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El juez marplatense Pedro Hooft, quien está suspendido en su cargo, fue citado a indagatoria por cuarta vez en una causa en la que está sospechado de haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado, con visitas a centros clandestinos de detención y rechazando hábeas corpus, entre ellos de los abogados laboralistas secuestrados en la llamada “Noche de las Corbatas”. Después de tres faltazos, Hooft está convocado para declarar ante el juez Martín Bava para el 4 de junio. Su primera citación data de noviembre de 2011, aunque las denuncias iniciales en su contra se remontan a 2006. Desde entonces denunció una confabulación en su contra de funcionarios judiciales, recusó a algunos y logró que seis jueces de la jurisdicción se excusaran de intervenir.

Hooft está imputado por su presunta participación en 17 crímenes, que incluyen homicidios, de-sapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad en julio de 1977. Uno de los testimonios que más lo comprometen es el de Marta García de Candeloro, esposa del abogado asesinado Jorge Candeloro. Ella estuvo detenida en la comisaría 4ª de Mar del Plata y declaró que desde su celda pudo escuchar a Hooft visitando el lugar, así como sus pasos al retirarse. Gritó su nombre y el de su marido, pero el juez siguió de largo.

Al momento de los secuestros de los laboralistas, episodio conocido como la “Noche de las Corbatas”, Hooft era el juez de turno en Mar del Plata y en virtud de ese cargo rechazó los hábeas corpus presentados por los casos de Candeloro y su esposa, Norberto Centeno, Hugo Alais, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Carlos Bozzi y Salvador Arestín. Los de Candeloro y Centeno fueron rechazados incluso antes de que las autoridades de la subzona militar 15 contestaran si sabían algo de esas víctimas. Cuando recibió un comunicado de Pedro Barda, jefe de la subzona, que decía que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro fue abatido por las fuerzas militares al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”, Hooft no pidió información adicional ni investigó la muerte; tampoco requirió el cadáver para entregarlo a su familia.

Hooft sigue siendo juez, pero fue suspendido en su cargo en marzo último por el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Pese a las ausencias a la indagatoria, el juez Bava no tomó ninguna medida para asegurar su presencia en el juzgado, porque considera que aún lo protegen los fueros de magistrado, condición que sólo cambiaría en caso de ser destituido. Hooft pidió –hasta ahora sin suerte– la nulidad del llamado a indagatoria, recusó al juez y al abogado querellante César Sivo y los acusó de conformar una asociación ilícita.