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A pesar de la postergación hasta el año próximo del tratamiento del nuevo Código Civil y Comercial en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria impulsará este miércoles su media sanción en el Senado. Página/12 entrevistó al senador Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión bicameral para la modernización y unificación de los códigos y uno de los principales referentes del kirchnerismo en este debate. En diálogo con este diario, el senador por Neuquén defendió algunas de las últimas modificaciones y criticó a la oposición por su actitud en el debate: “La UCR priorizó su alianza con sectores corporativos y económicos en el tema de la responsabilidad del Estado en vez de generar una defensa homogénea de una visión laica del Estado”. Sobre los cambios reclamados (y concedidos) por la Iglesia Católica, aseguró que el oficialismo optó por “un equilibrio”, que se ajusta al pacto de San José de Costa Rica y que no se elimina la fertilización asistida.

–Una de las cuestiones que mayor polémica generó fue la modificación del artículo 19 del Código, que establece que la vida comienza con la concepción y elimina la parte donde se excluía al embrión no implantado en el seno materno. ¿Por qué se realizó esa modificación?

–La Comisión bicameral técnicamente no codifica. Este proyecto de código fue elaborado por una comisión de juristas presidida por (Ricardo) Lorenzetti, posteriormente revisado por técnicos del Ministerio de Justicia y luego remitido a la bicameral, que tomó el compromiso de cotejar ese proyecto con la opinión del resto de los argentinos, realizando audiencias a lo largo y ancho del país. Sobre la base de esas opiniones, en el dictamen del Frente para la Victoria se realizaron cerca de 180 modificaciones teniendo en consideración esos equilibrios que la política debe garantizar en torno de la redacción del código. Y ante las distintas presentaciones de grupos confesionales, en particular la Iglesia Católica, nosotros afirmamos ante la Comisión Episcopal de Vida que estábamos dispuestos a discutir cualquier tema menos un retroceso de la legislación igualitaria. No iba a ser la sanción de un nuevo código motivo de retroceso en legislación de género, uniones, opciones de libertad de tipo de familia y de convivencia. El resto era conversable.

–¿Pero por qué se adoptó esta redacción?

–En el proyecto venía con una redacción del famoso artículo 19 que en función del conflicto que se vive sobre ese tema optamos por un equilibrio, por someternos a la manda del pacto de San José de Costa Rica. Y dada la complejidad y seriedad del tema, diferimos el tratamiento sobre la naturaleza de los embriones fertilizados a una ley posterior.

–Pero para la oposición y otros sectores implicará un retroceso en las técnicas de reproducción asistida...

–Están haciendo futurología. Cuando se regula en el código la filiación, se contempla la fertilización asistida.

–Al contemplarse el comienzo de la vida desde la concepción, un embrión en una probeta puede ser considerado una persona.

–Eso lo va a determinar la legislación específica.

–¿Y hasta que salga esa legislación específica?

–Se obligará a generar los consensos laicos que no se lograron hasta este momento. Es muy fácil dejarnos a nosotros solos la responsabilidad del Código y únicamente cuestionar los aspectos parciales sin asumir definiciones en conjunto. Es un reproche que le hago a la UCR. Priorizaron su alianza con sectores corporativos y económicos en el tema de la responsabilidad del Estado, en vez de generar una defensa homogénea de una visión laica del Estado.

–¿Podría significar un retroceso en una eventual despenalización del aborto?

–Esa es una cuestión totalmente distinta. No tiene nada que ver. Es una materia penal. Acá hablamos de derecho privado entre particulares.

–Hay antecedentes de la CIDH que establecen que la concepción comienza en el seno materno. ¿No se podría haber introducido esa jurisprudencia en la ley?

–Vuelvo a decir, dejaron al Frente para la Victoria en soledad. Es exactamente equiparable al caso de la función social de la propiedad. Quienes lo propugnaron no fueron a defenderlo y permitieron que nos masacraran los diarios durante tres días diciendo que con ese artículo, que está contenido en encíclicas papales y en la Constitución, que pretendíamos instalar un régimen como el cubano. Entonces que se hagan cargo. Todavía hay tiempo para plantearlo pero nadie salió a sostener nada. Nosotros no elaboramos el código, lo sancionamos. Estamos en una coyuntura muy concreta. En el dictamen buscamos los equilibrios necesarios en función de los acompañamientos para la sanción.

–Pero tampoco se lograron consensos con ningún bloque opositor...

–Mientras el FpV tiene un dictamen claro, conciso, las otras fuerzas políticas no pudieron coordinar dictámenes. Es una falencia de ellos, no nuestra.

–El otro gran tema de debate fue la responsabilidad del Estado. Los acusan de buscar que el Estado no responda ante futuros daños que pueda llegar a producir, y de no respetar la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Qué responden?

–Eso es totalmente inexacto. Con el tratamiento que comenzó a dársele en Diputados a la ley específica de responsabildiad del Estado hemos hecho un salto cualitativo de una construcción pretoriana y jurisprudencial sujeta a los arbitrios o variaciones de esas sentencias a una responsabilidad reglada por ley. Es absolutamente falso que no queremos que el Estado sea responsable. Creemos que esa responsabilidad debe ser legislada como sostiene la doctrina moderna, en el marco del derecho administrativo y no del derecho civil que regula las relaciones entre particulares.

–Cada posición tiene su apoyo teórico...

–Ninguna de esas dos teorías son neutrales. Es evidente que esta no es una cuestión teórica, es una cuestión de orden práctico que tiene que ver con el patrimonio de todos los argentinos. Durante décadas nos han acostumbrado a saquear al Estado, extendiendo conceptos y figuras propias de la relación entre particulares a las relaciones del Estado.

–¿Pero no puede afectar la reparación del ciudadano común más allá de los grandes estudios de abogados?

–De ninguna manera se le puede imputar eso a este gobierno, que siempre ha velado por la protección de los más débiles. La preocupación no es esa, sino la conducta depredadora de las grandes corporaciones, sobretodo en los contratos de concesión de los servicios públicos.

–Los acusan de buscar la impunidad de los funcionarios públicos. ¿Influye esto en la responsabilidad penal?

–No. La calidad de empleado público no exime a nadie de la aplicación del Código Penal. Es un principio básico de igualdad ante la ley. Eso es básicamente por la irresponsabilidad de la diputada Carrió, que en complicidad con TN y el diario Clarín se dedica a confundir, alarmando con cuestiones que son absurdas como que esto tiene por finalidad no proteger a las víctimas de Once. Es una barbaridad pretender que esto tuviera efectos retroactivos.

–¿Y si ocurriera otro accidente ferroviario?

–Tampoco, de ninguna manera, porque está la ley. El Estado no es responsable de las acciones del concesionario. Para eso, el concesionario deberá establecerse los seguros que requiere. Es un tema patrimonial. Por eso el reclamo a la UCR para que esos cuatro principios en torno de la responsabilidad del Estado los plasmaran en el texto de ley y no en el Código Civil, que no tiene nada que ver.

–La UCR argumentó que si no está en el Código, cada distrito decide si adhiere a la ley y se puede aplicar distintamente. ¿Es así?

–Ellos avanzan y desconocen la estructura federal de nuestro sistema. Este es un tema que forma parte de las facultades no delegadas por las provincias. Es derecho administrativo local. Si queremos un sistema equitativo o igualitario para los argentinos no va a ser violando la Constitución, sino generando los acuerdos y consensos en la adhesión de las provincias a un régimen de responsabilidad único. Hasta tanto no tengan las provincias la adhesión a esa ley, esta se aplica subsidiariamente.

–¿Por qué fue omitido el acceso al agua que estaba en la redacción original?

–Porque esto es un Código Civil, no una Constitución. Es un tema de discusión porque establece responsabilidades donde tienen cargas específicas, administrativas y patrimoniales. No pueden ser a través de la regulación de particulares el cumplimiento de obligaciones elementales de administración del Estado nacional.

–La oposición los acusó de no buscar consensos. ¿Qué les responde?

–Es la costumbre de la oposición. ¿Cuál es el gesto que han hecho cuando ellos no se han puesto de acuerdo en nada? La intención siempre es lograr la mayor cantidad de consensos. En un código de esta significación sería deseable que tuviese el mayor acompañamiento de las voluntades políticas y no, por cuestiones coyunturales o de política corta, perder de vista qué es lo que se está legislando. Hemos dejado abierto para esto las modificaciones que sean necesarias.