El fin de la impunidad se acerca para el ex camarista cuyano Otilio Roque Romano. A 21 meses de su huida a Chile, que se produjo cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a quitarle los fueros que le permitían seguir en libertad, un juez de la Corte Suprema trasandina aceptó ayer el pedido de extradición de Romano formulado por la Justicia argentina. Cuando la sala penal del máximo tribunal chileno confirme la decisión, el ex hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza, acusado por su participación en más de un centenar de delitos de lesa humanidad durante la dictadura, volverá al país, entonces como detenido.

A favor de la viabilidad del pedido de extradición se había pronunciado hace un mes la fiscal ante la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado. Señaló entonces que “hay presunciones fundadas de la participación (de Romano) en los hechos y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados”. La decisión de ayer sobre el destino de Romano la tomó el juez Sergio Muñoz. Fuentes judiciales precisaron que si bien el fallo deberá ser revisado por la Sala Penal, el trámite “no es más que un mero formalismo”.

“Es una resolución contundente porque se hace cargo de todas las alegaciones o las defensas de Romano, las desecha en su totalidad y acoge la extradición por el 100 por ciento de los delitos imputados”, afirmó ayer ante la agencia France Press el abogado Sebastián Dal Pozzo, que representa al Estado argentino. “Nosotros estamos confiados en la resolución final de la Sala Penal de la Corte Suprema”, dijo por su parte Claudio Feller, abogado defensor de Romano. Pablo Salinas, apoderado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, dijo al diario Los Andes que “es muy importante a nivel jurídico lo que se está consiguiendo”. “Esto genera una jurisprudencia que abre un camino que permite actuar en otros casos similares de violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo”, agregó.

Romano está acusado como partícipe primario en secuestros, tormentos y homicidios por un total de 103 casos, que tuvieron lugar en Mendoza entre 1973 y 1983, cuando ocupaba el cargo de fiscal federal de la provincia. El 24 de agosto de 2011, el día anterior a la sesión del Consejo de la Magistratura en la que se decidiría su destitución, se tomó un avión con rumbo a Chile, donde intentó hacerse pasar por perseguido político y pidió refugio. El Estado chileno se lo negó, pero le otorgó una visa transitoria de permanencia. En febrero de 2012, ante el pedido de extradición de la Justicia argentina, fue detenido. Desde entonces permanece bajo la figura de “arraigo” y con el régimen de arresto domiciliario nocturno.

Romano reside en la localidad de Reñaca, en la costa chilena, a 120 kilómetros de Santiago. A partir de febrero del año pasado fue sometido a extensos interrogatorios, que estuvieron a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición desde el comienzo. Luego fue Muñoz quien se hizo cargo de la causa. El ex camarista mendocino no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad en Cuyo. También integran ese grupo selecto Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo. En el caso de Miret y Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura.