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El proceso oral que empieza a ser nombrado como “el juicio a los jueces” comenzará en febrero en Mendoza. El marco será un nuevo juicio por los crímenes de la dictadura en el que serán juzgados 41 acusados: militares, policías y, además, cinco ex integrantes del sistema judicial. Entre ellos llegará a juicio oral Otilio Romano, el ahora ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza que se fugó a Chile para burlar a la Justicia y fue extraditado en agosto del año pasado. Pablo Salinas es abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y repasa en esta entrevista algunas singularidades del debate. La presencia de los cinco acusados del Poder Judicial, entre los que hay ex jueces, fiscales y un ex defensor, mostrará en un mismo debate los distintos modos en que actuó la Justicia durante la dictadura y su modo de legitimar la barbarie.

–¿Cuál es la singularidad del juicio?

–La particularidad es que será acusado al mismo tiempo un bloque integrado por militares, policías, ex jueces y ex fiscales. Que es el mismo bloque que se ponía en funcionamiento ante cada secuestro. Después de cada operativo, una familia iba y planteaba un hábeas corpus, hacía la denuncia. Cualquier penalista podía saber que eso que estaba sucediendo era, por lo menos, un secuestro extorsivo, porque la persona no aparecía pero estas personas, en vez de investigar ese secuestro o desaparición y todos los delitos vinculados, rechazaban el hábeas corpus, con costas además de que le cobraban a la familia.

–El tema de las “costas” es conocido, pero cuando se lo menciona vuelve a impresionar, parece grotesco.

–Cuentan algunos familiares que incluso han visto las resoluciones de los hábeas corpus que se rechazaban colgadas en ganchos, como los que se usaban para la carne. Esto demuestra la poca importancia que le daban a la denuncia de alguien. Y el tema es que no sólo no investigaban los hábeas corpus, sino que esas resoluciones hoy son una prueba porque, a la vez, son una constancia de que tenían pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y no sólo eso. Cuando la persona secuestrada era llevada a la D2, por ejemplo, que era como la ESMA mendocina, para ser sometida a interrogatorios bajo tortura, jueces y fiscales tomaban esas declaraciones como válidas y le incriminaban hechos que supuestamente penaba la ley 20.840. Con esta metodología, además, legitimaban falsamente todo el proceso de detención, porque vale aclarar que todas las declaraciones firmadas así eran autoincriminatorias porque los secuestrados eran obligados a firmar lo que les ponían ahí.

–El juicio permitirá ver entonces el rol de la Justicia en ese engranaje.

–Esta es la primera vez que estará sentado todo junto el bloque que permitió que ocurrieran estos hechos del terrorismo de Estado. Siempre hemos visto esto de modo parcial. Torturadores por un lado, patotas, comando, personal del Ejército, inteligencia, policías que trabajaban para ellos, zonas liberadas y hasta reconstruimos los santos y señas entre las fuerzas. Lo que se agrega ahora a ese rompecabezas, que no se había sumado aún en ningún otro lugar del país, es la Justicia Federal. Que lleguen a juicio, en bloque, abogados y militares o policías creo que sólo pasó en Nuremberg. Los jueces del nazismo eran tipos muy preparados que le dieron un barniz legal a todas las atrocidades, porque estaban compenetrados con el pensamiento político nazi. Acá tenemos el caso de personas como (el ex juez de la dictadura Luis Francisco) Miret, del que además puede decirse que está compenetrado con el pensamiento de la dictadura. En sus clases decía, por ejemplo, que los militares vinieron a poner orden, era un custodio de esas formas.

–En todo el país hasta ahora hubo un solo juez condenado: Víctor Hermes Brusa. Se le imputan varios delitos, Brusa estuvo en los centros clandestinos. Pero no todos los jueces fueron a los centros clandestinos. Por eso se dice que el caso de Mendoza muestra los distintos modos en los que la Justicia sirvió al aparato represivo. ¿Cuáles fueron esos modos?

–Ellos tuvieron un rol que no fue menor, sino protagónico. Y, por otro lado, siempre detentaron el poder. De hecho, Romano fue jefe de la Justicia mendocina hasta 2010: el día que salió como prófugo dejó de ser presidente de la Cámara Federal de Mendoza. No sólo seguía él en la Justicia, sino que Miret, por ejemplo, era titular de la cátedra de Filosofía y Etica en la Universidad Nacional de Cuyo y el consejo directivo de la facultad lo defendió hasta la revocación. Desde esos lugares ellos se ocuparon de ensombrecer el rol que tuvieron en dictadura o de ocultarlo. Y la permanencia en la Justicia estuvo vinculada a resguardarse, a garantizar la impunidad.

–¿De ellos y de su grupo o también de los militares?

–No. De todos. Tampoco avanzaron las causas. Las plancharon. En la Cámara había más de cien expedientes planchados.

–¿Un rol similar al de Alfredo Bisordi en Buenos Aires?

–Exacto. Tenemos por ejemplo el caso de Angel Bustelo, un abogado de presos políticos, secuestrado en dictadura. Es paradigmático, porque Romano apeló su sobreseimiento pidiendo que prosiga la causa en su contra y lo acusaba de tener afiches de Comachi, que era una asociación de apoyo al Chile democrático. Es decir que le dio una cobertura legal a la patota que lo secuestró y le allanó el estudio y, años después, ya como integrante de la Cámara, decidió apartar al hijo de Bustelo de la causa cuando pide ser querellante. El accionar consistía en encontrar justificativos para darles barniz legal a las detenciones, y de esa manera garantizaban los actos del terrorismo. Legitimaban así todo lo ilegal: allanamientos, torturas, secuestros. Y lo hacían porque eran funcionales al aparato del terrorismo de Estado. De Romano hay más. Les daba validez a las declaraciones tomadas bajo tormentos. Hay unos cien hechos así. Era el fiscal federal que tenía que impedir secuestros, torturas y asesinatos y era el que en definitiva legitimaba y les daba cobertura legal a sus colegas.

–¿El resto...?

–Los delitos incluyen de todo. Omisión de no dar curso a las denuncias, omisión de actuar cuando debían hacerlo, encubrimiento del accionar del terrorismo de Estado. Romano era fiscal, el resto eran jueces: Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermao Petra Recabarren, aunque su cargo era de defensor. Carrizo atendía en la misma regional de la D2. Durante los traslados a la D2, las víctimas sufrían torturas que eran legitimadas por él. Pero, en general, entonces acusaban a los que estaban presos por diversos delitos contra la seguridad nacional. Está el caso de Alicia Morales, que la secuestran y le roban todo cuando la familia va a hacer la denuncia, Romano contesta por escrito que no se puede reclamar y que si se reclamara la fiscalía se trasformaría en una oficina de objetos perdidos.

–En estos años hubo un dictamen de Omar Palermo, cuando era fiscal, clave para repensar el rol de la Justicia en esos años.

–Fue fundamental. Cuando era fiscal recibió la denuncia del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y le dio curso. Promovió una denuncia contra unos diez funcionarios y luego el juez le dio lugar a una parte de ese pedido, que son los que ahora llegan a juicio. El dictamen fue muy importante porque fue un requerimiento serio, elaborado durante meses; si no hubiera existido a lo mejor no estaríamos en el juicio porque el poder de la contraparte era enorme.

–¿Cuál fue la clave?

–La resolución señaló la responsabilidad civil del aparato judicial: puso a los jueces y actores del sistema judicial en un rol central que señala que sin ese rol no se podría haber matado a esta persona o detenido o apropiado de los bienes de esta otra. Los organismos de derechos humanos vamos y luchamos como podemos. Y hasta ese momento, la Justicia siempre era reacia a investigarse a sí misma, como sucede en todas las corporaciones. El enemigo no era alguien que estaba jubilado ni retirado, sino un juez camarista federal que cobraba un sueldo sideral y estaba en el ejercicio del poder. Romano hoy está preso, pero en ese momento era el hombre más fuerte de la Justicia de Mendoza. En ese sentido, el dictamen fue importante pero, además, generó un antes y un después, porque luego se avanzó en el proceso contra los jueces cordobeses y catamarqueños.