Esta mañana, Eloy Camus solicitará a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones que invierta la decisión del juez federal Claudio Bonadío, quien rechazó su participación como querellante en la causa en la que investiga la fuga de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes eludieron su condena durante su traslado desde San Juan al Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires pocos días después de ser condenados por delitos de lesa humanidad. “Otra vez la Justicia argentina me volvió a negar justicia”, aseguró en una conferencia de prensa impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Camus, una de las 60 víctimas cuyas heridas de lesa humanidad motivaron el juicio en el que Olivera y De Marchi recibieron más de 20 años de cárcel como castigo. “No puedo permitir no saber hoy a quiénes tiene pensado imputar el doctor Bonadío por haber permitido la fuga de estos dos personajes que no es la primera vez que se escapan”, demandó Camus.

En el Salón José Luis Cabezas, acompañado de Gastón Chillier en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el titular del Programa Verdad y Justicia –que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–, Luciano Hazan, su abogada María Inés Fadel y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Remo Carlotto, Camus resumió el reclamo que lo trajo hasta la Ciudad de Buenos Aires. “He viajado 1200 kilómetros para pedir por favor, y que la gente entienda, que a pesar de haber tenido excelentes tribunal y fiscalía, a nosotros nos ha costado mucho condenar a los genocidas de San Juan, que ha sido un gran esfuerzo, que pudimos demostrar (las violaciones a los derechos humanos) a una sociedad que muchas veces quiso negar que esto había pasado en San Juan, pero que parte de la corporación judicial que permanece desde la dictadura y parte del aparato del Estado cómplice permitieron que estos dos peligrosos genocidas hoy estén libres”, explicó. La Sala II de la Cámara Federal deberá analizará la apelación que presentó ante la negativa de Bonadío.

Los últimos días de julio pasado, a 20 días de haber recibido condenas a prisión perpetua y 25 años de cárcel, Olivera y De Marchi se escaparon del Hospital Militar Cosme Argerich, hacia donde la Justicia sanjuanina les permitió viajar desde el local penal de Chimbas por cuestiones de salud. Bonadío, quien entiende en la investigación sobre la huida, le negó a Camus, una de las víctimas de los secuestros y torturas de los genocidas prófugos, participar como querellante de la causa. El mismo juez también se opuso a los argumentos de la Unidad de Información Financiera para congelar los bienes de los represores prófugos, aunque mantuvo la medida.

“La decisión de Bonadío no tiene ningún sustento legal”, consideró Chillier, quien en nombre del CELS expresó el acompañamiento del organismo al reclamo de Camus y advirtió que “no hay nada peor para las víctimas que la impunidad de hecho de la que gozan los prófugos luego de haber obtenido una condena de parte de la Justicia”. A esa idea, Hazan añadió que “es un retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia que el Estado, desde varios estamentos y con mucho esfuerzo, lleva a cabo desde hace varios años”.

La conferencia de prensa sirvió para “dar un lugar institucional para que se pueda expresar esta demanda”, detalló Carlotto, aunque la comisión que dirige no participa activamente de la apelación llevada a cabo por la abogada de Camus, ni de la causa judicial. “Creemos que cada una de las víctimas tiene que ser considerada como un actor principal en cada uno de los procesos judiciales –remarcó–. Para nosotros es muy importante escuchar su voz y su demanda, y la coordinación que desde el Parlamento podemos hacer para colaborar no sólo en que las víctimas obtengan definitiva justicia sino también en dar una señal a la Justicia de que debe ser profundamente respetuosa de quienes sufrieron en carne propia los crímenes y que han esperado 30 años de democracia para que cada uno de los responsables rindan cuentas”.

Para el referente del CELS, la denegación a Camus de participar de la causa “revela que hay sectores del Poder Judicial que se resisten a que los derechos humanos sean una política de Estado”. “Es el Estado, a través de cada uno de sus poderes, el que tiene que colaborar en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Es responsabilidad del Estado democrático el reparar los daños ocasionados por el Estado terrorista”, concluyó Carlotto.