Una mujer de la policía rionegrina de Cipolletti denunció a su jefe por maltrato y discriminación como mujer, después de haber quedado con un embarazo riesgoso que exigía reposo –que le fue persistentemente negado por quien le ocultó todos los beneficios legales por maternidad–. El ahora subcomisario le negó cambiar su lugar de trabajo de guardias en la calle a tareas dentro de la unidad, y cuando tomó días por licencia médica la castigó por “tomarse atribuciones”. La mujer presentó la denuncia a sus superiores y ante la Justicia con la idea de que sancionen al subcomisario para que no se repita, pero tampoco tuvo demasiado eco. Un abogado de Neuquén y el Consejo de la Mujer de Cipolletti la asisten y una psicóloga de esa institución la atiende por las secuelas psíquicas que sufre: todavía, cuando habla del tema, primero se angustia y llora.

Graciela Almendra, de 36 años, es agente de la policía rionegrina en Cipolletti. Ingresó en 2009, después del año de preparación. Para ese momento ya tenía tres hijos, a los que había tenido con la misma recomendación médica porque sus embarazos fueron considerados de riesgo por padecer preeclampsia, cuyo síntoma más notorio es la hipertensión y que de no tratarse adecuadamente puede derivar en poca oxigenación al feto, lo que podría generar malformaciones, hemorragias internas y hasta la muerte del feto y de la madre.

Como agente de la Unidad 32, su jefe, el entonces principal Fabián Fernández, le asignó guardias en la calle en una zona considerada “de tensión y violencia”. En noviembre de 2011, después de quedar embarazada, la guardia desde las siete de la mañana hasta las dos o tres de la tarde se transformó en un plantón de ocho horas. Almendra se presentó ante Fernández junto con su pareja y una carpeta de certificados ginecológicos y cardiológicos que especificaban las características de su embarazo y los riesgos que significaba no mantenerse en reposo, para pedirle el tralado de la calle al interior de la unidad. “Hasta ese momento lo único que le pedí fue pasar de la calle a la unidad –dijo a Página/12–. No conocía todos los beneficios que indicaba la ley.”

La respuesta del principal Fernández fue que “un embarazo no es una enfermedad” y le negó el traslado. “Tuve varios accesos de hipertensión y tuve que faltar con certificado médico –dice con la voz entrecortada–, pero cuando volvía me mandaba de nuevo a la calle.” Hasta que tuvo un pico de hipertensión que terminó en una internación de urgencia. “La orden que me dieron los médicos fue terminante: no podés volver a trabajar, me dijeron.” Durante ese tiempo se enteró de la existencia de la ley 4245/10 que amplía los derechos de las mujeres en gestación y que fueron incorporados a los estatutos policiales pero que Fernández desconoció por completo: reducción de horas, una hora de descanso, meses de licencia además de los que ya son concedidos.

“Con la ley volví a la unidad y pedí a Sanidad la licencia, que él podría haber gestionado desde el principio”, señaló. Concedida la licencia, su bebé nació antes de los ocho meses. Le dieron entonces los seis meses de licencia por maternidad.

En noviembre de 2012, Almendra se reintegró a su trabajo. La orden fue guardia en la calle. “Nosotras tenemos por ley una hora menos de servicio y dos descansos de media hora cada uno para la lactancia, hasta que se cumple un año del parto. Pero no me dejaba bajar a la base, tenía que cubrir la calle, no podía darle de mamar a mi hijo. Me mandaba cinco horas parada a un puesto en la calle, sin baño ni nada, y me obligaba a ir a un baño de una estación de servicio para sacarme la leche. Me sentía tan humillada, con toda la ropa manchada, dolorida, con mucho malestar y angustia.” Cuando intentó averiguar el motivo del maltrato alguna compañera le dijo que el jefe había dicho que “ella no baja porque se tomó demasiadas atribuciones”.

En marzo, después de cumplido el año del parto y terminada la cobertura de la ley que de todos modos la cubrió a medias por falta de aplicación, Almendra presentó la denuncia administrativa y ante la Fiscalía de turno a cargo de una mujer, Rita Lucía. No tuvo eco. En la fiscalía “me dijeron que no parecía que fuera delito”. Del lado administrativo le mostraron mucha preocupación pero no quedó claro por quién. A ella la trasladaron fuera del área del ascendido a subcomisario Fernández.

El 27 de julio, ya con asistencia de una psicóloga del Consejo de la Mujer de Cipolletti y con la representación del abogado neuquino Pablo Gutiérrez, el 27 de julio se presentó ante la Fiscalía para hacer una ampliación de su denuncia, aporte de documentación para respaldarla, que no le habían querido tomar un tiempo antes. “Ahora, que empezó a tomar estado público, recién entonces empezaron a citar testigos. Yo quiero seguir en la policía, pero esto lo sigo porque no quiero que ese señor quede impune y que siga haciendo con otras mujeres lo que me hizo a mí.”

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