La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentaron una denuncia penal contra los policías que detuvieron el martes pasado a cinco trabajadores de la cartera educativa. La presentación señala que “desde ATE y la CPM queremos manifestar nuestra preocupación ante los irregulares operativos policiales realizados en la mañana del 14 de mayo en La Plata por agentes de civil pertenecientes a la Policía Bonaerense, que culminaron con la detención de cinco militantes gremiales de ATE”.

Esas organizaciones destacaron “la condición de delegados gremiales de Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina, María Inés Uro y Marcelo Ardetti, quienes participaron de los reclamos salariales durante el 2012”, y también marcaron su preocupación por “el evidente seguimiento formalizado por el personal de custodia de la Directora General de Escuelas, desde la salida de la reunión, en la sede ministerial” hasta el lugar de la detención. A su criterio, “no basta para legitimar el accionar policial que existiera una orden dada por autoridad competente, sino que quienes la ejecuten deben cumplir con todas las formalidades que hacen a los derechos de quienes deben sufrir la detención”.

Desde la CPM, Alejandro Mosquera remarcó que “se lesionó lo que la ley reglamenta para detener personas, fue algo similar a un secuestro, un procedimiento ilegal”. En tanto, el titular de ATE, Oscar de Isasi, evaluó que se trató de un “virtual secuestro porque los delegados sindicales fueron emboscados por una veintena de personas de civil que decían ser policías bonaerenses y que, lejos de identificarse, utilizaron métodos de la dictadura. Se los llevaron con autos sin patentes a la dirección de investigaciones donde recién se legalizó ese procedimiento”. Los delegados, detenidos el martes y liberados el miércoles, están acusados de “coacción agravada” por la ocupación del edificio de la Dirección de Escuelas en octubre del 2012. El personal de la DDI platense que los detuvo habría cometido abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y amenazas. La denuncia recayó en la UFI 11 de La Plata.