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“Lo más serio es que las autoridades provinciales se pongan del lado de los detenidos, de jefes policiales sobre los cuales hubo jueces que dijeron que hay elementos para que estén presos –señala Félix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el organismo de la Procuración que respalda las investigaciones en materia de tráfico de drogas–. Es grave que se pongan hostiles con la Justicia federal, sugieran que se trata de maniobras contra los gobiernos provinciales pero, de hecho, lo que hacen es banalizar las sospechas.” Durante los últimos días cayó la cúpula de la policía de Córdoba, y ya había caído la de Santa Fe. En ambos casos, la Justicia verificó llamadas, acuerdos, drogas manejadas por policías, prontuarios limpiados, operaciones entregadas por buchones que se quedaban con una parte de la droga y –ni qué hablar– coimas. Para tapar las cosas, la lucha contra el narcotráfico se convierte en camionetas interceptadas en las que sólo se detiene al chofer, minoristas entregados por los propios narcos y –la peor variante– pibes apresados con un porro que al día siguiente pierden su trabajo. En el fondo de la trama hay un denominador común: el poder político les cede a los uniformados el poder sobre todas las cuestiones de seguridad. La policía se autogobierna.

Córdoba

El caso estalla a raíz de que un colaborador-buchón policial, Juan “El Francés” Viarnes, fue abandonado a su suerte y terminó detenido por dólares falsos. Se dice que El Francés tiene un largo historial que incluye secuestros en Corrientes, una larga estadía en la cárcel donde se recibió de abogado, otra detención en Río Cuarto y una oficina en la esquina de la jefatura de la policía cordobesa. Lo que hoy se investiga es la entrega de seis operativos en los que los uniformados cordobeses realizaron detenciones, secuestraron droga, una parte de la cual se la quedó el propio Francés. Este dice que los estupefacientes quedaron en manos policiales y que los de uniforme usaban la cocaína para venderla y ponérsela a algún perejil para justificar su detención. En la jefatura, el fiscal Enrique Senestrari se encontró cocaína no registrada, marihuana y un arma con la numeración limada. El primer allanamiento de la historia a la jefatura de la Policía provincial fue convalidado por el juez Ricardo Bustos Fierro.

En renuncias sucesivas dejaron sus cargos el jefe de Drogas, Rafael Sosa –detenido–, el jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, y el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, anterior jefe de policía del gobernador José Manuel de la Sota.

Santa Fe

El Operativo Flipper hubo que hacerlo a espaldas de la policía provincial y de toda la estructura santafesina. Es más, 48 horas antes de lanzarse los catorce allanamientos decisivos, una funcionaria provincial hizo una asombrosa denuncia contra el principal narco David “El Delfín” Zacarías por enriquecimiento ilícito, una movida que pareció más destinada a enturbiar la operación antidrogas que a imputarle algo al traficante. Resulta como mínimo extraño que se busque imputar a un narco por enriquecimiento.

Ayer mismo, la Gendarmería allanó la celda en la que está El Delfín, porque el detenido tenía allí dos celulares con los que se comunicaba con sus familiares y cómplices. Zacarías fue apresado en el Operativo Flipper que condujo el fiscal federal Juan Murray con el apoyo de la Procunar y la presencia de Crous y del secretario de Seguridad, Sergio Berni. Se secuestraron 300 kilos de pasta base y cocaína, aparatos de última generación para tratar la droga, precursores químicos que fueron analizados por la Sedronar. Hubo tres detenidos, entre ellos el narco que supuestamente proveía a las bandas que protagonizan una sangrienta guerra en Rosario: Los Monos y Los Cantero. Una parte de la cocaína, además, estaba siendo preparada para una larga travesía en un medio húmedo, es decir que la sospecha es que se iba a exportar a España por barco.

La familia de Zacarías compró unos cuarenta inmuebles en los últimos tiempos, entre ellos una finca dentro de un country, el Profesional de Funes, que fue allanado junto con otras once propiedades. Se incautaron seis vehículos y hubo tres detenidos.

Como se sabe, una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), difundida por Página/12, derivó en la renuncia de la cúpula de seguridad de Santa Fe y la detención del jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli. Quedaron demostrados los vínculos entre uniformados y narcos, incluso con policías advirtiéndoles a los traficantes que los estaban siguiendo.

La política

La reacción del gobierno socialista de Santa Fe y la del delasotismo en Córdoba apuntó enseguida al gobierno nacional. Son maniobras –alegan– para desprestigiar a los opositores. En el caso de Santa Fe, las estadísticas son muy lapidarias, hay una guerra entre narcos y los datos más fiables hablan de 160 homicidios desde principios de año, una tasa que duplica la de cualquier ciudad de la Argentina.

–Los gobiernos provinciales dicen que la Justicia federal sólo investiga la complicidad de las policías provinciales y no la complicidad de hombres de las fuerzas federales. ¿Es así? –le preguntó este diario a Crous.

–No le voy a contestar, porque no voy a hablar de nuestras investigaciones.

El silencio prenuncia pesquisas que también tienen que ver con las fuerzas federales.

–¿Se parecen los casos de Córdoba y Santa Fe?

–Es prematuro dar un diagnóstico. Están en momentos distintos. Lo que tienen en común es la reacción del poder formal, una especie de adhesión a los acusados.

El punto en común que se advierte en lo ocurrido en ambas provincias, donde renunciaron las dos cúpulas de Seguridad, es que en ambos casos se delegó el poder en los uniformados. Tognoli –detenido– fue el jefe de Drogas Peligrosas, justamente en tiempos de crecimiento de la guerra entre narcos y con records en la cantidad de homicidios. Sin embargo, se lo elevó a jefe de Policía.

En el caso de Córdoba, las asombrosas ventajas con las que contaba El Francés y los hallazgos en la propia jefatura de policía son indicativos de los niveles de autonomía. A esto hay que sumar que el ministro de Seguridad también fue jefe de la fuerza, lo que implica que el poder lo tienen los de uniforme.

Complicidad estatal

“No hay chances de que las operaciones de narcotráfico tengan una extensión como la de Santa Fe sin complicidades estatales –señaló Crous–. En especial en lo que tiene que ver con los policías. Pero estamos hablando de un eslabón en la producción, hay mucho más que eso. Hay una industria y financiamiento.”

–El juez de la Corte Raúl Zaffaroni dice que lo más habitual que llega a la Justicia es un procedimiento en que transportan centenares de kilos de cocaína y el único detenido es el chofer del camión –le planteó este diario a Crous. La inquietud se origina en que la Gendarmería detuvo en Santiago del Estero a un chofer que llevaba casi media tonelada de pasta base en una camioneta. El único detenido fue el chofer.

–Sí, es tal cual el cuadro que señala Zaffaroni –respondió el titular de la Procunar–. Yo agregaría que si detienen a un camionero que lleva 400 kilos de cocaína y no se va ni hacia atrás ni hacia adelante del delito, o sea hacia la organización, al rato viene otro cargamento igual. Y eso pasa cuando se detiene al camionero, al chofer o a una mula. En el caso de Santa Fe, llegamos al narco que proveía a las bandas. Si lo único que se hace es interceptar un cargamento, lo que queda son dos conclusiones: que de un lado hay alguien que produce mucho y del otro alguien que vende mucho. Y las dos puntas están libres. En cambio, tenés en alguna celda a los que tienen una planta de marihuana o a los que consumieron un porro. Ese es mucho más un problema de salud que criminal. En cambio, detener a los narcos, romper la complicidad con el aparato estatal, es el real problema criminal.

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