La Unidad de Información Financiera (UIF) aclaró ayer que no hubo allanamiento alguno en sus dependencias sino un pedido del juez Claudio Bonadío para que se entreguen los expedientes de tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de movimientos de empresas de Lázaro Báez en el Banco Finansur. Los expedientes originales ya se habían entregado a otro juez federal, Sebastián Casanello, pese a lo cual la UIF dio fotocopia de la documentación. Los ROS son de 2008, cuando el actual titular de la UIF, José Sbatella, no ejercía el cargo y, además, regía la ley anterior sobre lavado de dinero, por lo que debía existir una denuncia por un delito precedente, como fraude o cohecho. Los movimientos se correspondían con certificados de obra de las empresas de Báez.

Las denuncias mediáticas producen un cierto atropellamiento entre los dirigentes políticos que las toman como base. Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich se presentaron en Tribunales sin tomar nota de que la misma denuncia ya había sido presentada en mayo de 2013 por el senador radical José Manuel Cano y que existe una causa que instruye otro juez federal, Luis Rodríguez. Esta nueva denuncia sobre los mismos tres ROS quedó radicada en el juzgado de Bonadío, quien le dio vista al fiscal Carlos Stornelli. El fiscal todavía no se expidió sobre si debe impulsarse la investigación, pero le pidió a Bonadío que asegure la documentación. Por eso, Bonadío mandó gente a la UIF, donde ya habían remitido los expedientes hacía tiempo a Tribunales. Ayer, varios medios difundieron que allanaron la UIF: lo cierto es que fue un pedido del miércoles pasado para que les entreguen los expedientes. Si había resistencia, el juez libró una orden subsidiaria de que se allane, pero no fue necesario. En la UIF hasta entregaron fotocopias de los tres expedientes cuyos originales tiene Casanello. El juez también ordenó que el Banco Finansur le entregue los datos sobre los movimientos realizados por las empresas de Báez.

Lo llamativo es que Bonadío todavía no decidió si va a investigar el caso y ni siquiera hay aún impulso fiscal. Es probable que existiendo una causa anterior, la que tiene el juez Rodríguez, le remita la nueva denuncia de los tres diputados a este magistrado. Ayer, la UIF presentó un escrito ante Bonadío diciéndole que se trata de una denuncia duplicada.

Los tres Reportes de Operaciones Sospechosas son de 2008, cuando un gran movimiento de dinero no era un delito en sí mismo. El lavado de dinero requería una denuncia previa por algún ilícito. Al no existir ninguna imputación contra Austral Construcciones (la empresa de Báez), ni contra Gotti (también controlada por el empresario) e Invernes (de Federico Clarens, a quien se vincula con el santacruceño). Esos movimientos de 180 millones de pesos motivaron los ROS, pero no una denuncia penal, porque nadie planteó que existiera un delito anterior, al estilo de sobreprecios en la obra pública, obras no realizadas o coimas. Por otra parte, las empresas presentaron certificados de obras públicas que justificaban el ingreso de ese dinero a sus cuentas.

Las cosas cambiaron el año pasado, cuando Báez fue denunciado penalmente por los dichos de Federico Elaskar y Leonardo Fariña. La UIF, ahora a cargo de Sbatella, le mandó al juez que investiga el caso, Casanello, los ROS que tenía latentes desde 2008. Según pudo averiguar este diario, el fiscal Stornelli recién resolverá en febrero cuál es su postura con respecto a la denuncia de los tres legisladores, y Bonadío tomará su decisión en algún momento de ese mes. La movida mediática de ayer sobre el no allanamiento cae justo en momentos en que se plantea si Sbatella renueva o no su cargo por otros cuatro años y cuando debe viajar al GAFI, que está evaluando los avances argentinos en materia de lucha contra el lavado de dinero.

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