La falta de capacitación de jueces y otros operadores judiciales para investigar la violencia de género, la discriminación que sufren las mujeres en los propios tribunales y el escaso avance en la implementación de medidas específicas efectivas para proteger a las víctimas fueron algunos de los ejes de un seminario internacional sobre Justicia de Género, organizado por la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA. Reconocidas especialistas de todo el continente debatieron durante tres días sobre los obstáculos persistentes y las buenas prácticas que ya existen en países de la región contra la violencia de género.

La actividad tuvo lugar en el Palacio de Tribunales. Del acto de apertura participaron los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. El seminario hemisférico fue convocado bajo el título “Derechos humanos de las mujeres: Buenas prácticas en la Justicia de género” y contó con la participación de funcionarias y funcionarios judiciales de 15 países. La OEA eligió Buenos Aires como sede, en reconocimiento a algunas medidas en la temática impulsadas desde el máximo tribunal argentino, como la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona las 24 horas los 365 días, para recibir denuncias y acompañar a las víctimas, y la Oficina de la Mujer, que encabeza Argibay, y que viene desarrollando un amplio proceso –a través de talleres– para incorporar la perspectiva de género en todos los niveles del sistema judicial en el país.

Expertas de primer nivel expusieron en distintos paneles, entre ellas la chilena Cecilia Medina, ex presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la española Soledad Murillo de la Vega, ex secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero; la finlandesa Marja Routanen, directora de Justicia y Dignidad Humana del Consejo de Europa; la peruana Carmen Rosa Villa, representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para la ONU; el argentino Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la relatoría sobre derechos de las mujeres entre 2006 y 2007. También estuvieron magistradas de las Cortes Supremas de Costa Rica, Guatemala, Venezuela y El Salvador, entre otros invitados.

Medina, una de las juezas que escribió el fallo de la Corte Interamericana contra el Estado de México sobre los femicidios en Ciudad Juárez (conocido como Campo Algodonero), advirtió que es “muy difícil” que en los tribunales “se identifiquen los hechos que son violaciones de derechos humanos cuando afectan a las mujeres”. Y dio como ejemplo cuando una mujer no puede salir de su casa porque su marido no la deja. “Eso es privación ilegítima de la libertad”, señaló. Abramovich celebró la discusión propuesta por el seminario y señaló la necesidad de trabajar en relación con la efectividad de las medidas cautelares de protección que se dictan ante casos de violencia doméstica. “Muchas mujeres asesinadas habían hecho denuncias y tenían medidas cautelares”, indicó. Además, consideró que la judicialización de los abortos legales es “una forma de violencia institucional” y destacó que la implementación de protocolos de atención en muchas de las provincias, como exhortó el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo de 2012, todavía sigue “demorada”.

Murillo de la Vega, ex miembro del Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre 2009 y 2012, objetó que “las mujeres” estén consideradas como “un colectivo o una minoría”. Con ese criterio, la formación en género en las facultades de Derecho o Economía queda “dentro de los márgenes como materia optativa”, alertó. Al mismo tiempo, cuestionó que se aluda siempre “a los problemas de las mujeres como un problema individual”. “Es estructural”, puntualizó. También criticó que la violencia hacia las mujeres no sea un delito de acción pública, es decir, que el Estado no actúe sin denuncia –aun conociendo los hechos–. En ese sentido, advirtió sobre la falta de capacitación de los operadores de la Justicia en torno de las características de una víctima de violencia doméstica, que puede llegar a perdonar a su maltratador y retirar la denuncia en su contra. Y cuestionó que haya sistemas judiciales que todavía planteen la mediación ante casos de violencia de género.

La finlandesa Routanen dijo que “la igualdad de género es fundamental para la defensa de los derechos humanos” y señaló que aunque se avanzó en la igualdad a través de instrumentos legalmente vinculantes como diversas convenciones, en Europa “estamos muy lejos de la igualdad de facto”. “Los sesgos de género impiden el acceso a la Justicia a las mujeres”, expresó. Y contó que en el Consejo de Europa están investigando las causas concretas por las cuales las mujeres no llegan a los tribunales.

La peruana Villa se refirió a las muertes violentas de mujeres por razones de género en América latina y consideró que en la investigación de esos hechos muchas veces hay “negligencia e irregularidades en la recolección de pruebas”, y persisten “prejuicios” que sostienen que las actividades de las propias víctimas son las que provocan los femicidios. Consideró necesaria “la incorporación de la perspectiva de género en la investigación judicial y policial” y señaló como fundamental “la reparación a las víctimas”. También se refirió a la importancia de que haya “estadísticas oficiales” actualizadas y confiables sobre femicidios. Villa precisó que en la Oficina de Centro América del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para las Naciones Unidas elaboraron un protocolo de actuación para la investigación de los femicidios, con la participación de la fiscalía general de El Salvador, y que se podría aplicar en otros países.