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La Unidad Fiscal de La Plata pidió al juez federal Humberto Blanco que convalide la resolución con la que el Ministerio de Defensa prohibió que los represores procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad sean atendidos en hospitales militares. La medida fue tomada luego de que los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaran después de ser trasladados desde la provincia de San Juan al Hospital Militar porteño, con la excusa de que debían hacer un tratamiento.

La resolución 85/13 del ministerio fue cuestionada por la defensora oficial de varios procesados por su participación en el terrorismo de Estado. María Inés Spinetta, representante del ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek, del ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIN3) José Casimiro Fernández Carró, del ex jefe de la Prefectura Naval zona Río de La Plata Carlos José Ramón Schaller y del ex oficial de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez presentó un amparo y pedido de inconstitucionalidad contra la norma.

Ayer, los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández consideraron que el mencionado decreto “no vulnera derechos de los imputados”, dado que cuentan con diferentes alternativas de atención médica, garantizadas no sólo por su obra social, sino también por la atención que puede brindar el Servicio Penitenciario Federal, además de otros centros asistenciales a los que podrían ser derivados.

Spinetta había sostenido que sus defendidos, afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), se veían afectados “por la prohibición de atención profesional, internación y cobertura médica en los sitios que revisten el carácter de prestadores por ley”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal recordaron que de la normativa de creación de esa obra social, puesta en marcha este año con la unificación de los servicios de cobertura médica de las tres fuerzas armadas, “no surge que sólo sean los hospitales militares los que operen con ella”.