El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere despegarse de la causa en la que se investigan los ataques contra personas en situación de calle cometidos por la UCEP, pero no puede. Ayer la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de queja presentado por el jefe del PRO y confirmó que debe seguir imputado en la causa. En consecuencia, Macri debe ser investigado por los delitos de “coacción agravada y abuso de autoridad en diecisiete hechos cometidos por el organismo de penosa fama que él creó: la ex Unidad de Control del Espacio Público. El jefe de Gobierno ya está procesado por asociación ilícita en otra causa, por el espionaje ilegal a ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri está involucrado en la causa por haber firmado el decreto de creación del organismo, cuya misión era “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”. Para persuadir mejor a las personas en situación de calle, los agentes de la UCEP desarrollaban su actividad entre las 23 y las 6 de la madrugada, cuando la gente dormía. Entonces los desalojaban bajo amenazas y agresiones y luego tiraban sus pertenencias a un camión compactador. Pero no sólo firmó el decreto sino que habría solicitado alguno de los procedimientos, según documentación que obra en la causa.

Macri había sido sobreseído en diciembre de 2011 por la jueza a cargo de la causa, María Fontbona de Pombo, pero la Sala I de la Cámara del Crimen declaró nulo el sobreseimiento, en abril de 2012, por lo que el jefe de Gobierno volvió a ser investigado por su responsabilidad en los hechos denunciados.

Los abogados del jefe de Gobierno, Alejandro Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez, fueron en queja ante la Cámara de Casación. El tribunal se expidió el 11 de julio, último día antes de la feria judicial, aunque la resolución se conoció ayer. En el fallo, la Sala II de la Cámara, presidida por Alejandro Slokar e integrada por Angela Ledesma y Mariano Borinsky, resolvió rechazar el recurso presentado por los defensores.

Los jueces resolvieron por unanimidad no hacer lugar a la demanda argumentando que “el pronunciamiento cuestionado ha sido sustentado razonablemente y los agravios del impugnante sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.

Los camaristas recuerdan que Macri había sido indagado en la causa por “haber dispuesto, con la colaboración del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, la conformación de una repartición pública cuyo objeto era desocupar los lugares públicos –calles, plazas, bajos de autopistas– de personas en situación de calle que pernoctaban allí, en numerosos casos mediante la utilización de prácticas contrarias a la ley, al dictar el 21 de octubre de 2008 el decreto 1232/08, cuyas previsiones resultan contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, a la Constitución nacional y a la Constitución de la Ciudad”. También le reprochan “no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de estos sucesos, pese a su gravedad y reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la Legislatura y la Defensoría del Pueblo.”

El abogado Adrián Albor, patrocinante de dos de las víctimas, advirtió sobre el “llamativo” sobreseimiento que la jueza Fontbona de Pombo dictó en favor de Macri cuando ella estaba subrogando al juez a cargo de la causa, Roberto Murature, luego destituido. Albor fue el único que apeló esa medida –el fiscal no lo hizo– y la Cámara de Apelaciones le dio la razón, declarando nulo el sobreseimiento. “Eso implicó que quedaran en pie los diecisiete hechos denunciados y no solamente los dos que yo patrocinaba”, dijo a Página/12.

La decisión de los camaristas Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch, en abril de 2012, fue unánime. Para ellos, el sobreseimiento se había adoptado sin que se hubieran hecho investigaciones suficientes. El propio Barbarosch recordó que entre las pruebas reunidas en la causa se encontraron planillas de la UCEP con pedidos de procedimientos y sus resultados, en uno de los cuales figuraba Macri –entre otros altos funcionarios porteños– como solicitante del operativo (ver aparte).

En tanto, los camaristas Rimondi y Bunge Campos opinaron que debía investigarse el accionar del jefe de Gobierno más allá de la firma del decreto de creación de la UCEP, el 1º de septiembre de 2008, ya que seis meses después, cuando ya la Defensoría del Pueblo porteña había emitido cuatro resoluciones denunciando los atropellos de esa fuerza de choque Macri ratificó el funcionamiento del organismo con un nuevo decreto, el 145/2009, firmado el 2 de marzo de ese año. Mediante esa norma se limitó a desplazar al jefe de la UCEP, Fabián Rodríguez Simón. Pero los desalojos violentos continuaron hasta 18 de noviembre de 2009, cuando Macri disolvió el organismo. Un mes antes, la Defensoría del Pueblo, el CELS y la Defensoría oficial le había reclamado a Macri esa medida.

Al prestar declaración indagatoria mediante un escrito, el jefe de Gobierno deslindó responsabilidades en su ministro Piccardo, de quien dependía la UCEP como organismo descentralizado. “Pero Macri no podía desconocer los hechos denunciados porque no ocurrieron un solo día”, cuestionó Albor. “Además, si Piccardo lo hubiera engañado, no lo hubiera puesto al frente de Subterráneos de Buenos Aires.” Otro que se recicló fue Jorge Polini, ex director de Ordenamiento del Espacio Público y jefe de la UCEP: recientemente fue designado asesor de Piccardo en Sbase.

El jefe de Gobierno no es el único imputado en la causa. Lo acompañan Piccardo y unos treinta agentes de la patota. Todos están con “falta de mérito”, lo que significa que siguen vinculados con la causa y deben ser investigados. La causa lleva más de un año y medio paralizada.

Las víctimas patrocinadas por Albor son Carla Baptista –una mujer que estaba embarazada y fue sometida a manoseos por parte de los integrantes del grupo de choque– y Graciela Cisneros. Ambas fueron desalojadas violentamente del espacio que ocupaban en la calle Pasco, debajo de la autopista 25 de Mayo, en octubre de 2009. Otro de los afectados es Angel Cánepa, a quien el 7 de octubre de 2008, entre 15 y 20 personas de la UCEP le patearon la casilla que había armado bajo la autopista y lo amenazaron con cortarle el cuello si no se iba en 48 horas.

Aunque en los papeles la UCEP fue disuelta en noviembre de 2009, diversas denuncias dieron cuenta del accionar de una fuerza residual después de esa fecha. En un allanamiento a oficinas del Edificio del Plata, el juez Roberto Andrés Gallardo halló indicios que daban cuenta de la continuidad de ese grupo de tareas en diciembre de ese mismo año. Lo hizo ante denuncias por el desalojo violento de una persona en situación de calle por personas que llevaban remeras de la UCEP formuladas por estudiantes y por cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Los tiempos cambiaron y también los procedimientos. “Ahora está la Policía Metropolitana, que todas las mañanas despierta a los indigentes que duermen en las plazoletas de la 9 de Julio”, dijo el abogado Albor. El 8 de julio último, una cuadrilla del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el apoyo de un camión compactador de la empresa Cliba, procedió a cercar con cintas el área ocupada por una persona indigente, en Saavedra 50, en el barrio de Balvanera, y después de despertar al ocupante arrojaron sus pertenencias en el compactador. En la escena –de la cual fue testigo este cronista– no había personal de Buenos Aires Presente, el servicio de asistencia a las personas sin techo.