La plana mayor del equipo económico del Gobierno anunció ayer el lanzamiento de dos instrumentos financieros que permitirán blanquear ahorros en dólares. Se trata de un bono que se utilizará para fondear al sector energético, en particular a YPF, y un certificado de pago emitido por el Banco Central destinado al sector inmobiliario. Con ese título se podrán comprar viviendas usadas, construir, refaccionar o adquirir terrenos para construcción. Ambos instrumentos se adquirirán sólo con moneda extranjera y para ello podrán utilizarse fondos que no están registrados en el sistema financiero nacional, tanto los que están depositados en cuentas en el exterior como los billetes guardados en cajas de seguridad o “debajo del colchón”. La inversión permitirá blanquear ese dinero. La emisión de los títulos estará encuadrada en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso nacional. La intención oficial es hacerse de dólares que están ociosos para financiar la inversión. Los funcionarios volvieron a negar una futura devaluación del peso.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y los secretarios de Política Económica y Comercio Interior, Axel Kicillof y Guillermo Moreno, se sentaron ayer juntos por primera vez para dar una conferencia de prensa delante de un nutrido público compuesto por segundas líneas y numerosos periodistas. Respondieron, además, sobre el índice de inflación del Indec, el mercado del blue, los pedidos de devaluación de economistas del establishment y la marcha de la economía nacional. En las preguntas más picantes, Moreno se hizo cargo del micrófono (ver aparte).

Explicaron que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley donde propondrá un generoso blanqueo de ahorros en dólares si se destinan a la compra de los dos instrumentos financieros que se describen más adelante. “Permitirá incorporar al circuito formal fiscal lo que no se tenía declarado. Es una amnistía fiscal o blanqueo”, lo presentó Echegaray.

La medida permitirá al Gobierno, por un lado, hacerse de dólares para fondear a un bajo costo financiero a YPF y otros proyectos de infraestructura, además de reinyectar dólares en el mercado inmobiliario con la idea de impulsar su reactivación. Para los críticos, se trata de una iniciativa “polémica” porque “premia” a aquellos agentes que apostaron contra la economía nacional a través de la compra de dólares y lograron en el último año una ganancia del 90 por ciento según la cotización del mercado ilegal. También beneficia a los que evadieron impuestos y supone ceder en la disputa por pesificar el sector inmobiliario. Por otra parte, al no permitir el blanqueo de ahorros en pesos, la medida puede generar un incentivo en los agentes a dolarizarse para acceder al beneficio, con la consiguiente presión sobre el ya candente mercado ilegal del dólar.

Podrán hacer uso del blanqueo todas las personas físicas y jurídicas. Aquellas que estén inscriptas deberán presentar la última declaración de Ganancias y Bienes Personales, y si no lo están, tendrán que inscribirse en los registros del organismo recaudador. No podrán atenerse, en cambio, aquellas personas que estén querelladas o imputadas por la Justicia por delitos de lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico y financiamiento al terrorismo, empresas en proceso de quiebra ni funcionarios públicos o sus familiares de todos los poderes y niveles.

La declaración de fondos para el blanqueo podrá realizarse hasta tres meses después de la promulgación de la ley y se aplicará tanto a divisas que estén guardadas en el país, lo que requerirá depositarlas en un banco local, o bien en cuentas en el exterior, hasta el 30 de abril de 2013. En ese caso, la repatriación se hará mediante una transferencia bancaria.

El blanqueo

Incluye el dinero generado por venta de activos en el exterior, como por ejemplo una sociedad situada en un paraíso fiscal, de una cuenta en un banco o de comercializar una vivienda que no estaba declarada. “Es una gran oportunidad, porque está atado a dos instrumentos de inversión productiva”, señaló Echegaray. Los beneficios para aquel que se sume al blanqueo son varios: el dinero queda eximido de todos los impuestos, incluido el de Débitos y Créditos que debería gravar la realización del depósito en el banco o la transferencia desde el exterior. Además, todo el incremento patrimonial que supone el blanqueo entrará recién en la declaración jurada patrimonial de 2014. Los fondos quedan exentos de sanciones que pueden derivar de la Ley Penal Tributaria y el régimen penal cambiario.

Con la idea de convencer a los que tienen ahorros en dólares no declarados, Echegaray enfatizó que “la AFIP desarrolló una red de intercambio de información extensa. Cada vez llegamos a más lugares. Pensar que en el mundo se tiene una guarida ya no es tan válido. De hecho todos los días se va un gerente de un banco y queda toda la información disponible, que nos permite acceder a distintas bases de datos”.

El último blanqueo de capitales fue lanzado en 2008 e incluyó un impuesto especial que le dio un matiz recaudatorio. Ese impuesto, que fue del uno, dos y ocho por ciento, según la operación, en esta ocasión no está presente. De ahí que Echegaray haya enfatizado que ahora no se persigue un fin fiscal, sino de incentivo para el ingreso de divisas que reactiven el sector inmobiliario, la construcción y financien a YPF. El resultado de aquel blanqueo fue la incorporación de unos 4 mil millones de dólares por parte de 32 mil personas físicas y 3800 personas jurídicas. Echegaray recordó que recientemente Italia, Estados Unidos, el Reino Unido, México, España, Suiza y Grecia celebraron acuerdos de amnistía fiscal similares al que anunció ahora el Gobierno.

Para el sector inmobiliario

Uno de los instrumentos presentados es el Certificado de Depósito para el Sector Inmobiliario (Cedin), que buscará dirigir el ahorro en divisas hacia la inversión en el sector de la construcción y el mercado, inmobiliario. Busca reinyectar los dólares en ese castigado mercado, luego de la pesificación forzosa que el Gobierno buscó aplicar a partir de la prohibición de la venta de dólares para atesoramiento. El documento podrá utilizarse para cancelar obligaciones en dólares, como la compra de una casa. “Nos estamos haciendo eco de muchos planteos del sector, sobre la necesidad de generar nuevos instrumentos que permitan recobrar el dinamismo de la construcción y que complemente la política del Pro.Cre.Ar”, señaló Marcó del Pont.

El Cedin va a ser nominativo y puede ser endosable. La posibilidad del recupero de la inversión para el tenedor, explicó la titular del Central, va a estar asociada a la realización de una inversión como la compra de un lote, una parcela o la refacción de un inmueble, y el reembolso será inmediato. Es decir que la persona que vende el inmueble, se dirige al banco con el Cedin y obtiene al momento los dólares. Se espera que los Cedin coticen en el mercado a un precio cercano al del dólar blue.

Podrán hacer uso del certificado tanto personas físicas como jurídicas. Deben presentarse en el banco, que actuará como tomador de esos recursos a cuenta y orden del Central, ya que allí depositará los dólares, que serán “encajados” por el ciento por ciento. A cambio de los dólares, el BCRA entregará el Cedin. “Tiene como objetivo tomar parte de esos recursos que hoy están ociosos en moneda extranjera”, completó Marcó del Pont.

Para el sector energético

El Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) es un instrumento al que se podrá suscribir a través de cualquier entidad financiera o por medio de los nuevos agentes del mercado de capitales y se emitirá en distintas denominaciones: 100, 1000 y 10 mil dólares. El bono tendrá vencimiento en 2016 y pagará un 4 por ciento en forma semestral. “Creemos que va a ser movilizador de recursos ociosos hacia un sector que es estratégico para este modelo de desarrollo, como el sector energético. Ese ahorro será destinado a programas de inversión de YPF y a otros proyectos de infraestructura”, explicó Lorenzino.

Podrá adquirirse en forma física, lo que requerirá ir a cobrar a la ventanilla del banco el interés en forma semestral, o de manera electrónica. En ese caso se pagará a través de la Caja de Valores. Los títulos son transferibles como cualquier bono, de modo que cotizarán en el mercado secundario. Lorenzino señaló que el bono se enmarca dentro de la nueva ley del mercado de capitales, uno de cuyos objetivos es la creación de nuevos instrumentos financieros. “Será accesible para todas las personas con capacidad de ahorro, las grandes empresas o las familias”, agregó.