Varias fueron las batallas que los organismos defensores de los derechos humanos ganaron en Mendoza en pos de iniciar, sostener y acelerar el camino que lleva justicia a las víctimas de la última dictadura cívico militar. Esta semana obtuvieron otra, tal vez una de las más importantes de ese recorrido. El Tribunal Oral Federal (TOF)

N° 1 de la provincia aceptó unificar las causas que investigan delitos de lesa humanidad y determinó que el próximo 17 de febrero comenzará a resolverlas en un gran juicio oral. Según los organismos, se tratará del más importante en la historia de Mendoza no sólo por su magnitud –más de 40 genocidas imputados y más de 200 víctimas–, sino porque los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, entre otros, integran el grupo de acusados. Con ellos, una porción del Poder Judicial cómplice con el terrorismo de Estado en la provincia que se mantuvo en funcionamiento hasta hace muy poco tiempo será finalmente analizada: “Es la primera vez que se enjuicia a ex magistrados exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura y que luego fueron parte de un mecanismo que lo único que hizo fue frenar a la Justicia”, concluyó el fiscal Dante Vega.

“Es un reclamo histórico de las organizaciones de los derechos humanos”, definió Pablo Salinas, el abogado querellante en representación del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) mendocino. Se refirió a la unificación de las causas que investigan secuestros, torturas, desapariciones y homicidios ocurridos durante la dictadura en la provincia, por la que el MEDH y otros organismos han presentado varios pedidos ante el TOF N° 1 y han realizado movilizaciones. El valor simbólico que tiene la unificación de las causas para las víctimas sobrevivientes y los familiares de aquellos que no lo lograron es “enorme”, supuso el abogado, que lo hipotetizó desde “lo fundamental que será para ellos ver sentados en el rincón de los acusados a los responsables del terrorismo de Estado en la provincia, o al menos a aquellos que siguen vivos”.

Pero, además, Salinas sopesó el valor que tiene el análisis en conjunto de la inmensa cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1975 y 1983. Significa entender que aquello que ventilan los expedientes por separado forma parte, en realidad, de una misma cosa: el plan criminal que se perpetró desde el aparato del Estado. “El plan criminal del terrorismo de Estado no se entiende sino en la unificación de los casos. La gran lucha de los defensores de los represores ha sido la atomización de las causas para diluir sus responsabilidades y para defenderse más cómodamente. Pero si uno ve la totalidad, si uno pone en relación las actas de las Juntas, las órdenes secretas, se entiende que lo que ocurrió no fue una cuestión azarosa, que no fueron un par de loquitos”, explicó.

El mapa del plan

Si no hay dilaciones, el 17 de febrero de 2014 los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade tendrán frente a sí a gran parte de los responsables de aquel plan criminal, incluso a miembros del poder que integran. Por el momento, son 15 causas que incluyen a 41 represores acusados y a 207 víctimas. Si las esperanzas de las querellas llegan a buen puerto, otras dos causas más sumarán.

Uno de los expedientes de la unificación es la causa número 636, que analiza las responsabilidades en delitos de lesa humanidad de los ex jueces Otilio Romano –quien permaneció prófugo en Chile durante más de dos años y fue recientemente extraditado–, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. En esa causa, Miret, Carrizo y Petra Recabarren están imputados por omitir investigar desapariciones, secuestros, torturas y robos. Romano está acusado de ser partícipe necesario en varios homicidios calificados. Guzzo también está imputado como partícipe.

Esta causa se analizará junto con otras catorce, en principio. Doce de ellas integraron un requerimiento masivo de elevación a juicio elaborado por la fiscalía a cargo de Vega: investigaciones en las que los hechos principales padecidos por las víctimas tenían que ver con centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial –de ellos, el D2 fue el de mayor envergadura y, también, el más terrorífico– y algunas otras no acumuladas a esta última que se refieren a violaciones vinculadas específicamente con el accionar de las Fuerzas Armadas. Otros dos expedientes más “chicos”, de pocas víctimas y menos acusados, completan la quincena unificada el lunes pasado. Uno de esos expedientes es el que se intentó comenzar a ventilar en lo que sería el cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad de la provincia, pero fue suspendido una semana antes. En ése, el represor que integraba la VIII Brigada de Infantería de Montaña Enrique Blas Gómez Saa es acusado de los secuestros y torturas aplicadas a tres sobrevivientes del terrorismo de Estado.

La unificación

Vega consideró “fragmentada” la instrucción por delitos de lesa humanidad en Mendoza, que recién comenzó a ordenarse en el último año y medio. “Había de todo. Cuando tomamos la instrucción empezamos a ordenarlas por patrones comunes: centros clandestinos generalmente, o fuerzas policiales, por ejemplo, porque era la única manera de juzgar tantas cosas”, puntualizó. En abril pasado, la fiscalía elevó al tribunal un primer pedido de unificación debido a que “no es nada extraño, es algo que está previsto en el Código Procesal Penal y que responde al sentido común: no se puede hacer siete juicios cuando se puede abreviar en uno solo”. El entrecruzamiento de los datos de las víctimas y de los victimarios era, en algunos casos, escandaloso. “Si se seguía adelante con la resolución de juicios orales por separado, algunas víctimas iban a tener que declarar dos, tres y hasta cuatro veces. Era un disparate”, apuntó Salinas.

No hubo respuesta. Reiteraron el pedido en agosto, cuando se sumó el MEDH. La solicitud fue repetida a semanas de comenzar el juicio contra Gómez Saa, acompañada de una movilización de los organismos de derechos humanos hacia la sede del TOFN° 1. Hace 15 días, los jueces escucharon los argumentos del Ministerio Público Fiscal, de las querellas y de las defensas a favor o en contra de la unificación. “Fueron desastrosos los planteos de los represores porque no tenían cómo justificar que se citara varias veces a las víctimas”, consideró Salinas, quien, en cambio, evaluó positivamente el desempeño de las querellas y de la fiscalía. “Los planteos se correspondían con los principios de dignidad humana y de la responsabilidad del Estado de no revictimizar a las víctimas.”

La justicia

A Vega, la llegada del proceso de febrero lo maravilla, sobre todo porque por primera vez Mendoza juzgará a quienes durante años les negaron justicia a muchos. “Es la primera vez que se enjuicia a un juez exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura y que luego fueron parte de un mecanismo que lo único que hizo fue frenar a la Justicia.”

Entre 1975 y 1983, Romano fue fiscal. Miret, Carrizo, Guzzo y Petra Recabarren eran jueces. “Cada operativo tenía su contrapartida judicial”, relacionó Salinas. “El aparato judicial generaba la impunidad necesaria para que las distintas patotas actuaran. Funcionaba juntamente con el aparato represivo”, continuó explicando y ejemplificó: “En el D2 se torturaba a la persona. Bajo tortura, le hacían confesar una serie de delitos y bajo tortura también le hacían firmar una declaración policial, que luego era utilizada por jueces y fiscales. Por esas declaraciones, éstos lo acusaban, lo imputaban y daban orden de detención. Así le daban valor de prueba a esa declaración tomada bajo tortura”, concluyó.