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Tras el aumento que en enero elevó las tarifas de las casillas de correos de 40 a 300 pesos (un 650 por ciento), el Correo Argentino, pese a su difícil situación institucional (500 millones de deuda por impago del canon) y los rumores que hablan de la anulación de la concesión, volvió a subir, a fines del mes pasado, el precio de la mayoría de las prestaciones. Del aumento (el tercero en un año) están excluidas las que integran el llamado Servicio Universal, es decir los cuatro únicos ítem que el pliego de condiciones de la privatización dejó bajo control de la Comisión Nacional de Comunicaciones. No obstante, usuarios y empleados del Correo Argentino señalan que desde que el organismo dejó de ser operado por el Estado se ha producido un progresivo deterioro en su funcionamiento, dato que ejemplifican con el tiempo de recepción de los telegramas: si antes, entre la emisión y la recepción mediaba un lapso promedio de cuatro horas, hoy está en torno de las veinticuatro o más, perdiendo así la condición de celeridad.
“El único aspecto del pliego que se ha cumplido –dicen, refiriéndose elípticamente a la abultada deuda originada en la falta de pago del canon – es el del abandono del edificio.” Es que en la actualidad, tal como se exigió, la vieja y bella mole diseñada por el arquitecto Millard sobre el modelo de los correos de Londres y Nueva York, mantiene ocupadas dos plantas. El resto está vacío y el personal ha sido desplazado a cuatro plantas del edificio Columbus, en Paseo Colón al 700, por las que Francisco Macri paga un alquiler de 120 mil pesos mensuales.
Encotel tenía hacia 1993 un administrador, un subadministrador, seis gerentes generales, una veintena de directores generales, cincuenta jefes de división y personal de apoyo. El salario del gerente general era de 5500 pesos. Con Grisanti, el presidente del directorio pasó a ganar unos 45 mil, los miembros del directorio 35 y el gerente general 25. Correo Argentino siguió con políticas similares aun cuando las amparó en el rótulo de “personal excluido del convenio”. A diferencia de sus pares tercermundistas, el presidente del correo inglés ganaba 144 mil dólares anuales (menos que un gerente argentino) pero trabajando 18 mil millones de piezas por año, con una plantilla de 239 mil empleados y 18 mil oficinas postales, una cada 8 kilómetros cuadrados. El Correo Argentino cuenta con una sucursal cada 600 kilómetros cuadrados, trabaja 500 millones de piezas por año y su dotación era de 14 mil trabajadores.
La espectacularidad de la grilla salarial no fue sinónimo de eficacia. Un ejemplo de esa asimetría, dicen los expertos, son los telegramas. A partir de 1997, Correo Argentino SA decidió cambiar los anteriores sistemas telegráficos por el STS (Sistema de Telegrafía y Seguimiento) con automatización de tareas auxiliares, especialmente en la de distribución. Paradójicamente así comenzaron a caer los estándares. Los tiempos de los “telegramas urgentes” y “urgentes colacionados” pasaron a ser mayores que los que tenían antes los “simples” y “simples colacionados”. Entre otras razones porque los mensajeros habían sido reemplazados por la actividad rutinaria de los carteros. Luego se pasó al CTT (Centros de Transmisión Telegráfica) en 22 oficinas (6 en la actualidad), lo que en opinión de los técnicos condujo a una nueva degradación del servicio por el aumento de los controles y planillas manuales. El resultado, cuentan, es que “hoy un telegrama enviado desde Tucumán a un vecino de esa ciudad se pasa a Córdoba por fax. En Córdoba lo procesan y vuelve a Tucumán vía circuito postal simple y es entregado por el cartero. La triangulación demora alrededor de dos días. Debería tener un promedio de entrega de entre 4 y 6 horas (antes era de 2). El telegrama ya no implica rapidez”.
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El primer día de 2003 comenzó a regir el aumento que llevaba el precio de las casillas de correo de 40 pesos anuales a 300. Cierto es que la medida tenía excepciones: para los jubilados, la tarifa no subió el 650por ciento sino sólo un 275. Los usuarios –en su mayor parte gente que trabaja fuera de su población– abandonaron en masa las casillas y las sustituyeron por Poste Restante, cuyo precio por carta recibida era el de dos cartas simples: 1,50. Bastó el éxodo para que, en marzo, la tarifa de Poste Restante saltara a un equivalente a seis franqueos simples: 4,50 por carta recibida. El 200 por ciento. Muchos pusieron el grito en el cielo y el ejemplo de la mayor parte de los países miembros de la UPU (Unión Postal Universal), donde el servicio es gratuito y sólo paga el remitente. La protesta creció al calor de una metida de pata garrafal: los envíos a Malvinas se asimilaron al precio de los envíos a Gran Bretaña, lo que implicaba, además de un aumento del 600 por ciento, darles a las islas el tratamiento de territorio extranjero. El revuelo que provocó entre el propio personal hizo que Correo Argentino SA diera marcha atrás.
Lo que Macri no logró evitar fue que la legisladora del PJ tucumano Stella Maris Córdoba presentara un pedido de informes que todavía duerme el sueño de los justos en la Comisión de Comunicaciones de diputados. En el texto se recordaba, como argumento fundamental para que el aumento fuera debatido en audiencia pública, la situación monopólica del Correo Argentino en varias regiones, así como que de las 6500 sucursales transferidas al momento de la concesión se habrían cerrado ya 1100 oficinas y estafetas, afectando el principio de cobertura geográfica que exigían el pliego y las normas de la UPU. Por esos mismos días se verificaron también aumentos en la mayoría de las prestaciones. Al margen del tarifazo no quedaron sino los rubros comprendidos en el Servicio Universal, cuyo precio está bajo el control de la CNC: carta simple hasta 20 gramos; telegrama simple hasta 20 palabras; giro postal hasta 1000 pesos y encomienda simple hasta 5 kilos.
Esa restricción impuesta en la adjudicación la había eludido en parte el Correo Argentino a principios de 2002 al ofrecer una versión “plus” de esos mismos ítem, sin ninguna diferencia con el servicio común. Y resultaba lógico que así fuera puesto que en el lenguaje postal la denominación “plus” es una ilustre desconocida. La creación “plus” no tenía otra finalidad que cobrar a los distraídos un poco más. “Por otra parte –se preguntaban los empleados–, si expreso es rapidez y seguridad ¿qué otra cosa puede ofrecer el plus?” Los interrogantes quedaron sin respuesta y la carta simple de hasta 20 gramos, que seguirá costando 0,75 peso mientras la CNC disponga, en la modalidad “plus” fue fijada en 2 pesos; las encomiendas comunes de hasta 5 kilos que costaban 9 pesos (regional) y 12 (nacional), en la variante “plus” treparon a 13,50 y 18,50. Al terminar ese mismo año y sin maquillaje de ninguna especie, la fiebre alcista tuvo una segunda manifestación: las encomiendas regionales pasaron a 17 pesos y las nacionales a 22.
Hace pocos días, a fines de julio y con la mayor de las discreciones, Correo Argentino produjo su última innovación: el fraccionamiento por peso, un mecanismo que permite ampliar hacia arriba el abanico tarifario. Así, la carta expresa de hasta 250 gramos que durante la convertibilidad valía 5,50 pesos y a fin del año 2002 llegó a 9,50, dejó de existir. En su reemplazo están la expreso de hasta 20 gramos a 9,25 (poco menos que lo que costaba la de 250 gramos); la de hasta 100 gramos a 11,50 pesos y la de hasta 250 gramos a 13,50. A igual descuartizamiento fueron sometidas las cartas rápidas que en la convertibilidad costaban 3 pesos y en diciembre, y hasta los 250 gramos, 5,50. Ahora, si se escribe corto, para las de hasta 20 gramos habrá que desembolsar 6 pesos; hasta 100 gramos 7 pesos y, si el remitente se desborda, el epistolario de hasta 250 gramos alcanzará los 8 pesos.
La carta certificada no zafó de la deconstrucción: en la convertibilidad se pagaba a 3,25, a fin de 2002 la era del “plus” la puso a 6,50 y de aquí en más será como sigue: hasta 20 gramos, 7 pesos; hasta 100 gramos, 8 y hasta 250 gramos, 8,50. Los técnicos hacen una reflexión que merece ser tenida en cuenta: el piso de 20 gramos aplicado a cartas simples, expreso,rápidas y certificadas es un trébol de cuatro hojas. Suele ocurrir que 20 gramos pese solamente el sobre. La carta documento tampoco escapó al efecto desregulador: bajo la convertibilidad se enviaba por 9,80 pesos; luego ascendió a 16; a fines de 2002 a 17 y desde fines de julio quien necesite echar mano de ella deberá ponerse con 19.
Ni qué decir de la correspondencia internacional. Si se aspira a mandar un sobre expreso de no más de 20 gramos a cualquier ciudadano del Mercosur, en ventanilla reclamarán 19,50 pesos; si la correspondencia se dirige a un país americano no integrante, el chiste costará 20,50 pesos; y si el destinatario habita cualquier otra región del planeta, 20 gramos de palabras serán equivalentes a 21,50. En el caso de que la prosa fluya hasta pesar 150 gramos, los valores serán, de 26,75; 27,75 y 28,50 pesos. La carta simple siempre es una alternativa, aunque nada asegure el tiempo que demorará en llegar, si es que lo hace: 10,75 pesos, 11,50 y 12,50. “Son las tarifas internacionales más caras del mundo”, se queja un viejo empleado educado en las normas de la UPU y orgulloso de su pertenencia a un servicio público. Y agrega: “Yo espero que el Presidente, que es hijo de un jefe de correos y de una telegrafista del correo chileno, ponga las cosas en su lugar”.