto, política salarial, contratos, designación de subrogantes, inversiones).

Pocas horas después del discurso de Carrió, la Corte Suprema en pleno reaccionó en defensa de su presidente. Con la firma de todos sus integrantes, el máximo tribunal difundió un comunicado en el que aseguraba que “fue una decisión unánime” adoptada entre ellos la de enviar a la Cámara de Diputados la nota de la Junta de Cámaras Nacionales y Federales.

Además de las facultades administrativas, la Junta pedía excepciones en el ingreso por concurso al Poder Judicial: “Es necesario que un porcentaje de las designaciones sea efectuado directamente por los magistrados” que necesitan “confianza con sus colaboradores”.

Carrió aseguró como “novedosa prueba irrefutable” de su denuncia algo que varios diarios (entre ellos éste) ya habían publicado:que la carta difundida de la Junta tenía un párrafo faltante, en donde los magistrados criticaban el cambio de las mayorías necesarias para tomar algunas decisiones en el Consejo de la Magistratura y acusó a Gil Lavedra, quien en la reunión de comisión dijo que podría postergarse la lectura de ese texto, de ser partícipe junto con la diputada kirchnerista Diana Conti, de esa supuesta maniobra. “Algo raro se estaba gestando. ¿Por qué no lo mostraron si todo era transparente? ¿Querían que nadie se diera cuenta que habían pactado caja?”, lanzó Lilita. Más allá de las “revelaciones” de Carrió, en la Corte Suprema –tal como publicó Página/12– ya habían explicado el martes que no incluyeron en la carta enviada al Congreso asuntos que pudieran ser luego judicializables. La breve respuesta del máximo tribunal tuvo una referencia elíptica a ese punto cuando manifestó su “obligación constitucional de abstenerse de opinar en temas que están en tratamiento en el Congreso o que pueden ser materia justiciable”. Para reforzar esta idea y contrarrestar algún malestar al interior del Poder Judicial, la Corte también difundió ayer una serie de notas de presidentes de Cámaras que respaldaban la gestión que Lorenzetti había hecho en el Congreso.

La chaqueña les apuntó a sus compañeros de la oposición por no advertir, como ella, sobre la maniobra que denunciaba, en la que también incluyó a unos cuantos dirigentes no kirchneristas: “Tenemos una oposición naïf, que se iba a la carpa mientras nos entregábamos a este pacto”, dijo Carrió, en referencia a la carpa instalada en las afueras del Congreso y mencionando con nombre y apellido al radical Ricardo Alfonsín. También la ligó el líder del PRO, Mauricio Macri: “Hubo muchos acuerdos en el Consejo de la Magistratura. El concurso 140 fue votado por (el consejero Alejandro) Fargosi en un acuerdo con Macri con el gobierno”. Y ni siquiera la única senadora que tiene la Coalición Cívica se salvó de las acusaciones. “Es lo mismo que cuando votaron a (la procuradora general, Alejandra) Gils Carbó. ¿O el señor (Ernesto) Sanz no sabe quién es Gils Carbó? Y ahí está incluida la senadora María Eugenia Estenssoro”, remató Carrió, que en los pasillos del Congreso deslizó que por ese motivo no se habla más con la senadora, que forma parte de una alianza opositora competidora de la encabezada por Carrió-Solanas.

El rechazo a las palabras de Carrió fue sumando voces tanto de la Justicia como de la política. Al ser consultado sobre lo que dijo Carrió, Macri prefirió no hablar de las acusaciones en su contra: “Creo en el presidente de la Corte, que está defendiendo la independencia de la Justicia y que ha reclamado con claridad y con firmeza los puntos que estamos todos de acuerdo que son estas tres de las seis reformas que se plantean y que van en contra del funcionamiento del Poder Judicial”. Gil Lavedra eligió el mismo camino que el líder del PRO y dijo que tiene “un excelente concepto” del Máximo Tribunal, en tanto la diputada del peronismo opositor Graciela Camaño dijo no estar de acuerdo con Carrió, al igual que Francisco De Narváez, quien dijo que “para denunciar hay que poder demostrar”. “Que pueda haber conversaciones es legítimo, pero si hay un pacto y hay evidencia de ello, ella debería denunciarlo y debería proveer las pruebas”, expresó en alusión a Carrió.

Los radicales, enojados, se cansaban de cuestionar las recurrentes acusaciones de su ex aliada. “Carrió lo que hace es demagogia opositora. Es la vocera pública de las operaciones de la SIDE del cristinismo”, sentenció un envenenado dirigente radical. “Este era un quilombo entre el Gobierno y la oposición y con esto metió en el bardo a la Corte. Lilita sale con el lanzallamas y se lleva puesto todo. Salir a pegarle a la Corte no tiene sentido”, sostuvo un diputado de fluidos contactos con el Poder Judicial.