El senador Luis Juez denunció ayer penalmente al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, para que sea investigado sobre su responsabilidad o participación en la causa referida a la presunta vinculación entre policías de su provincia y grupos de narcotraficantes. “No tenemos ninguna duda de que el gobernador es responsable”, disparó el legislador del Frente Cívico.

“Le hemos traído al fiscal una importante concatenación de hechos, que ponen en evidencia el nivel de conocimiento que De la Sota tiene sobre el narcotráfico en la provincia de Córdoba”, detalló el senador frente a los micrófonos que lo aguardaron a la salida de los tribunales, luego de que presentara ante la Justicia federal de Córdoba una denuncia penal contra De la Sota en el marco de la investigación sobre los vínculos de la policía provincial en redes de tráfico de drogas.

La causa, que lleva adelante el fiscal federal Enrique Senestrari, tiene nueve imputados, de los cuales siete son policías de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la fuerza de seguridad local y cinco se encuentran detenidos en el penal de Bower. Los que fueron arrestados son el hasta hace dos semanas titular del área, el comisario Rafael Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argüello; los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio, quienes en todos los casos ya fueron indagados por el fiscal.

En relación a eso, Juez aseguró contar con pruebas que incriminan al mandatario provincial: “No tenemos ninguna duda de que el gobernador y el ex ministro (de Seguridad, Alejo) Paredes; el ex jefe de la policía (Ramón Frías) y los funcionarios provinciales como el ministro (Oscar) González son tan responsables como el hoy detenido comisario Sosa y la gente de narcóticos de la provincia”.

Además de denunciar a De La Sota, Juez precisó que también solicitó al fiscal que “haga una visión retrospectiva para que vea y examine a ex funcionarios del gobierno de Córdoba encargados de áreas” vinculadas con el narcotráfico. Finalmente, señaló que en la presentación “arrancamos con un relato que pone en evidencia que el gobernador después de 15 años no puede ignorar de ninguna manera (el problema del narcotráfico)” y consideró que “deliberadamente consiente una forma de hacer política, que ha permitido que en la provincia de Córdoba el narcotráfico se haya convertido en una realidad concreta”.

A mediados del mes pasado, cuando los hechos explotaron por los aires cordobeses, el fiscal calificó a sus primeros pasos –entre los que figuraron allanamientos y las cinco detenciones– como “una investigación objetiva sobre hechos graves”. La presunta vinculación de policías con el negocio del narcotráfico se conoció en la primera semana de septiembre, cuando el canal televisivo de la Universidad Nacional de Córdoba emitió, en el marco de uno de sus programas, el testimonio de Juan Francisco “el Francés” Viarnes, un narcotraficante que acusó a jefes policiales de la lucha antidrogas de tener vínculos con delincuentes, quienes pasaban información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.

Viarnes estuvo preso hasta 2010 y, según denunció televisivamente, fue “reclutado por Drogas Peligrosas cuando le restaba poco tiempo de encierro para la realización de ‘tareas sucias’”. Según informó este diario, el colaborador que devino en denunciante negoció con narcotraficantes para la banda de narcopolicías así como cobró coimas para ellos, participó de estafas en la compra de vehículos con dinero falso y brindó apoyo en delitos orquestados por esos efectivos y llevados a cabo por bandas de asaltantes. Si bien Viarnes habló públicamente hace poco más de 15 días, lo hizo hace dos meses con la Justicia federal. Los datos aportados por el informante encubierto llevaron al fiscal Senestrari a abrir la investigación.

Los hechos derivaron en la renuncia del jefe de la fuerza provincial, Ramón Frías, y del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien antes de abandonar la cartera admitió saber de la participación de Viarnes en la fuerza.