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Al cierre de esta nota, bien pasada la medianoche del miércoles, seguía el fragoroso debate en Diputados, referido al primero de los tres proyectos de ley incluidos en el orden del día. Oficialistas y opositores daban por hecho que el Frente para la Victoria (FpV) conseguiría la mayoría especial necesaria, 129 diputados, para reformar el Consejo de la Magistratura. Los 132 legisladores que dieron quórum apenas pasado el mediodía se reducirían a 131 “de fierro” que el oficialismo contaba desde anteayer. El histriónico diputado Alfredo Olmedo (del bloque Salta somos todos) se sentó también temprano, su regla es dar quórum.

El clima dentro y fuera del Congreso tenía algo de imperfecto “déjà vu”, evocando como una copia borrosa al conflicto de las retenciones móviles.

Las muchedumbres que acompañaron a las entidades agropecuarias fueron remedadas por un número abrumadoramente menor de manifestantes. Su integración abarca un abanico ideológico casi indescifrable. Se instaló una insólita Carpa Blanca, conformada por quienes (en su mayoría) no le pusieron el cuerpo a la de los docentes.

Todo el trámite y sus vísperas se aderezaron con oratorias antagónicas: discurso autoapologético del kirchnerismo versus el apocalíptico de la oposición. Si todos los protagonistas traducen una confrontación de un modo tan extremo, en algún sentido ya lo es.

A contrapelo del clima imperante, este cronista supone que el desenlace (sea el esperado, sea un sorpresivo rechazo) resultará menos explosivo y fundante que las profecías de los bandos. Sin quererlo los competidores, acaso haya un acuerdo tácito en exorbitar la lectura del debate. Tal vez no sea el fin de la historia, ni de la República... ni tampoco un avance formidable, un salto cualitativo en el Poder Judicial.

El porvenir que atisba el autor de estas líneas es menos espectacular y más trabado. Claro que, sin “la chapa” del resultado puesta (y pendientes los otros dos proyectos) es mejor dejar esa lectura para el diario de mañana o los de días venideros.

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Hay un quid pro quo repetido entre el kirchnerismo y sus adversarios con representación parlamentaria, un juego de roles. El oficialismo supo mejorarlo para varias leyes que hicieron historia. La de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), la de re estatización del sistema previsional, la de matrimonio igualitario, la recuperación nacional de YPF son las más memorables. Mayorías pluralistas, apoyos transversales, división del universo opositor que redujo al voto negativo a minorías estrechas. Lo que se dirimía entre ayer y hoy es una puja más abroquelada, sin sumar adhesiones. La fortaleza futura de las reformas es inferior a los precedentes citados, desde su génesis.

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Las acusaciones opositoras tuvieron el tono subido y agorero de las jornadas más fogosas de esta etapa. Claro que quien rompió todas las marcas fue la diputada Elisa Carrió, quien cuasi universalizó su capacidad de batalla. Demonizó al Gobierno, como es de rigor, pero amplió el círculo infernal al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. También vituperó a muchos de sus pares legisladores o dirigentes, incluyendo ex aliados muy recientes (ver detalles en nota principal).

Lilita acudió a un clásico de su repertorio, el alegato sobre contubernio. El blanco inesperado de la diatriba fue el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los otros seis supremos no quedaron del todo exentos pues la diputada le imploró a Dios que ellos no fueran parte del acuerdo espurio entre Lorenzetti y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una suerte de presunción de culpabilidad solo redimible si la Corte sentencia conforme a los deseos de la diputada, decidiendo un puñado de inconstitucionalidades. En la madre de todas las batallas, el expediente Clarín, y en las demandas que (como todo indica) sobrevendrán contra los proyectos de reforma judicial.

Carrió estableció un criterio interpretativo apriorístico y no garantista: una sentencia que le agrade, probaría honestidad de los jueces supremos. Y una en contra, demostraría su condición de corruptos. Son parámetros neo republicanos para manejar la independencia del Poder Judicial, por la que tantos vociferan.

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Carrió arrancó veloz, con una moción de privilegio. La oficialista Diana Conti le respondió destemplada, con una jerga que rebaja el nivel parlamentario. Lilita está en Primera C en materia de legitimidad electoral: está habituada a apostar doble o nada y ahora pone en juego un capital escaso. Conti representa a una fuerza mayoritaria que quiere seguir siéndolo. En ese sitio usar un lenguaje que puede desagradar a ciudadanos no alineados con el kirchnerismo es más que un desborde: puede constituir un error táctico y hasta estratégico. El tema, como todos los que se reseñan en esta columna, da para más. Por ahora, baste decir que la idea de tener una mayoría no variable es una mala lectura, que acecha a toda fuerza popular y puede llevar a derrapes de estilo y de construcción política.

Volvamos al núcleo. La catilinaria de Carrió acudió a un tópico opositor: la demonización de la “caja”. Manejar un presupuesto es un recurso de poder, más vale, pero no un pecado. Cuando un número apreciable de camaristas pidieron que la Corte retuviera el manejo del presupuesto judicial, defendían las incumbencias del máximo Tribunal. A su modo, empoderaban a Lorenzetti, en una brega que es lógica.

Cierto es que lo que la Corte mantiene (más que recupera) es una potestad manifiestamente inconstitucional. Para la mirada subjetiva del cronista, la única inconstitucionalidad clavada de los proyectos de ley en danza, pues contradice en artículo 114 inciso 3 de la Carta Magna. Lo que ocurre es que esa transgresión lleva años sin que la objetaran con fuerza ninguna ONG auditora del derecho aplicado, ningún tribunal y mucho menos la Corte. El apego a la ley es una bandera que muchos jugadores de la política doméstica enarbolan... pero todos se permiten licencias poéticas para traducir las normas.

Una verdad adicional, que tampoco se explica con franqueza, es que ese mecanismo de la Constitución de 1994 fue una concesión al radicalismo, socio menor del peronismo menemista según el Pacto de Olivos. Un modo de achicar el poder relativo de la ominosa Corte de entonces. Con un gobierno de otro signo y una Corte Suprema considerada independiente, muchos hicieron la vista gorda ante el pase de facultades.

Por último, ya que sincerando estamos: es muy sensato el argumento de los camaristas que los cortesanos hicieron propio. Un cuerpo con una cabeza visible, la Corte, es un mejor prospecto de administrador que uno colegiado y muy dividido. Así es, pero la mancha legal subsiste. La Constitución del ’94 es bastante mala en su redacción, nacida de un acuerdo entre dos partidos que pretendían excluir a cualquier tercero en discordia. Sus disfuncionalidades abundan, una reforma es un tsunami político... La realidad es conflictiva, para nada unidireccional. En ese trajín, hubo un acuerdo extendido para que la Corte hiciera lo más práctico, así fuera desprolijo.

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Cuando el escenario es Titanes en el ring cualquiera es empujado a luchar en el barro, aunque no integre la troupe de gladiadores o pase por el ringside. Lorenzetti, un político astuto y un hábil manejador de su imagen, creyó surfear las olas, valiéndose del apoyo de los camaristas. Carrió lo acusó a su modo, más similar a cierto periodismo que a un tribunal: sin pruebas y sin conceder derecho a defensa. La réplica fue institucional, un documento firmado por los otros seis componentes de la Corte contando que la decisión cuestionada fue unánime. Lorenzetti en general es cauto cuando da esos pasos, siempre trajina la aprobación de sus colegas. Lo que no niega que ejerza un liderazgo que se trasunta en su condición de presidente reelecto pese a ser el más novato del cuerpo.

La réplica unánime desoye la plegaria de Carrió: la sospecha ahora manchará a todos los integrantes de la Corte. Lo real existente es más potente que lo virtual. La cercana sentencia sobre la LdSCA es el núcleo de la ofensiva de Carrió, que ha recuperado centimil en Clarín, horas de tele y de radios opositoras.

La denuncia del pacto no tiene asidero. Lorenzetti defendió su poder, que le importa como a cualquiera que disputa grandes ligas. El Gobierno cedió, tanto para mitigar el encono en los tribunales, cuanto para atenuar disidencias o falta de convicción en sus legisladores. Haber corregido los proyectos mitigó dudas y terminó de acercar a aliados que no son siempre de la partida. Hubo una pulseada de poder, que (curiosamente, aunque se imagine lo contrario) fortalece a la Corte ante las dos partes que litigan en su expediente más pimpante.

Lo que anticipa el episodio es la agresividad que irá volcando la oposición ultra clarinista (una fracción gruesa del conjunto) sobre el tribunal. La embestida mediática contará con arietes políticos. Lilita se hizo vanguardia, habrá que ver quién la sigue. La diputada peronista federal Graciela Camaño se anotó en la lista, habrá más. En el cuarto piso de Tribunales saben que la hora de las presiones recién empieza. El pressing sobre ellos será mayor que el que recibieron Barcelona y Real Madrid en las semifinales de la Champions. Ojalá sepan capearlo mejor.

Paradójicamente, por ahí es un nuevo incentivo para sentenciar rápido.

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Ya que de fútbol hablamos, nada grato es terminar la crónica de una competencia sin saber el resultado. Con diferencias estrechas, es forzoso esperarlo. Cuando este diario llegue a manos del lector, se conocerá. Será hora de atisbar el horizonte y de seguir pensando en la “democratización de la Justicia” que, con cualquier votación continuará pendiente en lo esencial. Y seguirá siendo imperiosa.

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