El ministro de Justicia, Julio Alak, y el de Seguridad, Arturo Puricelli, salieron a responder a la resolución de la Corte Suprema que pidió “medidas urgentes” a ambas carteras y al Consejo de la Magistratura a raíz del planteo de jueces de Salta, Jujuy y Tucumán que señalan un aumento de las causas por narcotráfico en esas provincias y dicen que tienen escasa infraestructura, cárceles, presencia de fuerzas federales para enfrentarlo, además de gran cantidad de tribunales vacantes o sin habilitar. “Los que hoy denuncian, sin embargo, paralizaron la posibilidad de solución”, replicó Alak al máximo tribunal, en alusión al fallo que invalidó la reforma judicial. “Hoy tendríamos un nuevo Consejo de la Magistratura y no éste”, agregó el ministro, que cuestiona a ese cuerpo por la falta de nombramientos y deficiencias edilicias. Por su lado, Puricelli pidió “empujar todos y no decir que la responsabilidad es de quien está trabajando fuertemente para luchar contra este flagelo”.

La cuestión del narcotráfico se viene instalando en los medios desde hace varios días, con un empujón especial de la Iglesia, que difundió un documento donde hablaba de la “desprotección en las fronteras” y la “demora en dotar de sistemas de radar en las zonas más vulnerables”. La Corte se subió al tema y dobló la apuesta, al hacerse eco del resultado de los informes que les había solicitado a los jueces norteños y pedir medidas a distintos organismo. El reporte de las camaristas de Salta y Jujuy, en particular, habla de un aumento del 84 por ciento en las causas de drogas y de superpoblación carcelaria. El de los tucumanos también habla de la falta de personal judicial, de jueces y de fuerzas seguridad.

Según Alak, en las provincias en cuestión, hay un 40 por ciento de vacantes de tribunales y juzgados sin cubrir por responsabilidad del Consejo de la Magistratura (organismo donde se concursa para ser juez), y sólo tres designaciones están pendientes en el Poder Ejecutivo. “Hablan de cubrir cargos que están vacantes y la responsabilidad principal es del Consejo de la Magistratura. Construir nuevos edificios para tribunales en Salta, Jujuy, Tartagal y General San Martín es responsabilidad del Consejo de la Magistratura y de la Corte. Aumentar la cantidad de empleados de los juzgados es también responsabilidad del Consejo de la Magistratura y de la Corte”, se quejó el ministro en declaraciones a Infojus Noticias. También precisó que de 33 cargos no cubiertos en la jurisdicción de Salta y Jujuy, tres no fueron habilitados aún por el Consejo. “La última terna que elevó” ese organismo –dijo– fue del 11 de octubre de 2012.”

En relación con el problema carcelario, que está bajo su órbita (ya que de él depende el Servicio Penitenciario Federal) sostuvo que el “Ejecutivo ha seguido con atención la necesidad de nuevos establecimientos carcelarios en la zona norte del país por el narcotráfico y ha respondido con un complejo penitenciario federal que está considerado el mejor de Latinoamérica”, en alusión a la cárcel de Güemes, en Salta, que se inauguró hace un año y medio y puede albergar a 500 internos.

El ministro Puricelli defendió la gestión en seguridad de la última década y dijo que el incremento de causas penales por narcotráfico –tema que reconoce como “preocupante”– refleja que “la política en seguridad está dando resultado” y “se ha duplicado el esfuerzo para encontrar más delincuentes”. Cuestionó que “no es justo transferir responsabilidades” al gobierno nacional e informó que el presupuesto que se destinaba a seguridad en 2003 era de 2961 millones de pesos y actualmente es de 25.900 millones.

Miguel Medina, un juez federal de Salta, consideró que la resolución de la Corte Suprema es “un aporte muy importante para que entre todos podamos encontrar soluciones”. “Acá estamos en el mínimo de las posibilidades, de 0 a 10, estaríamos en 4,5 o 5 puntos como máximo.” Medina informó que la situación más grave se vive en la ciudad de Orán, donde el juzgado “está desbordado”. A su entender, sostuvo, “es una leyenda urbana” que Argentina es un país de tránsito de estupefacientes porque “cada vez más tenemos consumidores en distintos grados”. Algo menos alarmista, el juez de Tucumán Fernando Poviña, quien subroga también en Jujuy, explicó que el cuadro de situación es de larga data, dijo que él mismo está desbordado por atender dos juzgados y contó que las formas de ingreso de droga al país son de todo tipo, y no siempre registrables por los pasos fronterizos ni con radares.

El procurador de Narcocriminalidad, Félix Crous, evaluó que en la actualidad “hay una coordinación entre las fuerzas de seguridad como no lo hubo nunca” en el abordaje del narcotráfico. En los últimos operativos, destacó Crous, “hubo una coordinación de hasta tres fuerzas de seguridad”. A la vez, dijo que es una “asignatura pendiente” que las fuerzas provinciales “cuenten con una coordinación donde todas las policías provinciales reporten a una autoridad centralizada”. “La Argentina tiene una performance de intervención y decomiso para la interceptación de sustancias como no la ha tenido nunca en la historia”, sostuvo Crous. “Se podrá decir que falta, pero quienes lo dicen tendrán que demostrar cuál es la cifra negra de la narcocriminalidad”, enfatizó.