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La mirada atenta, el andar cuidadoso, las manos sin anillos ni adornos, Celia Martínez muestra las máquinas de coser como si estuvieran hechas de cristal tallado. “Son de fabricación alemana –dice mientras camina entre la fila de armatostes de acero–, de última generación: aquellas de allá están computarizadas, con éstas se hacen las sisas de los trajes.” La mujer va señalando todo sin tocar nada. Parece una guía de museo. Pero en realidad está en el centro de una fábrica ocupada y puesta a funcionar por sus operarios; Celia es una de los cincuenta trabajadores –casi todas mujeres– que desde hace dos meses mantienen tomada la textil Brukman, de prendas de vestir. La situación tiene como origen insólito que los empresarios abandonaron la empresa; los trabajadores ahora venden la producción. Celia lleva en los ojos un cierto aire de secreta complacencia, pero esa es una marca nueva. “Porque si en diciembre me daban 100 pesos y la promesa de pagarme el sueldo, yo no me largaba a tomar la fábrica. Pero acá estamos.”
Ubicada en Once, a cinco cuadras de la plaza, Brukman es uno de los ejemplos más nuevos de un proceso todavía poco visible pero en crecimiento. Ocupaciones, creación de cooperativas obreras, experiencias de iniciativas mixtas (con gestión del Estado y control de los trabajadores) que aparecen como nuevas formas de resistencia ante la destrucción del empleo.
En los últimos años se acumularon casos: el ingenio La Esperanza, en Jujuy; la fábrica de cerámicas Zanón, en Neuquén; la de tractores Zanello, en Córdoba; el frigorífico Yaguané, en La Matanza, son los más conocidos (ver recuadro). Son firmas que tras una quiebra o abandono de los dueños, son reabiertas o mantenidas en funcionamiento por parte del personal. En casi todos los casos, acompañado por fuertes conflictos con cortes de ruta, manifestaciones, peleas judiciales y una reacción que rebasa las conducciones de los sindicatos tradicionales. Brukman es uno de ellos.
Solos
La textil está ocupada desde el 18 de diciembre, último día en que los dueños se presentaron en el lugar; desde entonces nadie los ha vuelto a ver. La fuga se produjo después de una fuerte discusión entre la plana mayor de la empresa y una comisión de delegados. En los últimos meses los empleados cobraban 5 pesos por semana y en la reunión se reclamó por el pago de los sueldos atrasados. La pelea terminó en la nada. A medida que los delegados avanzaban en su planteos, “que paguen por lo menos cien pesos, que con cinco por semana a la gente no le alcanza ni para viajar, que si no cancelan la deuda no nos movemos de acá”, empresarios y gerentes fueron dejando la reunión de a uno en uno.
Primero abandonó la reunión Enrique Brukman, visiblemente ofuscado. A don Jacobo, hermano de Enrique y de mejor relación con los trabajadores, su mujer lo sacó un poco después de la sala cargada de recriminaciones por miedo a la situación le afectara un corazón delicado. Los últimos fueron los gerentes, tras fijar un horario de encuentro para el otro día en el que se seguiría discutiendo. Esa noche los talleristas ocuparon la planta y se quedaron a dormir allí como medida de presión. A la mañana, subieron a la administración en el horario convenido, pero el piso estaba vacío.
Los de Brukman pasaron la primera semana esperando a los dueños y la segunda a la policía, pero no apareció nadie. Como medida inicial, cerraron la puerta de rejas con llave, se acomodaron en la planta baja y decidieron no llamar a los medios ni cortar la calle: todavía especulaban con que alguien de la empresa (posiblemente don Jacobo), volvería de un momento a otro con un anticipo de la deuda salarial o enviaría un mensajero. Cuando el día terminó, desde afuera llegaba ruido decacerolazo. Era el 19 de diciembre y el gobierno de Fernando de la Rúa decretaba el estado de sitio.
El 20 fue un desastre. Tenían una audiencia en Trabajo pero una vez allí les informaron que la reunión se suspendía. Afuera había sol y gases lacrimógenos y en la desbandada algunos (como Celia) se perdieron. De ese día recuerda que caminó a los tumbos, vio a un caballo pisotear a un manifestante y corrió para el lado de Rivadavia buscando un taxi que la sacara de allí, aunque durante un largo rato lo único que consiguió fue cruzarse con gente caminando en dirección contraria, tratando de volver a la plaza.
En Brukman los últimos diez días de diciembre se fueron sin noticias. Entonces todo el mundo pensó que se venía el desalojo. Había largas discusiones sobre qué hacer; una mañana, pasadas las 10 y media, estacionó en la puerta de la fábrica un patrullero. Bajaron dos uniformados, preguntaron con cara de nada qué estaba pasando y finalmente dictaron a través de la reja el teléfono de la seccional. “Cualquier problema, no duden en llamar.”
Celia no supo cómo interpretarlo. Unos días más tarde el mismo patrullero dejó a la recepcionista una bolsa de supermercado con fideos, harina y otras mercaderías. Las asambleas barriales se ocuparon de difundir ampliamente la situación de Brukman con mails, boletines fotocopiados y votaciones en las esquinas. En enero estuvieron de acuerdo en que lo mejor era empezar a vender el stock y producir.
Fórmulas
Hay dos modelos perfilados: el de las cooperativas que toman la empresa fundida en sus manos (como explica aparte José Abelli) y el de las empresas que el Estado acepta gestionar, con control obrero. “Nosotros decidimos que no queremos ser dueños”, sostiene Celia para explicar que se incluye en la última opción. “Creemos que no podemos tomar esa responsabilidad en medio de tanta crisis, y la verdad es que lo único que pedimos es mantener la fuente de trabajo para las 120 personas que estábamos acá.” Los trabajadores de Brukman están siendo representados en el conflicto por abogados del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos).
En el ingenio La Esperanza, en Jujuy, se consiguió una salida mixta. Es administrado por la Justicia, con control de los trabajadores sobre ingresos y ventas. “Hoy vamos a la cuarta zafra consecutiva sin intervención de los que fueron dueños”, relatan allá. En período de plena cosecha significa trabajo para dos mil personas, y en el de interzafra para seiscientos. Los sueldos varían según el precio del azúcar y el alcohol, pero este año se cubrieron incluso los salarios del período de baja actividad, que va de noviembre a junio. En la última temporada hubo una zafra de 55 mil toneladas; el ingenio produce a la mitad del nivel que tenía en el ‘95, pero así y todo es rentable y generador de empleo.
José Abelli, presidente del Movimiento de Empresas Recuperadas, defiende en cambio la salida cooperativa y sostiene que la economía solidaria es la mejor aliada del Estado para generar trabajo y distribuir de manera más justa la riqueza. Abelli señaló que en el país ya hay entre 8 y 10 mil puestos de trabajo recuperados por los trabajadores a través de empresas autogestionadas. “La gran ventaja de las cooperativas es que, asociadas con el Estado, privilegian la creación de empleo por sobre de la acumulación de ganancias de los privados”, sostiene. “Son además empresas democráticas, con una base de un socio un voto que reabren la posibilidad de discutir la renta de los trabajadores sobre lo producido” (ver aparte).
Respaldo comunitario
Los seis pisos del edificio Brukman y su tecnología de última generación, frente a las deudas que acumulan los acreedores, anticipan que no habrá una salida fácil para el conflicto. Para los trabajadores, la única ventaja es que vienen recibiendo fuertes señales de respaldo de la sociedad y que el clima que les ha permitió explicar sus demandas sin ser estigmatizados.
Los viejos clientes de la textil aceptaron comprar la producción de sacos y pantalones de vestir directamente a los trabajadores. Están recibiendo nuevos encargos y desde que la televisión difundió el conflicto, al edificio de Jujuy 554 también llegan particulares para solidarizarse y comprar al por menor.
Los dueños de la empresa reaparecieron recién este viernes, a través de un abogado en una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo. Presentaron un plan de rescate de la firma que, según los abogados del CEPRODH, pide el desalojo de la planta, implica la suspensión sin goce de sueldo por sesenta días de los empleados y promete que pasado ese lapso se volvería a trabajar. La propuesta fue rechazada, por lo que la toma y la producción a cargo de los trabajadores se mantiene.