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Hoy se cumplen 56 años de la primera victoria electoral de Juan D. Perón, quien durante una década reguló el comercio exterior y el sistema financiero, constitucionalizó la propiedad estatal de las fuentes energéticas, redujo la desocupación al mínimo y elevó los ingresos de los trabajadores al máximo históricos. Con el pretexto de ese aniversario el gobierno provisional del senador Eduardo Duhalde retomó la calle con una modesta manifestación de un par de miles de tucumanos, porque no se anima a hacerlo en Buenos Aires, capital ni provincia. Perón llegó a la presidencia en comicios limpios, Duhalde es el primer hombre de su partido que ocupa la Casa Rosada por una componenda parlamentaria. Hace apenas cuatro meses, sólo lo votó el 21 por ciento del padrón habilitado en la provincia de Buenos Aires y a su principal aliado, el ex presidente radical Raúl Alfonsín, menos del 10 por ciento. Perón fundó el justicialismo, Duhalde está por terminar de fundirlo. Al cabo de siete semanas de su designación por la Asamblea Legislativa la percepción popular es lapidaria. Una medición encargada al encuestador oficial del justicialismo, el ex viceministro del Interior Julio Aurelio, indica que para el 55 por ciento de los consultados, gobierna para los ricos. El 16 por ciento cree que lo hace para la clase media y el 10 por ciento menciona a los pobres. El resto está tan confundido como el gobierno: no sabe o no contesta.
Con esos resultados en mano, se reiniciaron los devaneos en torno a un hipotético giro populista, que incluiría planes de empleo para 2,5 millones de personas, que se pagarían con supuestos créditos que el BID y el BIRF no han concedido, con un imaginario “aporte patriótico” que harían las empresas que mayores ganancias han tenido en la última década o, si se niegan, mediante una contribución forzosa como la que dispusieron los laboristas británicos luego de la era Thatcher. La inspiración de este plan de acción, por llamarlo de algún modo, es la película Hoffa, sobre el histórico líder de los camioneros de Estados Unidos, cuyos vínculos con la mafia fueron investigados por los Kennedy. En la escena que atrae al hombre de Lomas de Zamora radicado en Olivos, Jack Nicholson arenga a una asamblea de camioneros: “Ustedes pidieron 500. Ellos ofrecieron 1000, anuncia. La multitud ruge de aprobación. Nosotros les conseguimos 2000, grita. Y ahí es la apoteosis”, narra un funcionario.
Claro que nada de ello está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2002. Todo lo contrario: los nuevos planes sociales de empleo y de emergencia alimentaria representan un gasto adicional de 1015 millones de pesos, mientras se sustraen 1685 millones por la rebaja del 13 por ciento en sueldos y jubilaciones. Es difícil que esto calme la inquietud de los obispos romanos que con su mesa de diálogo están ganando el tiempo que Duhalde necesita, pero no sabe cómo usar. Como ironizó el economista Claudio Lozano al analizar el presupuesto, esta operación de regresividad absoluta “consiste en desvestir un santo para vestir otro manteniendo el precepto bíblico de no tocar a ninguno de los perceptores de rentas extraordinarias de la Argentina actual”. Sus previsiones para el resto del año contemplan un retroceso del Producto Interno Bruto del 8 por ciento y del ingreso per cápita del 10 por ciento. Pero como su distribución dista de ser equitativa, el salario real caerá no menos del 24 por ciento y la desocupación llegará al 25 por ciento. En tales condiciones aun dentro del gobierno hay quienes ven a Duhalde perdido en el gomón, como le sucedió hace unos años en Pinamar, y dudan de que esta vez pueda regresar a la costa. Lupo y El Chajá, como sus compañeros llaman a los gobernadores Néstor Kirchner y José De la Sota, se ilusionan con recoger los restos, ante una sociedad que oscila entre el hiperactivismo y la estupefacción. El propio Duhalde admitió que las elecciones podrían adelantarse.
Con perdón de la palabra
Antes de las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, Perón expuso su ideario en una serie de conferencias. A los empresarios les dijo que si se oponían a las reformas, corrían el riesgo de perderlo todo, “y, además, las orejas”. A los militares les contó que había recibido todo tipo de impúdicas presiones y sugerencias para “arreglar las cuestiones económicas”.
–¿Y en qué consisten las cuestiones económicas? –pregunté.
–Pero hombre, llegando a combinar los negocios internacionales, cuestión de transportes, cuestiones de industrias. En otras palabras, señores, entregar el país. Esa es la realidad. Si yo entregara el país, me dijo un señor Braden –en otras palabras muy elegantes, naturalmente, pero que en el fondo decían lo mismo– en una semana sería el hombre más popular en ciertos países extranjeros. Yo le contesté:
–A ese precio prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos, porque no quiero –y disculpen la expresión– llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi país.

En torno de la captación por el Estado de una parte de las rentas absorbidas en la última década por las grandes compañías petroleras se definirá la versión 2002 de aquel conflicto que Perón describió con tanta claridad. Las retenciones a la exportación de todo tipo de hidrocarburos fueron establecidas en el artículo 6 de la Ley 25.561, que estableció la devaluación y la emergencia económica. El Poder Ejecutivo la promulgó el 7 de enero. Durante más de un mes, las compañías ejercieron presiones para que el artículo 6 no se aplicara. A primera vista, fracasaron, porque el 13 de febrero Duhalde reglamentó la ley y determinó el porcentaje de las retenciones. Pero sólo a primera vista. En realidad el decreto 310 sólo se refiere al petróleo crudo y los combustibles líquidos y omite nada menos que al gas natural. Es decir, al rubro que mayor crecimiento tuvo en las exportaciones del último lustro y cuyos precios son los más elevados. Los escuetos considerandos del decreto apenas se refieren a la determinación del nivel de la retención que se aplicará “a ciertas operaciones” y el articulado fija un derecho de exportación del 20 por ciento para el petróleo crudo y del 5 por ciento para los combustibles líquidos. Del gas, ni una palabra.
Duhalde esperó para firmar el decreto a que el ministro de Economía estuviera fuera del país. Mientras Jorge Remes Lenicov jugaba a las visitas con el Fondo Monetario Internacional, el jefe de gabinete Jorge Capitanich y la ministra de Educación Graciela Giannettasio, a cargo de Economía, refrendaron la generosa decisión del senador a cargo del Poder Ejecutivo. En 1997 se exportaron 670,7 millones de metros cúbicos de gas natural, por un monto de 25 millones de dólares. En 2001, 5000 millones de metros cúbicos, por valor de 257 millones de dólares. El precio medio por metro cúbico aumentó entre ambas fechas un 30 por ciento. En los primeros diez meses de 2001 las exportaciones de gas aumentaron un 21 por ciento respecto a los doce meses de 2000. En cambio las abultadas exportaciones de petróleo crudo y su precio por metro cúbico sufrieron leves mermas en el mismo período y las de combustibles son insignificantes. El olvido de las retenciones a las exportaciones de gas equivaldrá a no menos de 60 millones de dólares este año, que serán diez veces más a mediados de la década, si el ritmo de crecimiento de esas exportaciones se mantiene. El regalo de Duhalde, Capitanich y Giannettasio a los exportadores petroleros es tan grande como inexplicado. La designación del amigo Alietto Guadagni, quien no firmó el decreto sólo porque la secretaría de Energía y Combustibles no tiene rango ministerial, fue la yapa, que pone toda la operación bajo grave sospecha. Ni aun así las compañías se dan por satisfechas y pretenden substituir el impuesto a las exportaciones, endólares, por otro, mucho menor y en pesos, a la producción. Las estimula la proyección de ingresos del Presupuesto 2002 que tampoco esta semana pudo tratar el Congreso. Allí no figuran las retenciones a las exportaciones de petróleo y combustibles.
Si Krieger viviera
Duhalde no sólo desdeña el ejemplo de Perón y su ministro de economía Miguel Miranda. Ni siquiera sigue las huellas del dictador Juan Onganía y su ministro de economía, el liberal Adalbert Krieger Vasena. En las décadas de 1940 y 1950, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, aplicaba retenciones a las exportaciones, en su mayor parte agropecuarias, y con esos ingresos estimulaba el desarrollo industrial. En la década de 1960, Onganía y Krieger dispusieron una devaluación del 40 por ciento y retenciones del 25 por ciento a las exportaciones agropecuarias, cuando la Argentina aún no exportaba hidrocarburos. Si se aplicara hoy el mismo porcentaje, las retenciones deberían ser del 62,5 por ciento. Esto permitiría a la sociedad participar en los beneficios de la devaluación e impediría una disparada de los precios internos de los combustibles (que tienen un reflejo temible en los de los transportes, el gas y la electricidad) y de los alimentos. Con un agravante: a diferencia de la producción agropecuaria, los recursos hidrocarburíferos no son renovables y cuando se agoten sólo quedará tierra quemada. Sin embargo, la mera admisión por Remes de que no se descartan las retenciones agropecuarias, del 5 al 10 por ciento en el mejor de los casos, puso en pie de guerra a los exportadores de cereales. En 1988 otro gobierno vacilante intentó imponer retenciones a las exportaciones (en aquel caso sólo agropecuarias) y retrocedió corrido a sopapos. Así se hundió el Plan Primavera y, poco después, el propio gobierno de Alfonsín.
La política de venta a bajo precio de reservas comprobadas comenzó a aplicarse en 1989, cuando Duhalde era el vicepresidente de Carlos Menem. Su resultado fue incrementar las exportaciones hasta el agotamiento del recurso, sin estimular la exploración. La amenaza de las compañías de paralizar inversiones es apenas una profecía retrospectiva. Desaparecida la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que mediante inversiones de alto riesgo, largos plazos de maduración y reducido margen de rentabilidad relativa, procuraba mantener un largo horizonte de reservas, la exploración cayó en forma vertical, de 120 a 40 pozos anuales. En cambio, la producción casi se duplicó durante la década pasada y su principal destino fue la exportación. La Secretaría de Energía no audita las reservas reales de hidrocarburos, que son informadas por las propias empresas. Según ellas, habría para 10 años más de petróleo y 17 de gas, pero todo indica que están sobredimensionadas, para evitar alarma por los altos índices de exportación. Lo contrario ocurrió en el momento de la privatización, cuando las reservas fueron subestimadas, para bajarles el precio.
La mano visible...
Los aumentos en el precio de los combustibles no tienen otra explicación que el intento de las petroleras por perpetuarse como el único sector dolarizado de la economía. La devaluación ha mejorado la ecuación económica tanto de la explotación como de la refinación de petróleo (upstream y downstream en la jerga). Los costos operativos de ambas actividades disminuyeron en dólares y su componente importado no llega al 10 por ciento. Para los refinadores, el petróleo implica las dos terceras partes del costo, pero su precio de transferencia es acordado dentro del oligopolio petrolero. En el país, Repsol-YPF es más poderosa que Esso y Shell. Posee:
58,8 % de las reservas comprobadas de petróleo
49,5% de las reservas comprobadas de gas natural
50,5% de la producción de petróleo
64,7% de la disponibilidad de gas natural
40% de la producción de GLP
53,8% de la capacidad de refinación
49,8% de las estaciones de servicio
56,4% de las ventas de gas oil
54,0% de las ventas de motonaftas
Pero a escala internacional es un actor menor, por lo que la coordinación con los gigantes estadounidense y angloholandés es completa. En una nueva prueba de su ignorancia de mecanismos elementales, el gobierno esperaba que “Repsol-YPF no aumentara sus precios y, de ese modo, quebrar la unidad de las empresas petroleras, forzando a las restantes a retrotraer sus aumentos”, según un funcionario de Economía.
... del mercado oligopólico
La ley y los decretos de desregulación y privatización petrolera en la última década invocaron siempre la libre competencia y la más eficiente asignación de recursos por el mercado. Sin restricciones estatales los precios locales reflejarían los valores internacionales. Nada de esto sucedió, porque como solía decir Juan D. Perón, cuando no regula el Estado regulan los monopolios. O, como en este caso, el oligopolio que forman Repsol, Esso y Shell, con actores secundarios como Bridas, Pérez Companc, Soldati y Techint. Entre ellos se repartieron las áreas centrales y marginales y el resto de los activos que eran propiedad de YPF. Empresas controladas por ellos integraron los consorcios que se adjudicaron los segmentos en que se dividieron Gas del Estado, Agua y Energía, Hidronor y Segba. Esto dio como resultado un mercado energético muy concentrado y de alta integración vertical y horizontal. Los mismos intereses participan en los distintos eslabones de la cadena energética: generación y/o transporte y/o distribución y/o comercialización de gas natural, petróleo y energía eléctrica.
Entre Repsol, Esso y Shell, concentran el 90 por ciento de la oferta local de petróleo y gas. También controlan los ductos, la capacidad de almacenamiento y la comercialización mayorista. Además, han conseguido bloquear el acceso de cualquier eventual competidor. Sólo pueden importar quienes el año anterior hayan comercializado no menos de cien mil metros cúbicos y acrediten un patrimonio no menor a 25 millones de dólares. También consiguieron mandar al archivo un proyecto de defensa de la competencia impulsado durante la gestión de José Luis Machinea que hubiera liberado a las estaciones de servicio del yugo de las compañías petroleras. Las consecuencias de todo esto son que los precios de los combustibles en el mercado argentino nunca se alinearon con los internacionales. Por el contrario, sólo los incrementos en el precio del crudo se trasladaron íntegros a los precios en surtidor. Las rebajas no, como se observa en el gráfico 1. Además, como se aprecia en el cuadro 2, YPF fue la empresa petrolera de mayor rentabilidad en todo el mundo en la década de 1990, duplicando y triplicando los márgenes de ganancias de las demás empresas del sector, algo que no se relaciona con la evolución del precio internacional sino con la rigidez del oligopolio local. Las principales empresas petroleras ya licuaron pasivos por casi 500 millones de dólares, gracias al decreto del 3 de febrero que dispuso la pesificación 1 a 1 de sus deudas en dólares con el sector financiero local. Pero además, emitieron Obligaciones Negociables en el mercado internacional, que a fines de 1997 ascendían a 5300 millones, para las que ahora reclaman un seguro de cambio.
Cien por día
Pese a la terrible degradación de todas las variables, el presupuesto insiste en la política recesiva inducida por el FMI, que ya acabó con las carreras públicas de Machinea, Domingo Cavallo y Fernando De la Rúa. La nueva reducción del gasto primario nacional y provincial y el mantenimiento de las rebajas salariales acelerarán el círculo vicioso. El senador Duhalde ha llegado a decir que se pagarán los salarios según sea la recaudación, que sigue en caída libre. La devaluación sin programa, como la llamó la renunciante diputada radical Beatriz Nofal, el subsidio estatal para licuar las deudas de las mayores empresas con el sistema financiero, la laxitud impositiva y la flotación cambiaria hacen depender una vez más al gobierno del financiamiento externo, que no vendrá a una sociedad tan desorganizada, según la suave expresión del ministro de Economía de los Estados Unidos, Paul O’Neill.
O’Neill demostró estar al tanto del propósito de las provincias argentinas de endosarle al Estado federal una parte de sus obligaciones. En cambio no parecía preocupado por el respirador artificial que la autoridad monetaria está aplicando al sistema financiero y que se expresa en un incremento de 100 millones de pesos diarios en la circulación monetaria, emisión que se destina a efectuar pases y redescuentos. En este momento el directorio del Banco Central está discutiendo incluso una asistencia especial al Banco General de Negocios, de los hermanos José y Carlos Rohm, uno preso y el otro prófugo de la justicia, y denunciados por sus propios socios internacionales. La ley de entidades financieras autoriza los redescuentos por situaciones transitorias de iliquidez, pero no por razones estructurales de insolvencia, como ocurre en este caso. El redescuento para los Rohm fue apoyado por el Superintendente Guillermo Lesniewer, pero el departamento de asuntos jurídicos sugirió que antes debía consultarse con la jueza María Servini. “Ella no puede convertirse en gerenta de redescuentos”, se enfureció un director. En las dos primeras semanas de febrero esa desesperación por salvar al sistema financiero, incrementó la base monetaria en un 20 por ciento. Esto sólo es comparable con los peores tres meses de la hiperinflación de 1989 y puede terminar del mismo modo, aunque entonces ni siquiera había reservas. La autorización de plazos fijos a siete días y la aparición de otros instrumentos imaginativos y audaces que compitan con el dólar podría recrear el festival de bonos que acompañó el derrumbe de la presidencia de Raúl Alfonsín hace algo más de una década. Así y todo no podría demorar más de tres meses el estallido de todas las variables.
Como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, el senador Duhalde avanza sin quererlo hacia la dolarización, que daría el golpe de gracia a quienes dependen de ingresos fijos. Las empresas privadas de servicios públicos, que esta semana comenzarán a discutir con el gobierno los precios de sus facturas, desean apurar ese desenlace. Al caer De la Rúa, las reservas alcanzaban para comprar toda la circulación monetaria a algo más de un peso por dólar. Si el circulante sigue aumentando al ritmo actual, hacia fin de año eso sólo sería posible a 3,20 por dólar, según el cálculo de un ex funcionario. Cuanto antes se produzca la dolarización, mejor será para esas empresas que tienen activos en el país y recaudan en pesos pero miden sus utilidades en dólares. En esa línea está trabajando el presidente del Banco Central, Mario Blejer, quien acaba de obtener la designación en el directorio de Alejandro Henke, un ingeniero electrónico con aptitud especial en gastronomía, que ingresó sin concurso al Banco Central durante la gestión de Roque Fernández y Pedro Pou, con quienes esta semana festejó su nuevo cargo. Vinculado con la UCR de San Isidro e investigado por la Oficina Anticorrupción, Henke se encargará de autonomizar la Superintendencia de Entidades Financieras. Ese es un viejo proyecto de Pou que el fugaz presidente Roque Maccarone desactivó. En caso de dolarización esa superintendencia sobreviviría. ElBanco Central y el gomón desde el que da órdenes y contraórdenes el senador Duhalde, no.