El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, consideró ayer que “Argentina necesita un baño de reconciliación” en relación con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico militar y con sus responsables. El rechazo de los organismos de derechos humanos, funcionarios y legisladores no tardó en llegar. “Las víctimas del terrorismo de Estado siempre supieron esperar luchando”, respondió el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida señaló que “si no fueran tan graves (las palabras de De la Sota) serían para reírse”. “Está haciendo campaña electoral con una parte del electorado que busca el olvido y evitar que el proceso de justicia siga su curso”, dijo Carlos Pisoni, de HIJOS.

De la Sota aprovechó una entrevista que le realizaron en Canal 26 para opinar sobre la política de derechos humanos de la última década. Comenzó calificando a Jorge Rafael Videla de “asesino”. Pero luego afirmó que el gobierno nacional desarrolla “una política del resentimiento; en vez de negociar para conseguir la información necesaria se dedicó a amenazarlos (a los represores) diciéndoles ‘los vamos a reventar’”. Y propuso que para “descubrir la verdad en serio” el Ejecutivo debería haber hecho “como en otros países: ‘Te ofrezco reducirte las penas si me decís realmente dónde están los que nos faltan’”. De esta forma, afirmó el gobernador, se hubiera podido “quebrar la coalición de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado”. “Soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación. Yo no daría un paso atrás en los derechos humanos, daría uno adelante”, se enalteció. El gobernador que hace unos años les dijo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que debían pensar si cuidaron como correspondía a sus hijos remarcó: “Yo quiero que también vayan presos los asesinos de José Ignacio Rucci”, en un guiño a la hija del sindicalista, Claudia Rucci, una de las integrantes de su alianza electoral con otros referentes del peronismo disidente, como Roberto Lavagna, el diputado Francisco de Narváez, y el titular de la CGT opositora, Hugo Moyano.

La postura de De la Sota no cosechó más que rechazos desde el campo de los derechos humanos, dentro del que se lo repudió por “ofensivo” a las víctimas y sus familiares, pero también se lo analizó como un mensaje “hacia determinado sector”. En ese sentido, para Fresneda, las ideas planteadas por el funcionario cordobés “fueron lo que generó la ley de obediencia debida y punto final” que otorgaron impermeabilidad judicial a los acusados sospechados de delitos de lesa humanidad. “Puede decir lo que quiera, salvo llamarnos resentidos. En 30 años no hubo ningún tipo de actitud de venganza”, concluyó Fresneda.

“Es una declaración desafortunada, repudiable y anacrónica; parece hecha hace más de diez años”, consideró Carlos Pisoni, integrante de la agrupación Hijos, para quien el mensaje tiene un receptor claro: “Les está hablando a la derecha, a los genocidas; está haciendo campaña electoral con una parte del electorado que busca el olvido y evitar que el proceso de justicia siga su curso”. Por último, remarcó que “no es casual” el momento en el que De la Sota dice lo que dijo: “Justo ahora que se está avanzando con los civiles cómplices, que se empieza a pensar en la venta de Papel Prensa como parte de un negocio ligado a los delitos de lesa humanidad y sus responsables, que se procesó al dueño de Ledesma” Carlos Blaquier.

Almeida coincidió en que existe un sector de la sociedad que quiere “saber la verdad, pero no hacer justicia, porque lo que no acepta es que la justicia llegue a todos los genocidas y a sus cómplices”.

En esa línea, el titular de la Unidad Fiscal para las causas por Delitos de Lesa Humanidad, Jorge Auat, comparó el discurso del gobernador cordobés con el de “los conservadores y los propios imputados”, que “hablan de resentimiento y de venganza”. Auat también vinculó el pedido de De la Sota con el avance de los juicios de derechos humanos, a los que analizó como “el producto de lo que construyó la sociedad argentina, de una memoria colectiva que emergió pese a que fue obturada por los cepos de impunidad que impedían el juzgamiento de esos crímenes”. Para Auat, “ese es el fenómeno que no advierte el señor De la Sota cuando propone la reconciliación”.

“¿Reconciliación?”, se preguntó –retóricamente, claro– Graciela Lois, miembro de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “La reconciliación se da con la verdad, con la justicia. Sin eso, no podemos decir que no pasó nada y a otra cosa”, remarcó la mujer, quien destacó que la propuesta del jefe de gobierno cordobés de “negociar” con los represores “para conseguir la información necesaria” es “terrible, hasta las palabras son terribles”. “Yo no negocio la vida de los míos”, sentenció. “Más que reconciliación con los genocidas, Argentina necesita seguir avanzando por el camino de la justicia. De la Sota está haciendo todos los deberes para ser consagrado como el candidato de la derecha”, opinó Eduardo Jozami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

“No es posible descafeinar los delitos de lesa humanidad. Los delitos son delitos”, sostuvo, por su parte, el legislador porteño por el Frente para la Victoria y nieto recuperado Juan Cabandié.

“No podemos poner a la Justicia como un objeto negociable”, analizó en ese sentido Fresneda, en referencia al ofrecimiento de reducción de penas que De la Sota ofrecería a los genocidas a cambio de datos sobre sus crímenes. “Otro debate resulta cuando en el marco de un proceso judicial, algunos de los posibles autores pueden dar información aportando elementos que garanticen la reconstrucción rápida de los hechos o para ubicar cuál es el destino final de los desaparecidos”, consideró. Pero remarcó que eso sería un mecanismo que deben evaluar los jueces y que “es muy distinto a que el Poder Ejecutivo se siente a negociar”.

“No podemos hablar de reducciones de pena a cambio de información en un momento en el que no se terminaron los juicios y resta mucho por andar. Los represores no hablaron hasta ahora porque tienen miedo de su propio entorno y, sobre todo, porque respetan aún el pacto de silencio que sellaron hace más de treinta años –concluyó Pisoni–. No perdonamos, no nos reconciliamos. No podemos tolerar amnistías.”