José Manuel de la Sota espera que la Legislatura cordobesa trate hoy sobre tablas el decreto de necesidad y urgencia que dictó “para garantizar la libertad de expresión”. Aunque la bancada oficialista cuenta por sí sola con los votos suficientes para dar estatus de ley al texto esta misma tarde, la iniciativa no logró concitar el apoyo ni siquiera de partidos que a nivel nacional reclaman poner límites a la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Se trata de una marcada sobreactuación política”, “era innecesario”, “maneja en forma arbitraria y discriminatoria los recursos de la publicidad oficial”, denuncian legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente Cívico (FC), que no votarán a favor e instaron a debatir los casos de corrupción y las denuncias de torturas en una cárcel de esa provincia que se conocieron en los últimos días. Desde el kirchnerismo advierten que es “inminente” un fallo judicial que deje sin efecto la medida.

El gobernador de Córdoba, que se plegó la semana pasada a la iniciativa que había tomado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere adelantarse ahora a su socio/rival y ser el primero en confirmar por la vía parlamentaria la norma, de dudosa constitucionalidad, según denuncia el arco opositor. Para lograrlo, cuenta con la mayoría absoluta que requiere el tratamiento sobre tablas para poder aprobar el proyecto apenas un día después de que obtuviera dictamen de comisión. De la Sota es afecto a estas prácticas, que en otros casos son denunciadas como “tratamiento express”: el año pasado había hecho lo mismo con una reforma previsional que retrasó 180 días el pago a los jubilados de esa provincia.

Además del kirchnerismo, que desde el viernes pasado, cuando se anunció el decreto, había anticipado su rechazo, el resto de la oposición en la Legislatura unicameral se plantó ante el proyecto. “Pretenden meter en la agenda pública cosas que no son ni hacen a la vida cotidiana de la gente y que no les cambia la vida. Este decreto marquetinero que presentó el gobernador ni suma ni resta”, se quejó la legisladora Liliana Montero, del juecista FC, quien propuso en cambio debatir “lo que tiene que ver con la pauta publicitaria en Córdoba, para garantizar la prensa independiente, el trato equitativo”, haciéndose eco de las denuncias por presión económica sobre los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, que difundieron las investigaciones que involucran a ex funcionarios delasotistas.

En el mismo sentido se manifestó el radical Rodrigo De Loredo: “La publicidad es una herramienta utilizada por el gobierno de Córdoba para generar tendencias periodísticas, para presionar, favorecer y perjudicar medios. Es una constante de De la Sota en sus gobiernos”, manifestó el diputado, insospechado de kirchnerismo. “En 2012 se han gastado más de 600 millones de pesos en publicidad, pero no hay un criterio para distribuirla. No hay un parámetro que involucre al interés de la ciudadanía, ni sobre el reparto a los distintos medios”, agregó, citando el caso del canal universitario, al que el Estado provincial le debe 11 millones de pesos que se rehúsa a pagar por motivos políticos.

De Loredo sostuvo que, por ese motivo, el decreto debería ir junto a “una legislación que regule la publicidad oficial” para que su bancada lo acompañe, porque “el carácter declarativo” del decreto “tiene más contenido político que consecuencias jurídicas prácticas”. Para el radical, la maniobra, así como saldrá, es “una marcada sobreactuación por parte del gobernador, dado que todo lo relacionado con la libertad de prensa, expresión u opinión está contemplado por la Constitución y los tratados internacionales incorporados en 1994”.

Desde el FpV reconocen que el gobernador cuenta con la fuerza parlamentaria para imponer el trámite, pero mantienen su posición respecto de la invalidez de la norma y aseguran que, así como sucedió en la ciudad de Buenos Aires, es “inminente que el primer juez al que le llegue una causa deje esta medida sin efecto”, según aseguraron a este diario fuentes cercanas al gobierno nacional.