La revuelta de la Policía Bonaerense empezó en un partido de fútbol el sábado 7 de diciembre. Jugaban Estudiantes y Tigre. Un grupo de la guardia de Infantería destinado al Estadio Unico de La Plata, en lugar de prestar el servicio, intentó movilizar al resto de los efectivos hacia el cruce de 1 y 60. En esa esquina, un veterano de uniforme le espetó a otro que intentaba una mediación con el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados: “Nosotros no vamos a ir a hablar ni al cuartel, ni al ministerio, ni a la chota, ni a la pija. Si quiere hablar que venga acá, acá...”. Así comenzó un conflicto que desembocó en un aumento por decreto del gobernador Daniel Scioli. Y que culminó dos días después con insultos por la radiofrecuencia policial al alto funcionario que lo había otorgado. La razón fue la frase que utilizó para definir a los cuadros y cuestionar su insubordinación: “Estos individuos no pueden tener en vilo o de rehén a la sociedad”, dijo. Envalentonados por la conquista salarial, utilizaron la red de comunicaciones de la fuerza de seguridad para denostarlo. Los agravios se escucharon desde un patrullero en comisión a la Jefatura de La Plata.

“La gente de Infantería es la más homogénea de la Bonaerense. Tiene un sentido de pertenencia que no se ve en otras áreas. El 80 por ciento de los que estaban en 1 y 60 era de ellos”, le dijo una alta fuente policial a Página/12. La descripción puede que explique el inicio, pero no el desarrollo y el cierre del conflicto.

Aquel sábado hubo partidos de fútbol en la provincia que tuvieron dotaciones mínimas. En Estudiantes y Tigre se reforzó el operativo con personal de seguridad privada. El objetivo de los policías movilizados era provocar la suspensión del fútbol. Un golpe de efecto que no sucedió. “Se pudre todo”, se avisaron por celular o por radio mientras marchaban hacia 1 y 60. Allí, según informó el diario platense El Día, la manifestación terminó en “un confuso incidente y un herido de bala”. Los cuarteles de Infantería y Caballería fueron bloqueados y ya no se salieron a cubrir servicios de vigilancia. Los cortes de calle con neumáticos incendiados se extendieron a 1 y 59, 115 y 59, y 60 y 115.

La noche del domingo 8, la acción se trasladó a Mar del Plata, donde –a diferencia de La Plata– el movimiento lo inició el Cuerpo de Caballería de Camet. Efectivos de franco y algunos familiares se reunieron para pedir un aumento de sueldos. La radio policial fue clave para ampliar la convocatoria, aunque todavía no había sido utilizada para insultar a Scioli. Además de la bronca por las reivindicaciones salariales postergadas, pudo haber existido otro incentivo. En la Bonaerense es vox populi que el Frente Renovador del diputado Sergio Massa arrasó en la última elección nacional. Su discurso de mano dura sedujo al electorado uniformado. El dato es una certeza igual a otra: “Algún sector de la fuerza sabía que esto se venía y no hizo nada”, confió la misma fuente policial.

También fogonearon las protestas los efectivos agremiados (ver aparte), como el Sindicato Policial de Buenos Aires, cuyo referente se hizo notar en las barricadas de La Plata: “Obligan a los policías a hacer horas Cores para sobrevivir. Los tienen sometidos a un régimen de esclavitud. Nos están dando vueltas con promesas, pero en realidad no nos ofrecieron ningún aumento”, dijo Nicolás Masi, su secretario general, mientras se mantenía el cese de actividades.

Las horas Cores (Compensación Recargo de Servicios) pasaron de 14 a 25 pesos con el último aumento. Se realizan para completar ingresos más altos, y lo curioso es que las pueden cobrar desde un agente recién egresado hasta un comisario. Las excepciones son las más altas jerarquías de la fuerza.

Cuando Scioli determinó que el sueldo de bolsillo subiera a 8570 pesos, el Sipoba lo rechazó. Masi declaró después: “No podemos aceptar que se nos trate como lo hizo el gobernador, casi como si fuéramos sediciosos o antidemocráticos”. La exigencia de este gremio, nutrido en buena medida por personal retirado, es de 12.500 pesos de salario.

El senador provincial del FpV, Gustavo Oliva, le comentó a este diario: “Lo que pasó nos obliga a pensar en más control político sobre las fuerzas de seguridad. Como el problema se nacionalizó y traerá aparejado un financiamiento para resolverlo, es una gran oportunidad para que la nueva ministra de Seguridad de la Nación actúe muy bien sobre él. Este no es un problema nuevo en Latinoamérica. Ya vimos lo que pasó en Ecuador”.

El segundo problema, de orden local, deviene de una pregunta inquietante: ¿cómo hará el Estado provincial para afrontar el presupuesto que demanda el aumento salarial? ¿Y cómo para asimilar los porcentajes de incremento que reclamarán en cadena los gremios estatales, desde los educadores hasta los trabajadores de la salud?

Granados, el mismo que una vez rechazó a balazos un asalto a su casa en Tristán Suárez, pretende elevar de 55 mil a 100 mil la cantidad de efectivos de la Bonaerense en los próximos dos años. Hoy tiene un problema, según sus propias declaraciones, que formuló a poco de asumir: de aquel número, hay 10 mil policías abocados a tareas administrativas y 8 mil con carpeta médica. O sea, está muy lejos del objetivo que se planteó para 2015. Semejante merma no le alcanza para patrullar la provincia. Pero si llevara la Bonaerense al número que desea, se transformaría en un ejército de ocupación.

Los cuadros policiales que dependen del ministro repiten de manera uniforme la tesis del efecto contagioso que cuestionó la Presidenta. Lo que más les cuesta explicar es cómo se produjeron en simultáneo sus movilizaciones con los saqueos de artículos que no eran de primera necesidad.