El macrismo ratificó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri a través del cual el jefe de Gobierno afirmó que defenderá en la Ciudad la “libertad de prensa” que a su juicio estaría “amenazada” desde el gobierno nacional. Los popes legislativos del PRO, Cristian Ritondo y Helio Rebot, afirmaron que “este decreto va a trascender a Macri y va a proteger en el futuro a los periodistas, cualquiera sea su opinión”, al tiempo que apelaron al acompañamiento de la oposición y dijeron que abrirían el DNU a modificaciones en busca de los votos necesarios para transformarlo en ley cuando se discuta en el recinto, el jueves 30 de mayo. La nueva alianza porteña entre Proyecto Sur y la Coalición Cívica “deploró” el uso del DNU y presentó un proyecto de ley alternativo que puso en duda la mayoría que pensaba alcanzar el macrismo. El resto de los bloques opositores calificó el decreto como “inconstitucional” y el legislador kirchnerista Juan Cabandié afirmó que el DNU “es un mamarracho y una vergüenza que sigue los lineamientos de (Héctor) Magnetto y el Grupo Clarín”.

Con mayoría propia en la Comisión de Asuntos Constitucionales (ocho sobre los quince integrantes), el PRO no tuvo inconvenientes para ratificar el DNU de Macri, pero quedó solo frente al resto del arco opositor y comenzó a titubear sobre la cantidad de votos que sumaría el 30 de mayo en el recinto, donde debe alcanzar una mayoría especial: 31 de los 60 miembros de la Legislatura, y donde cuenta con sólo 26 propios. Aunque el respaldo de bloques menores como la UCR y monobloques como el ex aliado y sindicalista del juego Daniel Amoroso –ahora alineado con Francisco de Narváez– le podrían aportar al macrismo las manos necesarias para aprobar el DNU, pero con un número demasiado ajustado.

Por eso, Ritondo y Rebot justificaron el DNU de Macri y afirmaron la predisposición del PRO a abrir el decreto a modificaciones, en busca de sumar voluntades de otras bancadas a la hora de votarlo en el recinto. El vicepresidente de la Legislatura defendió los argumentos que esgrimió Macri cuando presentó públicamente el DNU, elaboró su propia lista “agresiones a periodistas” –en la que incluyó al procesista Vicente Massot– en todo el país para justificarlo y ante los cuestionamientos de otros legisladores sostuvo que aunque “no haya pronunciamiento de la Justicia no quiere decir que no existieron”. Rebot prometió abrir el decreto a modificaciones y se dirigió a quienes denunciaron que la futura norma cercena derechos de los trabajadores de los medios de comunicación que se dicen defender, como el derecho a huelga.

Aunque Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas apoyaron la decisión de Macri, los cuestionamientos internos los obligaron a diferenciarse del jefe de Gobierno y decidieron presentar su propio proyecto. La iniciativa que elaboraron los legisladores Fernando Sánchez (CC) y Julio Raffo (Proyecto Sur) plantea lo mismo que el decreto a través de una ley. Sánchez explicó a Página/12 que la redacción de su proyecto podría sortear los cuestionamientos jurídicos que sufrió, por ejemplo el intento de Alberto Rodríguez Saá de hacer su propia ley de medios en San Luis para no aplicar la ley nacional, algo que la Corte Suprema rechazó.

De todas maneras, no está dicha la última palabra. La CC tampoco descarta votar el DNU si no logra imponer su proyecto. En tanto, en Proyecto Sur no todos están dispuestos a hacer lo mismo que sus nuevos aliados. El diputado Pablo Bergel rechazó el DNU que busca la protección de la prensa al recordar que, “hace 15 días, la libertad de expresión fue gravemente comprometida por la represión de la Policía Metropolitana contra trabajadores de prensa durante los hechos del Hospital Borda”.

El kirchnerismo, en tanto, cuestionó duramente la iniciativa macrista y no dejó dudas de su rechazo. Cabandié afirmó que el DNU “es un mamarracho y una vergüenza”. “Están defendiendo un monopolio –insistió Cabandié– y lo que hacen desde el PRO es gatillar la última bala que le queda a Clarín.” “El decreto es de gran oportunismo político, un disparate jurídico y de gravedad institucional”, sumó María José Lubertino.

“Hay que pensar si queremos que la Ciudad esté al margen del país y que haya leyes nacionales que no se puedan aplicar en el distrito. Hagamos un esfuerzo por no retroceder 200 años y porque no prime la libertad de empresa por la libertad de prensa”, sostuvo Claudia Neira, del bloque Buenos Aires 20/21. Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular, también presentó un dictamen de minoría donde insistió en la inconstitucionalidad del DNU. “Defiendo las más amplias libertades de prensa y me opongo a toda amenaza sobre cualquier medio de prensa”, pero “ninguno de los dos gobiernos garantizan la libertad de expresión”, sostuvo el legislador del MST Alejandro Bodart, diferenciándose también del kirchnerismo.