El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, comenzó la temporada de vetos 2014, y el primero recayó sobre un proyecto para la expropiación de un inmueble con destino a vivienda social. Se trata del edificio ubicado en la avenida Boedo 1971, donde viven siete familias, pero que si es reacondicionado puede ser habitado por muchas más. La ley fue aprobada el 5 de diciembre por todos los bloques de la Legislatura, incluido el del PRO. “Con esta ley se le dada una herramienta al IVC para que utilice esta construcción ociosa para vivienda social, pero el gobierno de Macri no está dispuesto a resolver el problema de las familias pobres”, cuestionó, ante una consulta de Página/12, el diputado Aníbal Ibarra, quien junto a María Elena Naddeo impulsó el proyecto ahora vetado. Macri además anuló dos leyes promovidas por diputados de su propio partido (ver recuadro).

El edificio de Boedo es una construcción sin terminar, parte del tendal que dejó la constructora San Sebastián, que antes de quebrar estafó a más de 500 inversores, en complicidad con quien fue presidente del Concejo Deliberante porteño, José Manuel Pico.

El veto macrista encierra una paradoja: el edificio de Boedo 1971, cuya expropiación fue anulada, está justo al lado de otro en idéntica situación, el de Boedo 1961, habitado por 26 familias, que fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en diciembre de 2012 por la Legislatura y pasó con éxito el filtro del jefe de Gobierno. Aquel proyecto también fue impulsado por Naddeo.

Para los legisladores, este nuevo veto, además de dejar sin efecto una solución habitacional para familias en situación de vulnerabilidad, presenta “fallas sustanciales en su argumentación”. En efecto, en un párrafo de los fundamentos se dice que el inmueble “posee una superficie de terreno de 403 metros cuadrados y una superficie edificada de 352,50 metros cuadrados, resultando esas dimensiones inadecuadas e insuficientes tanto para la construcción de viviendas sociales como para la promoción de un espacio habitacional adecuado”. Para Ibarra, “es imposible que un edificio de diez pisos tenga sólo 352,50 metros cuadrados construidos; o se equivocaron de edificio o hicieron mal el cálculo.

Ibarra, junto al legislador Pablo Ferreyra (Izquierda Popular), fue anoche al edificio para analizar con los vecinos los pasos a seguir. En principio, para insistir con el proyecto en la Legislatura necesitarían dos tercios de los votos del cuerpo y es difícil que el oficialismo contradiga una decisión de su líder.

Pero además, los legisladores advirtieron que el veto podría haberse decretado fuera del plazo legal de diez días hábiles después de ser girado al Ejecutivo. Llamó la atención que en el expediente no estaría el sello con la fecha de ingreso en mesa de entradas. La ley fue sancionada el 5 de diciembre, habría sido girada el 16 de ese mes al Ejecutivo; el decreto tiene fecha del 10 de enero y fue publicado ayer en el Boletín Oficial. Hay una antecedente: el veto a la expropiación del edificio de Gascón 123 fue declarado inconstitucional por un juez, por haberse producido fuera del plazo, aunque ese fallo está apelado por el Gobierno de la Ciudad.