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El panorama se pone cada vez más negro para el ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor. La Comisión de Juicio Político emitirá hoy un dictamen en que le imputará mal desempeño y que recibiría el aval de la Cámara de Diputados en la sesión del 13 de agosto. El texto de la acusación, que supera las 300 páginas, refuta los argumentos del descargo que presentó el supremo y ratifica los diez cargos basados en los casos conocidos como “Meller”, “Macri” y “Magariños”. Pedirá al Senado, además, que suspenda al juez provisoriamente.
El presidente de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú (PJ), cuenta con que hoy habrá quórum no sólo para votar la acusación contra Moliné, sino para formular al menos un nuevo capítulo de cargo y citarlo a declarar por segunda vez. Será en base a un pedido de remoción presentado por los diputados radicales Hernán Damiani y Juan Mínguez, que responsabilizan a Su Señoría de haber presionado a los ex secretarios de la Corte Alfredo Bisordi y Jorge Morán antes de que fueran a declarar en el juicio político del año pasado.
A menos que se le ocurra renunciar ahora, Moliné O’Connor ingresará en una etapa del juicio político por la que su amigo Julio Nazareno no pasó, ya que eligió retirarse antes de que lo echaran. En el Congreso reina una creencia casi generalizada de que el supremo tenista no sólo será acusado por la Cámara baja sino que habrá mayoría en el Senado para destituirlo. Este cuerpo podría suspenderlo en sus funciones durante el enjuiciamiento.
El dictamen que estará hoy a la firma de los diputados refuta los argumentos de la defensa de Moliné, sobre todo aquellos en los que señala que los magistrados no pueden ser juzgados por el contenido de sus fallos. “Se equivocan con esas dogmáticas afirmaciones”, dijo Falú a Página/12. “Hay antecedentes de sobra desde 1892 hasta 1995. Los fallos que no sean emitidos por el leal saber y entender sino por pasiones, intereses económicos u otra razón que alejen al juez de la función de administrar justicia, implican mal desempeño”, argumentó el tucumano.
En el caso “Meller S.A”, recordará la acusación, Moliné convalidó el reclamo de 29 millones –con el tiempo devenidos en 400 millones– de esa firma a la ex Entel por la impresión de guías telefónicas, a pesar de que la Sigen y la Procuración del Tesoro habían señalado la nulidad de la deuda invocada por estar saldada. Ayer incluso el Gobierno anuló la resolución de la ex interventora María Julia Alsogaray que habilitaba el pago. En el expediente referido al sobreseimiento del Grupo Macri en un proceso por contrabando y evasión fiscal, la resolución de los diputados señalará que se forzó “el principio de cosa juzgada para beneficiar a ese grupo económico”. En la causa sobre las medidas disciplinarias aplicadas por la Corte al juez Héctor Magariños, por sus opiniones dadas en carácter de profesor universitario, el dictamen señalará que el alto tribunal invadió la competencia del Consejo de la Magistratura.
Si a la reunión de hoy asiste más de la mitad de la comisión, también citarían a Moliné por el planteo del juez mendocino Luis Leiva, quien lo cuestiona por no haberse excusado del jury que lo enjuició –en base a un pedido del banquero Raúl Moneta– pese a que había emitido opinión en su contra previamente. Esta sería, por ahora, la única causa que atañe con exclusividad a Moliné. En otro orden de cosas, los diputados podrían firmar un proyecto para pedirle al Consejo de la Magistratura que destituya al juez federal Norberto Oyarbide por intentar entorpecer la labor de la comisión y presionar a sus miembros.