La Justicia dictó la prisión preventiva de ocho policías tucumanos acusados de presunta sedición y otros delitos cometidos durante el reclamo salarial de la fuerza, que derivó en saqueos a comercios y viviendas entre el 9 y el 11 de diciembre pasados. La medida, dictada por el juez Víctor Rougés, implica que los efectivos deberán esperar en la cárcel el inicio del juicio oral.

Los efectivos fueron acusados de haberse alzado en armas contra el poder público provincial para conseguir la suba de sus salarios.

El dictado de la prisión preventiva había sido impulsado por los fiscales de instrucción Adriana Gianonni –que días atrás recibió amenazas telefónicas a raíz de esta investigación– y Washington Navarro Dávila. Según sostuvieron, existen fotos, testimonios y actas que demostrarían la participación de los acusados en los delitos por los que están imputados.

Entre los policías a quienes se dictó la preventiva hay cuatro que ya estaban cesanteados –Diego Alberto Herrera, Angel Toledo, Angel René Chaile y Pablo Pedro Pérez–, y que encabezaron las protestas salariales en las que incluyeron como condición para firmar el acuerdo ser reincorporados. La fiscalía los acusó de presunta sedición e impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, en concurso real con los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por haber pertenecido a la fuerza de seguridad y coacción agravada por el uso de armas. Los otros agentes sobre los que recayó la medida son los suboficiales Sergio Omar Hogas, Federico Antonio Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia María Belén Bedmar. Se los acusa de los mismos delitos, a los que se agrega el de ostentación de armas.

Después de ser notificados del fallo, los siete efectivos varones fueron trasladados a la unidad 6 del penal de Villa Urquiza, mientras que Flavia Bedmar quedó alojada en la Escuela de Policía.

El juez Rougés deberá resolver en las próximas horas la situación procesal de los más de noventa detenidos acusados de haber participado en los saqueos a comercios y viviendas durante las violentas jornadas vividas en los primeros días de diciembre.

Tucumán fue una de las provincias donde el autoacuartelamiento policial, combinado con hechos de vandalismo, se expresó con mayor violencia. Durante los casi tres días de incidentes murieron cinco personas.

Mientras la policía se mantenía en huelga, las calles de San Miguel de Tucumán y las localidades de Famaillá y Yerba Buena sufrieron una ola de robos, principalmente de grupos que atacaban los negocios moviéndose en motocicletas.

Finalmente, los policías levantaron el autoacuartelamiento cuando la gobernación de José Alperovich se comprometió a llevar a 8500 pesos el salario de bolsillo para el cargo de agente, el nivel inicial de la fuerza de seguridad. La primera acción que realizaron al reintegrarse al trabajo fue ir a la Plaza Independencia, en el centro de la capital provincial, a reprimir a los vecinos que se manifestaban contra la inseguridad.

Las víctimas mortales de aquellos hechos fueron un joven que falleció al caer de una moto mientras escapaba tras participar en un robo, un hombre de 33 años que ingresó al hospital con un tiro en el abdomen y otro que recibió un disparo en el cabeza. Otro fue baleado aparentemente por vecinos que hacían guardia para evitar los asaltos. La quinta víctima fue un joven de 16 años, herido por un disparo durante los saqueos en Banda del Río Salí.

En el requerimiento presentado al juez a fines de diciembre, los fiscales señalaron: “El cónclave sedicioso fue organizado a través de medios tecnológicos para el 8 de diciembre frente al club All Boys. Fue allí donde emergieron las ideas que servirían de excusa para mantener por casi 72 horas el conflicto”.

Luego apuntaron que “tanto los ciudadanos comunes como los miembros de las fuerzas de seguridad son susceptibles de considerarse sujetos activos del delito de sedición”.

Por otra parte, remarcaron que las acciones de los acusados afectaron “el poder público y el orden constitucional” y aseguraron que los policías atacaron “un sistema republicano de gobierno que se vio avasallado y coartado en su decisión desde el momento en que se rubricó el acuerdo que pondría fin a uno de los sucesos más trágicos y tristes que le tocó vivir a la provincia de Tucumán en sus últimos años de historia”.